La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.  
Juan Carlos Trujillo

Los españoles conocemos perfectamente tanto el significado como las consecuencias del término “corrupción política” a través de los principales medios de comunicación del país. Los mismos medios que hoy nos acercan el término “erosión de las instituciones democráticas” auspiciado por la izquierda más sectaria de los últimos años. En ambos casos términos que ponen en serio riesgo la democracia que tantos esfuerzos costaron tanto a nuestros abuelos como a nuestros padres para superar la etapa más convulsa de nuestra historia democrática.

Un término que hace referencia a la pretensión de nuestros actuales dirigentes políticos por degradar nuestro estado democrático con la única intención de deslegitimar el control a su gestión política, y con ello continuar ejecutando sus políticas social comunistas. Para lo cual atacan en profundidad a nuestro actual sistema educativo, el pilar básico a través del cual se construye nuestro estado democrático de derecho al aportar al individuo una visión objetiva de la realidad basada en los hechos y en la historia, en la comprensión de las diferentes ideas, y esto resulta en capacidad de análisis y crítica y, por tanto, en la capacidad de decisión ante unas urnas. 

Sin ninguna duda, la manipulación del ciudadano pasa ineludiblemente por la “deformación”, es decir, la eliminación de esa capacidad crítica favoreciendo la mediocridad. Y es en este punto donde interviene nuestro desgobierno a través  de un Estado de Alarma que le ha permitido aprobar una resolución que anula la ley educativa vigente (LOMCE). Una Ley que señala, entre otras muchas cuestiones: “Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea”.

Y si nos referimos a la titulación, es decir, obtener la certificación que demuestra los conocimientos adquiridos, dicha resolución establece que “puede no ajustarse a las limitaciones en cuanto al número de materias o ámbitos pendientes, siempre que se comunique al Servicio de Inspección Educativa adjuntando un informe que argumente la toma de decisión”.  Es decir, que no habrá límite de suspensos para obtener el título, además de la presión que se ejerce sobre los centros educativos por su autonomía y, en concreto, sobre el profesorado, a través del aumento de la burocracia y de la posibilidad de que la Inspección acabe promocionando y titulando ante las posibles reclamaciones de las familias.

Por tanto, se está favoreciendo la promoción y titulación del alumnado que no ha adquirido los aprendizajes previstos para el nivel o la etapa, de manera que en cursos sucesivos la laguna de conocimientos será cada vez mayor. Esto crea un precedente. De esta manera, el alumnado encontrará mayores dificultades y la motivación por continuar aprendiendo bajará aún más. Como el país no podrá permitirse empeorar las estadísticas en cuanto a la titulación de sus ciudadanos, es decir, tener mayor fracaso escolar y unas peores tasas de idoneidad (porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a su edad), volverán a bajar el nivel educativo. El resultado final será una población cada vez más “aborregada” y con menos capacitación.

Retomando la frase de Aristóteles que da título a este artículo, ¿a dónde nos llevará el hecho de que cada vez seamos menos capaces de entender y respetar las opiniones de los demás? ¿Contribuirá a una mayor polarización de las ideas? ¿Volveremos a reproducir los errores del pasado reciente de nuestra historia con una división social que acabó en guerra civil? ¿Estamos dispuestos a aceptar que desaparezca la educación pública con una mínima garantía de calidad y, por tanto, a que los hijos e hijas de aquellos que puedan pagar una educación privada sean los únicos que tengan la oportunidad de ser los dirigentes del futuro? Recordando que la actual ministra de Educación eligió para sus hijas la educación concertada católica.