Es evidente que la gestión de las empresas públicas suponen el talón de Aquiles para nuestros gobernantes. Una regla de oro para que estas empresas prosperen, es buscar el objetivo, no solo del beneficio, sino el de garantizar un derecho para poder ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. Los datos y la historia certifican que el Estado deja de arrojar beneficios, genera ineficiencias, pérdidas y finalmente deja de proveer de manera eficiente ese producto o servicio. Y todo esto sucede porque el dinero que se gestiona es público, con lo cual el despilfarro del mismo está asegurado.

Ejemplos claros los tenemos en Renfe y Correos, ambas son compañías que no solo arrojan beneficios, ya que sus grandes pérdidas y gastos están sufragados con los impuestos de todos los ciudadanos. No hace falta ser economista, ya que la lógica del mercado marca que, si no se resuelve bien a un buen precio, la necesidad que se intenta cubrir, en este caso las empresas públicas, no obtendrán el beneficio y con el tiempo desaparecerán y tendrán que ser privatizadas.

Supuestamente las empresas públicas están para solventar fallos en los mercados en la provisión de bienes públicos o estructuras de monopolios naturales. Sin embargo, el proceso de la liberalización de los mercados y los problemas asociados a su gestión, ponen en cuestión su idoneidad para cumplir los objetivos marcados, como por ejemplo, la red de alta tensión en el sector eléctrico. Existen evidencias de que la empresa pública sufre de exceso de empleo produciendo bienes para lo que no existe demanda alguna, distorsionando de esta forma la localización de actividades productivas por razones de conveniencia política.

Se tendrían que asumir retos como empresa pública, como por ejemplo la definición de propietario dentro de la administración, mejora de la transparencia tanto de los objetivos marcados como el resultado de las mismas fortaleciendo y dando capacidad de decisión a los gestores y consejos de administración, introducción de incentivos con remuneración basándose en los resultados, aislar de la influencia política al consejo de administración y gestores.

Nuestros gobernantes se deberían regir por las directrices que la OECD publicó en el año 2005 sobre el gobierno corporativo, este documento agrupa las prácticas de un buen gobierno bajo seis áreas generales estrechamente relacionadas. Estas directrices de buen gobierno para las empresas públicas, constituyen un punto de referencia adecuado. Deja bien claro que la empresa pública deberá estar claramente separada de la función de regulador del mercado en el que opera o de fijación de objetivos de la política industrial, así como de otras entidades dentro de la administración, que puedan ser clientes o proveedores de la empresa para evitar potenciales conflictos de intereses.