José Antonio Carbonell Buzzian
José Antonio Carbonell Buzzian
José Antonio Carbonell Buzzian

El mundo de la seguridad privada con sus ramificaciones, entre las que se encuentran vigilancia, alarmas, transporte de fondos, protección personal y control de accesos y eventos. La realidad de este sector es que cada vez está más presente en nuestro día a día, a todos los efectos, complementando las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hay que dejar bien claro que la seguridad pública es reactiva, o sea la que actúa y la privada es preventiva en un ámbito en particular.

Esta industria ha ido ganando nuevos espacios en cooperación con la seguridad pública, tal y como podemos comprobar en controles de acceso a instalaciones de ámbito público, en vigilancia del perímetro de prisiones o en aeropuertos. Esto no significa la privatización de los servicios públicos porque, entre otras cosas, el ejercicio de la seguridad privada está controlado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por las autonómicas que tengan estas competencias asumidas, siempre subordinadas a sus instrucciones.

Debo dejar bien claro, que a las administraciones públicas, en definitiva, les sale más a cuenta, subcontratar algunos servicios de vigilancia y control para que sus policías, en cuya formación se invierten más recursos, puedan dedicarse a la actuación policial propiamente dicha. Esto no solo está sucediendo en nuestro país, sino en la mayoría de los gobiernos de Europa. Otro factor que se decanta por este sector, es el tecnológico que está propiciando nuevos servicios como es la ciberseguridad.

La estabilidad de esta industria de la seguridad, con la Ley de Contratos del sector público que regula la adquisición de servicios de seguridad por parte de la administración, ha conseguido que este sector haya ido creciendo de forma moderada y que los propietarios de dichas empresas estén facturando muchísimo dinero, pero que no se ve reflejado en el sueldo de los profesionales que tienen trabajando para ellas. Actualmente se está en el modelo de transición de empresas de seguridad 2.0 donde el valor de la protección pasa por el uso prioritario de la inteligencia artificial.

La desidia y lo poco valorados que son estos profesionales de este sector hace de ellos una víctima interesante para muchos empresarios sin escrúpulos que abusan de un modo estratosférico porque saben que las leyes en nuestro país no se cumplen. Profesionales que hacen jornadas maratonianas, con sueldos indignos, incapaces de llegar a fin de mes a cambio de jugarse literalmente sus vidas, que poco importan a estas compañías que se hacen de oro.

A día de hoy no existe ningún partido político que haya mostrado interés en este gran colectivo. Si lo hubiese, lo primero que debería hacer es que salga de una vez el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, ya que se encuentra metido en un cajón cogiendo polvo, este aportaría las directrices idóneas para que este gremio pudiera llevar a cabo su trabajo con total destreza, estableciendo mayor claridad y transparencia, lo que reduciría la ambigüedad y fomentaría la responsabilidad en la industria de la seguridad privada.