Según el CIS, el 2´9 de la ciudadanía española considera que la inseguridad está entre los principales problemas del país. Es una propuesta de Ley innecesaria que pretende, a raíz de la intensa actividad de los movimientos sociales, generar el miedo en quienes quieran ejercer su derecho de manifestación. Resulta llamativo que esta Ley se centre en la prohibición de las protestas ciudadanas convocadas para exigir al gobierno la defensa de la educación y sanidad pública, o la lucha contra el desempleo y la corrupción. Asuntos que preocupan verdaderamente a las y los españoles.

Esta Ley prevé en su articulado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (FCSE) tengan una gran capacidad de actuación en base a meras sospechas respecto al comportamiento de la ciudadanía. De esta manera se da espacio a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. Estos cuerpos podrán actuar de manera preventiva siempre que ellos mismos consideren que existe riesgo o peligrosidad, pudiendo intervenir en distintos ámbitos, simplemente mediante aviso verbal, y teniendo potestad para exigir identificación documental; realizar registros; establecer zonas de seguridad; organizar controles y comprobaciones; disolver reuniones, manifestaciones o espectáculos y actividades recreativas.

De esta manera, a causa de la inconcreción en los supuestos establecidos por la norma para amparar la actuación policial, el/la ciudadano/a se encontrará en un estado constante de indefensión al no ser capaz de ajustar su comportamiento ante las actuaciones sancionables por Ley, por no ser éstas objetivamente recogidas en el texto legal.

Además, se da la novedosa circunstancia de que el personal de seguridad privada será parte de la perspectiva integral de seguridad pública, situándolo en un nivel de acción similar al de los cuerpos policiales y autoridades públicas. De esta manera, la custodia del espacio público quedará supeditada a intereses empresariales y de un personal sin suficiente cualificación, y que carece de sentido de deber hacia la ciudadanía puesto que a quien se deben es a su empleador.

Es una Ley Mordaza para silenciar derechos fundamentales y una ley con sanciones desproporcionadas.

Nuestra libertad es robada. Nuestra libertad es silenciada por un Partido Popular que no vela nada más que por sus intereses.