Que la Asociación Pro Guardia Civil de Melilla celebrase, “amargamente” el miércoles de la semana pasada una sentencia del Tribunal Supremo en la que exculpaba a un buen número de guardias acusados de delitos tan graves como, “homicidio imprudente, lesiones, denegación de auxilio y prevaricación”, demuestra que no han quedado plenamente satisfechos.

A esta sentencia habría que sumarle la de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que avaló las llamadas ‘devoluciones en caliente’ realizadas en Ceuta y Melilla durante esos días. La decisión de los 17 magistrados que conforman esta sala avaló el procedimiento de devolución y expulsión de dos subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014. La sentencia, contra la que no cabe recurso, exime al estado español señalando “la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que le hubiera permitido recurrir la expulsión”.

Pues bien, aun así, que las asociaciones pro y de la guardia civil no estén plenamente satisfechas a pesar del espaldarazo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) y el Tribunal Supremo a las actuaciones llevadas a cabo por este cuerpo en las respectivas fronteras estos días me parece algo lógico y normal. Es lógico porque…, quién y cómo compensarán a estos funcionarios del escarnio sufrido, del juicio mediático al que fueron sometidos, de la incertidumbre creada, del temor a las consecuencias de las gravísimas acusaciones que se cernían sobre el futuro de ellos, del padecimiento de sus familias… Sólo cabe esperar que todo esto que, lamentablemente, ha pasado no se quede aquí; existe la obligación del Estado de reparar la honorabilidad de estos servidores públicos y que lo haga lo antes posible.

Ahora le ha tocado a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Mabel Deu. Dos representantes políticas con responsabilidad en dos administraciones distintas, como distinto es su color político, llamadas a declarar por la fiscalía por un presunto delito de prevaricación. Ambas unidas por una misma causa, denunciadas por quienes dicen defender los intereses de unos menores que un día, alentados y engañados por algunos de sus compatriotas, entraron ilegalmente en masa en un país que no es el suyo violentando la frontera.

Estos menores, separados de sus padres mediante el engaño, fueron devueltos a su país de manera voluntaria, en base a un acuerdo suscrito por España y Marruecos que sólo buscaba una auténtica reagrupación familiar y el legítimo y verdadero interés de los menores repatriados que se volverían a ver con sus familiares y amigos.

Sólo esperamos ahora que este caso no se parezca al anterior; que el intento de las ONGs denunciantes por subvertir una complicada decisión en una situación excepcional quede pronto archivada y que quienes viven de la miseria humana se lleven un nuevo revés. Mantener a los menores en la ciudad dejaba a nuestro país más cerca del secuestro de esos menores que el de una supuesta irregularidad administrativa.