Europa está inhabilitada para hablar de lucha contra el racismo, la segregación o la discriminación y no puede dar lecciones sobre protección internacional, ni gestión de crisis humanitarias, mucho menos pronunciarse en favor del respeto de los Derechos Humanos sin caer en el cinismo más absoluto. Lo cierto es que esta Unión Europea lleva años avanzando hacia la deconstrucción de los conceptos de Libertad, Democracia y Derechos Humanos sobre los que se fundó. Y, al igual que Trump, lo ha hecho en pos de la “seguridad”.

Me resultó muy sorprendente que el primer líder europeo en solicitar “firmeza” a la UE frente a las políticas racistas del mandatario estadounidense fuese el presidente francés, François Hollande. Es preciso no olvidar que fue su antecesor, Nicolas Sarkozy, quien ejecutó en 2010 los planes de expulsión de todos los gitanos que vivían en “situación irregular” (un proceso de deportación ilegal que recibió las críticas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de muchas otras más instituciones).

Se naturalizaba y se daba cobertura legal a una iniciativa xenófoba y discriminatoria que criminalizaba a un individuo por su pertenencia a una etnia o confesión determinada, produciéndose una situación que chocaba frontalmente con el derecho comunitario y la normativa internacional, pero que, sin embargo, se codificaba en la normativa interna, sin que ningún resorte del derecho europeo pudiera evitarlo. Europa retomaba aires de aquella Italia de Berlusconi en la que los llamados “planes de seguridad”, amparados bajo el argumento de frenar la amenaza para la seguridad nacional, supusieron la puesta en marcha de una “legislación de emergencia” que propició la expulsión de unas 12.000 personas del pueblo calé.

Hollande siguió por el camino marcado por Sarkozy y obligó en el 2013, año de la culminación de esta política discriminatoria, a salir del país a cerca de 20.000 gitanos de origen rumano y búlgaro. Se les expulsó sin respetar uno de los principios fundamentales que inspiraron la construcción de Europa: el derecho a la libre circulación. Un casi desconocido Manuel Valls (socialista y de origen español) afirmó entonces que los gitanos no querían integrarse en la sociedad y que, en consecuencia, debían ser deportados. Hubo pronunciamientos tibios de la Comisión Europea o del Consejo de Europa; el resto de países miembros, España incluido, mantuvieron un vergonzoso silencio.

Tampoco se libra una Alemania que, en su batalla contra el terrorismo internacional, amenazó con expulsar a los musulmanes de su país. La excusa, de nuevo, la seguridad nacional. En la actualidad, la UE acaba de firmar un acuerdo con Afganistán (país sumido en el terror y la violencia) para que Alemania pueda deportar a ciudadanos afganos, a personas que huyen del horror, personas a las que se les deniega protección internacional y se las condena a vivir bajo la amenaza de bombas y ataques terroristas. Da igual que mueran allí: no lo vemos y, en consecuencia, no nos afecta.

Los partidos tradicionales de la UE, desgraciadamente inmersa en el auge del neofascismo, han girado hacia políticas del miedo, la miseria humana y la crueldad. Compiten con el horror adoptando el horror, dejándonos una Europa, tal vez, más cruel que los Estados Unidos que se esperan de Trump. Este invierno, en la ola de frío más importante de los últimos tiempos, hemos abandonado a su suerte a miles de niños y niñas en el gélido barro. En el 2016 batimos el récord de muertes en el Mediterráneo con más de 3.700 personas que buscaban refugio, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y nuestra obsesión por construir muros ha contribuido a que los macabros beneficios de las empresas del sector de seguridad (vallas, concertinas, alambradas, etc) se hayan disparado. Hemos tenido hasta a nuestro propio Aylan en las costas andaluzas. El resultado es una Europa encarcelada en sí misma, que asiste indolente a la destrucción humana y a su autodestrucción como proyecto democrático. Europa, realmente, sólo usa a Trump para tapar sus propias vergüenzas.