En las últimas semanas hemos podido constatar una profunda conversión en los planteamientos de algunos miembros del Ejecutivo social-comunista, que han hecho saltar las alarmas en diferentes sectores de nuestra sociedad: medios de comunicación, organizaciones empresariales y sindicales, expertos en diferentes áreas del conocimiento, partidos y exdirigentes políticos. Desde ex presidentes del Gobierno como Felipe González, pasando por exministros socialistas como José Luis Corcuera o Miguel Sebastián, periodistas de reconocido prestigio como José María Anson o prestigiosos profesionales de la sanidad como Rafael Matesanz.

De entre todos ellos compartiré, en primer lugar, por su sensatez, la advertencia de Felipe González, ex presidente del Gobierno: “Si durante el diálogo, algunos socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas de juego con la UE, se están autoexcluyendo y el Gobierno no puede ni debe tolerarlo”. Y, en segundo lugar, las recomendaciones del fundador y ex director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, quien sugería la necesidad de tener criterios científicos en la elección de los expertos integrados en el “Comité de Expertos” y no solo criterios de condescendencia.

No me cabe ninguna duda de que, en los peores momentos de nuestra historia democrática, el sentido de Estado característico de los dirigentes políticos de  épocas pasadas ha dado paso a criterios exclusivamente ideológicos muy alejados de aquellos en los que primaban la coherencia y la responsabilidad. Y es en este punto donde debo destacar las decisiones que han marcado hasta el momento la gestión del Gobierno social comunista en el camino sin regreso hacia el bolivarianismo chavista.

En primer lugar, la decisión de silenciar las informaciones críticas con la gestión de la crisis del Covid-19 en los medios de comunicación estableciendo un sistema de filtrado y selección previa de las preguntas, que impedía a los profesionales de la comunicación preguntar libremente. Un ataque sin precedentes en democracia hacia un derecho fundamental incluido en nuestra Constitución al que respondieron, cientos de periodistas, firmando un manifiesto titulado "La libertad de preguntar”, en el que denunciaron la censura impuesta por el Ejecutivo social-comunista.

Y, en segundo lugar, el hecho de aprovechar la excepcionalidad del Estado de Alarma para premiar a sus acólitos: desde la aprobación por decreto de la designación del vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión de Control del CNI, hasta el nombramiento de 23 nuevos altos cargos en la estructura del Gobierno cuando nos encontramos con las peores cifras tanto de desempleo como de déficit público de nuestra historia democrática. En definitiva, España camina peligrosamente hacia el bolivarianismo chavista que ha llevado a la ruina socioeconómica a países como Venezuela, Bolivia o Argentina.