- En repetidas ocasiones he manifestado públicamente mi indignación por la introducción en el debate político de temas considerados muy delicados.

En esta ocasión, centraré mi reflexión de hoy en el debate iniciado por Caballas como consecuencia de la elección del procedimiento de urgencia para el suministro de material esencial, chalecos antibalas, para la protección de la integridad física de los miembros de la Policía Local de Ceuta, agentes que tienen encomendada, entre otras muchas labores, velar por la seguridad de todos y todas las ceutíes, sin exclusión alguna. Por cierto, un procedimiento de urgencia contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público.

Es momento de plantearse cuales son los motivos reales que han llevado a los dirigentes localistas a olvidar los terribles atentados del pasado mes de enero en París y Copenhague, las detenciones en nuestra ciudad de presuntos terroristas yihadistas, viajes a Siria e Irak, inmolaciones de ceutíes en tierras lejanas así como, nuestra cercanía a una localidad considerada como el principal foco de captación yihadista en el norte de Marruecos. También deberíamos plantearnos cuales son los motivos reales que han llevado a los portavoces de Caballas a obviar una de las primeras medidas que deben adoptar los responsables políticos y policiales cuando la alerta terrorista alcanza el nivel 3, un punto por debajo del máximo existente, dotar a los agentes de más y mejores medios.

Es cierto, algunas de las unidades de la Policía Local disponen de chalecos antibalas, pero también es cierto, que dicho material no alcanza a la totalidad de unidades que actualmente integran este cuerpo policial. Por tanto, no puede existir debate alguno respecto a la necesidad de dotar de estos elementos protectores a la totalidad de policías de nuestra ciudad. De la misma forma, que no puede existir debate alguno respecto a la modalidad contractual elegida siendo conscientes de las circunstancias excepcionales actualmente existentes respecto a los peligros inminentes del terrorismo yihadista. En definitiva, la responsabilidad debe prevalecer en la acción política y sindical, no todo está permitido, y mucho menos, cuando esta puede afectar a la seguridad de las personas. Insensatez política o deslealtad sindical, tanto monta, monta tanto.