- Que un político llame a otro “mentiroso”, “corrupto”, “sinvergüenza”, etc., ya resulta “normal” a los oídos de los ciudadanos.

Un lenguaje que podría sonrojar a políticos y ciudadanos del norte de Europa, nada acostumbrados a palabras tan duras, muy alejadas de su universo político-social e ideario ciudadano.

La espiral en la que se mueven los políticos no sólo tiende a acomodarse en un lenguaje sucio y nada beneficioso para la sociedad a la que se deben, sino que también han construido mecanismos para protegerse de quienes puedan resultarles ofensivos, ya no sólo entre ellos, sino que también puedan servirles para protegerse de aquellos ciudadanos de a pie que puedan mostrar descontento mediante críticas escritas o verbales o bien mediante otros medios que sus recursos puedan permitirles. Han construido “dictaduras” y han establecido “tribunales”, con suficiente capacidad para castigar y perdonar. Dentro de ese universo han establecido un orden, y todo aquel que no lo acepte sólo tiene como opción el alejarse o permanecer bajo la amenaza del castigo o de no ser favorecido con nada.

La permanencia en el poder produce “olvido consciente”, sobre todo a la hora de pensar que están al servicio de los ciudadanos y que por su cargo quedan expuestos a la crítica y a la fiscalización permanente. Derecho inalienable de todos los ciudadanos. Pero ese es un pensamiento incómodo, un elemento “ofensivo”. Contra eso únicamente construyen puentes de castigo, no conocen más camino que la penalización del contrario. Se constituyen como auténticos carceleros. Es la mentalidad, esa que sólo busca hacer reos, y que nunca establece o favorece espacios de participación. Y esto no es sólo a nivel local y provincial, sino también a nivel nacional, cuya política no es otra que reforzar el código penal, es decir, más castigo. De ahí que España tenga una de las poblaciones penitenciarias más altas de Europa. Prima el castigo. Tanto como que cualquier cosa que no suene bien a sus oídos es respondida con aquello de: “lo pasaremos a servicios jurídicos”. No les cuesta nada.

En aquellos países con mayor nivel de atención social resulta difícil oír hablar de “ayuda”, una palabra que trasladada al ámbito de la dignidad de las personas puede resultar ofensiva; sin embargo, en Ceuta es muy común a la hora de referirse a la necesidad de atender personas con dificultades. Casi es mejor hablar de atención social, y no de ayuda social, pues todo ciudadano tiene derecho a ser atendido conforme a su dignidad como persona y como miembro de la sociedad a la que pertenece. Subyace en esa política social una endémica y ruin forma de trasladar la idea de la “ayuda”, como si la misma fuera una gracia del político de turno, estableciendo de este modo la pirámide “benefactor” – “indigente”.

Ver y aceptar que aún hoy día existan barrios como el Príncipe, por no citar otros con perfil parecido. Ver y aceptar que en todos estos años no se hayan establecido estructuras económicas para abandonar el cordón umbilical de los préstamos de los bancos. Ver y aceptar que se siguen tomando decisiones sin atender el dolor que puedan producir en la sensibilidad de los ciudadanos. Ver y aceptar que no exista la menor intención en ofrecer cuentas a los ciudadanos sobre los gastos de políticos y funcionarios en sus viajes de representación y tantas otras cosas, hacen de esta ciudad un enclave único. Una ciudad como ninguna. Una ciudad que merece posicionarse como la más necesitada en cuanto al modelo de gestión que propugna C´s: los políticos y los funcionarios se deben a los ciudadanos.

Bastará a cualquier turista una simple mirada a la frontera para comprender que lo que Ceuta vende en Fitur es irreal. Le bastará también leer periódicos y ver programas de televisión para entender que ese stand galáctico esconde vicios ocultos. ¿Cómo puede ofrecerse una ciudad al mundo con ese bagaje de violencia, de lucha por la vida, con datos sobre educación que sobrecogen a cualquiera y con datos sobre paro y falta de porvenir que atormentarían a las almas más frías? Los turistas conocen bien sus destinos, y a más alto nivel cultural, mayor prospección del destino y mayor exigencia. No decimos no a Fitur, pero entendemos que la participación y orientación debe ser otra, y bien distinta.

Vemos también que ya se premia a nuestros jóvenes para que se vayan fuera, incluso con importes y condiciones que sonrojan. Habría que ver cuánto gasta un político en sus viajes frente a lo que pretenden darles a los jóvenes por irse.

Es empezar y no terminar. Desde C´s queremos trasladar nuestro convencimiento de que las cosas pueden hacerse mejor, atendiendo en todo momento el interés general, el interés de los ciudadanos. Habría que crear un gabinete de Garantías Ciudadanas, para que los ciudadanos también puedan decir aquello de: “lo pasaremos a servicios jurídicos”. Es lo justo.