Los menores tutelados por la Administración, supuestamente son víctimas de redes de prostitución. Solemos escuchar que son casos aislados, que estos centros funcionan bien y al tratarse de casos excepcionales se tiene que estar investigando, pero si a esto le añadimos la falta de medios en los servicios de protección, es hora de empezar a debatir que está pasando.

Estos centros deberían de ser un recurso excepcional, la última opción, pero estamos viendo con frecuencia que es justo al revés. Debido a un sistema que permite a la Administración (no a un juez) declarar el desamparo, tratándose de la solución más fácil, en lugar de dedicar todos los esfuerzos a ayudar a las familias para recuperar al menor.

Estamos faltos de un sistema de protección que crea en la prevención de la mayoría de estos menores, no tendrían que ser arrancados a sus familias como está sucediendo, el tiempo que pasan en estos centros tienen consecuencias gravísimas para ellos. No se entiende porqué la Administración prefiere gastarse más de 4000 euros al mes llevándolos a un centro, en vez de dedicar ese mismo dinero a ayudar a esas familias y ofrecerles más recursos.

Es hora de cambiar el sistema aunque no interese a algunos, ¿por qué existen tantos juzgados de violencia de género para mujeres maltratadas y no juzgados para proteger a estos menores de ser separados de sus padres? en toda Europa es un juez quien decide si unos padres pierden la custodia de sus hijos, pero en nuestro país hacen lo que les viene en gana.

La falta de recursos y la ocultación de datos, hace muy difícil luchar con una realidad que ocurre en casi todas las comunidades autónomas, supuestamente la captación de menores por redes de prostitución solo se podría combatir con prevención, con el compromiso verdadero  y de falta de voluntad de los políticos que nos gobiernan.

Sin ir más lejos un informe de UNICEF publicado en el año 2017, donde se entrevistaban a más de 300 responsables educadores y menores, se alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida en las siete de las nueve comunidades autónomas analizadas. Aunque no se quiso especificar en cuales, bien se puede decir que desde la entrada de la Ley Orgánica del Menor en el año 2015, hubo una pequeña transformación del sistema de protección; esto no fue suficiente ya que la partida presupuestaria dotada para este fin no fue lo bastante contundente para que esto funcionara, de hecho siguen existiendo problemas de financiación y de recursos en el sistema de protección.

Con esto lo único que se ha conseguido, es la destrucción de servicios clave para la protección de estos menores, como educadores de calle, o programas de vida independientes, una gran alternativa para jóvenes que rechazan la institucionalización que vivían a cargo de monitores especializados en pisos y albergues.

Por ello lanzo este SOS donde denuncio la falta de profesionales para poder hacer seguimientos a los niños y adolescentes tutelados.

Que estos profesionales responsables de estos menores tengan la formación suficiente para atenderlos.

No se les proporcionan las horas suficientes a las familias para visitar a sus hijos.

Las cifras de niños y niñas tutelados no dejan de ascender y los casos que tienen la suerte de llegar a los juzgados son cada día más, dando lugar a que jueces y fiscales no tengan las herramientas idóneas ni tiempo para poder atender tantos casos.