El gobierno de la ciudad, por boca de su portavoz, ha expresado su acatamiento y respeto a la resolución judicial hecha pública en estos días respecto de la consejera de presidencia, pero, al mismo tiempo, ha puesto el asunto en el momento temporal en el que nos encontramos, es decir, sin fecha de juicio y, por supuesto, sin sentencia que arroje una decisión judicial sobre los hechos analizados.

hoy por hoy, lo único que consta es la entrega a la causa de la estabilidad de Ceuta de una persona que se llama Mabel Deu

Igualmente, el portavoz, ha hecho alguna consideración subjetiva, pero no carente de interés, respecto de los momentos en los que se actuó y la motivación, aspectos ambos, no de menor rango y, en cualquier caso, muy lejos de suponer un acto de inmovilismo del Gobierno sobre este asunto. Apoyar a la consejera en lo referente a su trabajo para defender el interés general de los ceutíes, es lógico, debería parecer obvio y lo contrario sería una incoherencia injustificable. Definir los sucesos de mayo del año pasado, como algo excepcional no parece descabellado, salvo para los que no se hayan enterado bien acerca de lo que ocurrió en Ceuta. Que la ingente cantidad de personas que invadieron el suelo español sin derecho a hacerlo produjo un colapso de todos los servicios públicos, no debería sorprender a nadie y que desde los servicios de la ciudad se pidiese al Estado una solución, debería ser algo plausible, no censurable.

También es lógico que, tras alguna denuncia, el poder judicial indague acerca de si se respetaron los procedimientos legales para dar una solución al problema y que la justicia, tras la culminación de las oportunas fases alcance un veredicto que establezca la verdad jurídica, que el gobierno respeta y respetará y acata y acatará.

no juzgar antes el ánimo del gobierno cuando dice que lo que se hizo, se hizo de buena fe, porque eso no contradice para nada el auto de la señora juez, sino sólo señala una intención

Pero hay hechos que son incuestionables, más allá de los aciertos o errores técnicos en medio de aquellos momentos de inevitable confusión y perplejidad: Que el Gobierno de la Ciudad no podía conformarse con un estado de angustia permanente y apeló al Estado para que interviniese. La Ciudad de Ceuta señaló un convenio aprobado por las Cortes Generales, pero no podía imponer ningún procedimiento sumario. Fue el Gobierno de España el que entendió que utilizar ese instrumento de colaboración con Marruecos era el medio de ir dando respuesta a la delicada situación de la ciudad. Ceuta pidió y obtuvo respuesta.

Sobre las formas es, al parecer, sobre lo que se está investigando por parte de la Fiscalía, no sobre el fondo y la cuestión a dirimir está en ese adjetivo que determinará algún día si se sobrepasaron los límites de la ley de un modo determinante, es decir, grosero. Pero hoy por hoy, lo único que consta es la entrega a la causa de la estabilidad de Ceuta de una persona que se llama Mabel Deu.

Pero, afortunadamente, esto es una democracia, y nadie puede ser condenado por tribunales populares.

Todos tendremos que esperar a que la justicia termine su trabajo y no juzgar antes el ánimo del gobierno cuando dice que lo que se hizo, se hizo de buena fe, porque eso no contradice para nada el auto de la señora juez, sino sólo señala una intención. Y, además, tratándose de convenios, de asuntos de cooperación entre países y entre administraciones, siempre se ha invocado ese principio, porque si nadie se fiase de nadie, si se prejuzgasen las intenciones de los otros, nunca se alcanzarían pactos, ni consensos ni se establecerían convenios y, dese luego, se acabaría la cooperación entre administraciones, avocando a los ciudadanos al caos.

Pero, afortunadamente, esto es una democracia, y nadie puede ser condenado por tribunales populares.