Con el Fondo Social de Vivienda, las familias que han perdido sus casas tendrán a su disposición 6.000 viviendas de alquiler a precios bajos. Podrán ser alquiladas por dos años por un alquiler social de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. De estas viviendas se podrán beneficiar aquellos ciudadanos que hayan sufrido un desahucio a partir del 1 de enero de 2008.

La firma de este acuerdo es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad para responder a una demanda social de primer orden. Se trata de un esfuerzo compartido y solidario entre el Gobierno, administración local, tercer sector y el sector financiero para que las familias que han perdido sus casas tengan una segunda oportunidad.

Para evitar nuevos desahucios, el Gobierno ha paralizado durante dos años los desahucios de las familias más vulnerables. Esta medida se tramitó de forma urgente para familias con niños y dependientes a su cargo, deudores sin ingresos o que hayan sufrido una alteración significativa de sus condiciones económicas.

Además, el Gobierno abordará otras reformas contra los desahucios en diálogo con todas las formaciones políticas. El establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas. Se estudiarán medidas preventivas para evitar abusos y sobreendeudamientos.