Aunque el acceso a la salud es un derecho fundamental para todas las personas, existen diferencias escandalosas y un ejemplo claro lo tenemos en Ceuta, donde a los políticos se les llena la boca con discursos sobre el Día Mundial de la Salud. Se les debería quedar grabado a fuego que el derecho a vivir dignamente es inherente al ser humano y el acceso a una atención sanitaria de primera calidad es un derecho, sea cual sea su situación social.

Se supone que nuestro país es un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, hoy la situación que sufren buena parte de los ceutíes no responde ni a la justicia ni a la igualdad, el escenario de nuestra urbe tanto en lo económico, lo social y sanitario se ha cronificado en las últimas décadas y empeoró durante la pandemia, siendo insuficientes los esfuerzos realizados por el Gobierno de la ciudad en materia de sanidad.

Estamos perdiendo calidad democrática ante los ojos de cualquier observador, la corrupción de Transparencia Internacional nos coloca en el puesto 34 entre 180 países y en el número 14 dentro de la propia UE, esta pérdida es fruto del escandaloso estatus de corrupción en las más altas esferas políticas. Hay que dejar claro a todos los usuarios tienen la obligación de defender nuestra sanidad, que no basta con protestar desde casa, hay que salir a la calle y manifestarse pacíficamente para lograr que Ceuta tenga a los mejores profesionales.

La pasada pandemia fue la excusa para ir privatizando y terminar de deteriorar la asistencia primaria, la cual es la piedra angular de nuestro sistema sanitario y si Atención Primaria no funciona, el resto tampoco. La sanidad privada no se puede convertir en una obligación por la insuficiencia de medios en la sanidad pública, se debería reforzar la asistencia pública aportando más financiación, contratando a más profesionales especialistas, de esta forma el gasto sanitario disminuiría muchísimo dando lugar a que las listas de espera bajen.

Corremos un peligro y este es inminente, ya que no se tiene capacidad de respuesta a las muchas jubilaciones de profesionales que se van a producir en los centros de salud. Hay que preocuparse de un recambio generacional inexistente. Siempre escuchamos hablar de recortes en la sanidad, pero los altos cargos del funcionariado disponen de un seguro privado y gratuito, lo cual implica mantener a casi dos millones de personas fuera de la sanidad pública. Pero debido a la selección de riesgos y las edades de las mismas, este sistema es ineficiente. Esos cerca de 5.500 millones destinados a tal fin serían una tabla de salvación para la pública, pero el ministerio prefiere regalárselos a unas cuantas empresas privadas para hacer negocios y así de camino, pagar favores.