Sección Sindical de CCOO en la Ciudad Autónoma

Esta Sección Sindical ha tomado la difícil pero necesaria decisión de no asistir a la Mesa Negociadora celebrada hoy dada la actitud unilateral e impositiva que viene desarrollando la Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos que a continuación detallamos:

- El reiterado incumplimiento por parte de la Administración a ejecutar los acuerdos adoptados. - La no realización de bases genéricas destinadas a las diferentes convocatorias de traslados, ascensos y ofertas públicas de empleo. Persistiendo la Dirección General de personal en su actitud de no asumir sus compromisos en la propia Mesa Negociadora. - El repetido incumplimiento de la obligación legal de hacer llegar la representación social la información que se solicita, llegando esta representación a verse obligada a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para así obligar a la Administración a trasladar la información solicitada.

- La no activación de las comisiones acordadas en Mesa de cara a afrontar los diferentes procesos de ESTABILIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO que acaben con la situación de precariedad en la que se encuentran empleados públicos desde hace más de una década. Ello a pesar de las nuevas directrices marcadas por el Gobierno Central al respecto.

- La total falta de previsión en materia de gestión de personal, en la que no se tienen en cuenta la precariedad de los servicios de esta Administración, así como las necesidades reales de la misma (bajas laborales y traslados sin cubrir, discriminación en cuanto superiores categorías, distinciones entre el personal para el acceso al cobro de pluses, etc.). Ello a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por parte de la representación social para que se ajusten a lo establecido en las leyes, acuerdos y pactos que nos vertebran.

- La constante, y reiteradamente denunciada injerencia de personal de empresas privadas, planes de empleo y colaboraciones sociales en las actividades propias a desempeñar por los empleados públicos, que entendemos, además de ser realizadas en fraude de ley, suponen una mayor merma tanto en la calidad del servicio que, y como administración, se ha de prestar a los ciudadanos, así como de creación de unas bolsas de trabajo efímero y mal retribuido.

- La repetida negación a poner en marcha los mecanismos encaminados al desarrollo de la carrera profesional a la que todos los empleados públicos tenemos derecho y a la elaboración de la tan ansiada RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT).

- La negación sistemática a la realización de un Reglamento de segunda actividad que cubra a los empleados que realizan trabajos de mayor desgaste tanto físico como psíquico.

- Las realización de Mesas Negociadoras con la única intención de “cubrir el expediente” por imperativo legal. Todo esto y tras una reflexión exhaustiva de no avanzar en ninguno de los puntos anteriormente señalados (entre otros muchos que se nos quedan en el tintero), creemos que son razones más que suficientes para la adopción de la decisión expuesta de no acudir a dichas MESAS IMPOSITORAS.