En primer lugar expresar la gravedad de lo sucedido respecto a este tema, que afecta a las arcas municipales, al erario público municipal y por tanto a toda la ciudadanía de Ceuta. Nuestra ciudad ha sido perjudicada y quien tenía la obligación de defender los intereses legales y su aplicación, era el Gobierno local con su Presidente a la cabeza. Se han producido presuntos errores de gasto y contabilidad notables, quedando malparada la gestión oficial, detrás de la cual están presuntamente los responsables políticos mencionados.

Está bien reconocer errores en la intervención del Presidente, pero como decía el Secretario General del PSOE, José Antonio Carracao, esta comparecencia no ha sido por voluntad propia del Presidente. A lo anterior hay que añadir las descalificaciones graves que Carracao tuvo que padecer, por los representantes políticos del Gobierno y del propio ejecutivo. Gracias a su valentía, honestidad y decisión llevando el tema al terreno judicial, ante la falta de explicaciones iniciales del Presidente, este caso está siendo enfocado, para que la opinión pública pueda también ser participe de un modo pormenorizado sobre lo sucedido.

Son millones de euros de los que estamos hablando que reclama la ciudad y que se han gestionado mal. Como decía el representante socialista el tema no se resuelve pidiendo disculpas, sino dirimiendo responsabilidades, puesto que el Presidente ha actuado presionado por los grupos de la oposición. Es necesario que José Antonio Carracao continúe con tenacidad y equilibrio, desarrollando sus obligaciones de oposición, profundizando en todos los matices y aspectos como los gastos de explotación y el pago del IPSI. Es importante que junto al resto de la oposición contribuya al definitivo esclarecimiento del caso y se depuren responsabilidades, porque la Comisión de Investigación está para servir a todos los ciudadanos de Ceuta .

Entrando en el tema del problema territorial, que en estos momentos afecta a nuestro país, sin duda, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno y España se enfrentan a tres problemas fundamentales actuales, el político, el económico y en el que nos vamos a detener, el territorial. La celebración de la Diada con la cadena independentista, ha aumentado la intensidad de las luces rojas del independentismo en Cataluña.

Es un asunto serio, pero que no se ha puesto en evidencia en estos días, llevamos una serie de años en los cuales se han producido graves desencuentros, donde las actitudes de determinados grupos políticos en Cataluña, especialmente Convergencia y Unión, así como Izquierda Republicana, no han favorecido situaciones de encuentro, alimentando esta espiral determinadas actitudes legitimas, pero a mi modo de ver intransigentes por el Partido Popular y la Política de “Avestruz” a la que nos tiene acostumbrado el proceder del Sr. Rajoy.

Al Presidente del Gobierno le suelen salir bien sus tácticas de silencio, inacción con determinados problemas que son notorios a nivel interno, como sucede en el caso Bárcenas, el retraerse para que las dificultades se solventen sin implicarse directamente, así como en el caso de otros problemas dentro de su partido ocurridos en la anterior legislatura. Pero el que le salgan bien a él no quiere decir que los resultados sean buenos para España. En estos momentos me preocupa la actitud del Presidente, porque al margen de la serenidad, el equilibrio y la carta de respuesta, tiene que producirse una iniciativa decidida y agotar todas las posibilidades de diálogo que la democracia y su posición le puedan permitir.

Mencionaba anteriormente determinadas actitudes, aunque legítimas, del Partido Popular, como sus recursos inconstitucionales sobre el Estatuto Catalán, que dilataron y empeoraron el estado de salud de las relaciones de Cataluña con el resto del Estado. Si a ello unimos el problema de la no aceptación del Pacto Fiscal, son actuaciones que han provocado el que se destara con más virulencia el sentimiento antiespañol, por determinados sectores del independentismo catalán.

Pienso que no está todo perdido. Es cierto que el Gobierno debe mantenerse sereno y defendiendo la Constitución, pero es necesario el ingenio, el arrojo, la necesidad de dialogar sin forzar la legalidad, pero sì agotando sin descanso, con tenacidad, entusiasmo y sin dejar un momento la puerta abierta al pesimismo. Se impone el diálogo, la democracia, el consenso y la Constitución.

El Gobierno es el primero que debe tomar la iniciativa, explorar y dialogar viendo las posibles salidas que no nos lleven a la secesión de esta Comunidad Autónoma del territorio español. Es cierto que hay sentimientos independentistas que son obvios, algunos de ellos potenciados por la propaganda interesada de determinados grupos políticos, que también son legítimos; pero también es cierto que hay un alto porcentaje de catalanes que desean seguir perteneciendo a España.

Ese diálogo no puede estar al margen del principal partido de la oposición, el Partido Socialista y por supuesto con el acompañamiento del mayor número de grupos del arco parlamentario. No es la primera vez que lo manifiesto, pero el Gobierno también debe escuchar las propuestas y pensamientos del PSOE, que es un partido nada sospechoso de no apostar por la unidad e integridad de España. No tengo más remedio que volver a plantear la necesidad de un pacto de Estado, porque las ideas del Partido Socialista pueden enriquecer el diálogo y conseguir acercar posiciones con los nacionalistas catalanes.

No es necesario olvidarse de la Constitución, pero la “Carta Magna” también puede ser mejorable, para que podamos estar integrados todos con las singularidades y peculiaridades culturales, económicas y políticas, que no supongan discriminaciones de unos españoles sobre otros. Aquí me estoy refiriendo a la posibilidad de estudiar la propuesta de un Estado Federal, que ya planteó el Partido Socialista, que podría favorecer con un diálogo abierto y decidido plantear todas las alternativas que nos hagan salir del túnel y donde nadie se sienta incómodo.