Juan Carlos Trujillo

En mi nuevo artículo incidiré en mi convencimiento sobre la capacidad del progresismo español para desviar la atención de lo que verdaderamente ocupa y preocupa a los españoles y españolas, y más concretamente sobre la nueva campaña orquestada desde las cloacas del Gobierno social comunista. Pablo Iglesias tuiteó la pasada semana “No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres” refiriéndose a una supuesta campaña de acoso emprendida contra él y su familia en el lugar donde disfrutaba de sus vacaciones. Al instante su tuit fue apoyado y comentado por compañeros de partido que no dudaron en acusar de “pasividad” a la Fiscalía ante el supuesto acoso al que estaban siendo sometidos el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad.

Debemos ser plenamente conscientes de que el término “escrache” popularizado en países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela o España se refiere a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirigen a un domicilio, lugar de trabajo o lugar público donde se ha reconocido a quien se quiere hacer protagonista de la denuncia a través de un método de protesta basado en la acción directa. Es importante señalar que existe un estudio sociológico que indica claramente que los escraches constituyen un derecho ciudadano amparado por la libertad de expresión para el 68% de los encuestados, mientras que tan solo un 18% considera que este tipo de acciones supone un delito de coacciones contra los representantes políticos.

Pablo Iglesias

Quienes ahora denuncian ser objeto de este “derecho ciudadano” protagonizaron los escraches más duros, desde su aparición en 2013, contra dirigentes populares cuando estos señores se postulaban como la alternativa populista al Gobierno democráticamente elegido por la ciudadanía española. Es importante recordar en este punto los escraches ejecutados contra los y las dirigentes Cristóbal Montoro, Cristina Cifuentes, Sáez de Santamaria o la tristemente fallecida Rita Barberá. Todos estos episodios violentos fueron definidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como “el jarabe democrático de los de abajo”, así como por otros dirigentes de la formación morada como “una forma de manifestar la libertad de expresión” o “un ejercicio de participación democrática”.

Pero es que los planteamientos de los dirigentes morados van mucho más allá: ¿cómo catalogar cuando estos señores apoyaron públicamente, y desde la cámara de representación de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, a quienes agredieron brutalmente en una taberna de Alsasua (Navarra) a tres guardias civiles y sus parejas por el mero hecho de ser miembros de la institución mejor valorada de España? Entre otras afirmaciones, los dirigentes podemitas etiquetaron a los más de 40 agresores como “víctimas” que merecían “su apoyo” por sufrir “las viejas excepcionalidades” y un “atropello democrático”. Sin ninguna duda, el tiempo es el juez que da y quita razones, y sitúa a cada uno en su verdadero lugar.