Andaluza de Tratamientos de Higiene (ATHISA) se resigna a un papel secundario en todo el EIDGATE. La empresa andaluza no ejercerá ninguna acción contraria a lo decidido por la Ciudad en todo el procedimiento de adjudicación, más le vale

A escasos días  para la celebración del Eid Al Adha, el traje de presunta normalidad y garantías con el que la Ciudad está vendiendo el desarrollo de la festividad, ni responde a la talla ni a la dignidad del evento.

Cuesta entender cómo el Gobierno de la ciudad no dispone de una organización armonizada, coherente y útil a las necesidades de su población. Una festividad anual que todos los años sufre incidentes y cuya organización no alcanza a subsanar en condiciones.

Todavía queda en la memoria la cantidad de familias que el año pasado vieron truncada su celebración por un fallido cálculo en el número de animales traídos a la ciudad, y de cuyo caos y profundo malestar que causó esta errática planificación nadie se hizo cargo. 

Sin ir más lejos, hace tan solo unos días el gobierno ceutí anunció en prensa que ya se había reunido con los ganaderos para establecer el número de reses a importar para su sacrificio, cuando el pliego de prescripciones técnicas exige que esta coordinación se realice con una antelación mínima de 60 días antes del Eid.

Un dato especialmente relevante es el plazo de puesta en funcionamiento de todo el dispositivo, establecido diez días antes de la celebración de la Pascua, es decir, el 29 de junio, o lo que es lo mismo,  el mismo día en que se firma el contrato.

Si con una antelación mínima de dos días, el adjudicatario deberá comunicar a la Ciudad la fecha en la que se realizará la prueba de demostración (27 y 28 de junio), resulta imposible ajustarse a los plazos establecidos cuando el contrato se firma con posterioridad, el 29 de junio.

Serias dudas suscita que si la empresa adjudicataria “deberá contratar al personal necesario para dicha demostración: veterinarios, matarifes, personal auxiliar, seguridad, etc. (salarios del personal, seguros, dietas, alojamiento, teléfono, desplazamientos…” antes de la firma del contrato, pueda arrastrar los beneficios empresariales a línea negativa teniendo en cuenta el precio tan ajustado del contrato.

Un dato especialmente relevante es el plazo de puesta en funcionamiento de todo el dispositivo, establecido diez días antes de la celebración de la Pascua, es decir, el 29 de junio, o lo que es lo mismo,  el mismo día en que se firma el contrato.

La adjudicataria necesita avalista

Otro de los requisitos para celebrar contratos entre el sector público y el privado, es que los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, y profesional determinadas. En este caso, se exige que la empresa adjudicataria demuestre que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 256.336,58 € (70% de la anualidad media del contrato), que acreditará por medio de sus cuentas anuales. La razón de que se acredite por medio del balance de sus cuentas anuales es porque  “a través del volumen anual de negocios se conoce con total exactitud la situación real del empresario licitador, y si podrá llevar a cabo las prestaciones del servicio con la calidad adecuada”.

Para acreditar su solvencia económica, la adjudicataria deberá presentar la “relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años…”

En vista de su balance de cuentas, no parece que la adjudicataria haya obtenido ni esos ingresos ni mucho menos desarrollado contratos prestatarios de servicios por cuantía superior a los 256.336,58 €.

Como tampoco parece contar por sí misma con los recursos económicos suficientes como para cubrir el fondo de garantía exigido del 5 % del precio final ofertado, 75.416,17 €

Asimismo, deberá demostrar que el servicio a prestar en este contrato está comprendido en sus fines, objeto y ámbito de actividad.  En el caso de la adjudicataria su objeto social es “mecánica en general de automóviles”, una condición que no armoniza con la exigencia citada.

Su adjudicación a una empresa sin experiencia previa en el sector, con un balance deficitario de sus cuentas económicas, presenta serias dudas de no declararse en riesgo de insolvencia y dejar en la estacada el servicio contratado para cuatro años.

Por otro lado, el margen de beneficio empresarial es muy ajustado, máxime cuando la adjudicataria ha prometido ampliar cinco líneas de sacrificio. Consideramos que no solo resulta escaso el margen de beneficios empresariales, si no que, además, y visto el cálculo económico realizado por la Consejería de Hacienda, o se reducen costos del material en detrimento de su calidad o de los gastos de personal con el consiguiente incumplimiento del convenio colectivo estatal de industrias cárnicas.

​La asignación de la misma cantidad de dinero para cada uno de los cuatro años sin estimar posibles subidas en su coste deja entreabierta la posible pérdida de garantías del personal contratado, así como de una gestión de calidad, toda vez que el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. Esta relación de riesgos precisa de explicaciones claras y urgentes por parte de la Ciudad.​

Fue en septiembre de 2021 cuando el equipo de gobierno se excusó de carecer de medios para externalizar la gestión del Eid Al-Adha licitándola por 1.508.723,88€.  Su adjudicación a una empresa sin experiencia previa en el sector, con un balance deficitario de sus cuentas económicas, presenta serias dudas de no declararse en riesgo de insolvencia y dejar en la estacada el servicio contratado para cuatro años.

Una licitación supuestamente basada en la legalidad, pero que carece de los mínimos rigores de ética y moralidad. Tan mal se hecho que el contrato solo pudo firmarse  el miércoles 29 de junio, posterior a la fecha en la que todo el dispositivo debe funcionar correctamente (28 de junio), siendo el día siguiente, jueves 30 cuando  debe  estar montado todo el operativo.

No parece que los hechos acompañen a la intención de la Ciudad cuando afirma que su deseo es que el Eid Al Adha sea una “celebración con el mayor respeto a la cultura, la tradición y las garantías sanitarias y alimentarias”.

Aún con todo, la ciudad de Ceuta debe agradecer a su gobierno que contemplara que “para que se pudiesen cumplir los plazos, sería conveniente considerar la tramitación del contrato por urgencia. Una adjudicación posterior a final del mes de junio, haría impracticable la celebración de la Pascua del Sacrificio en el presente ejercicio 2022.” (Informe de Necesidad  de 22/03/2022, firmado por el  consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris Mojtar)

Veremos la responsabilidad que asume la delegación virtual de la CIE en Ceuta, pues la adjudicataria debe montar un mínimo de cinco mataderos y/o mataderos móviles y aportar la “certificación de conformidad, en su distribución y funcionalidad, de la citada Delegación en Ceuta de la Comisión Islámica de España”, cuando nunca han sido capaces en treinta años de conformar una sola comisión que atienda a los consumidores musulmanes.

No parece que los hechos acompañen a la intención de la Ciudad cuando afirma que su deseo es que el Eid Al Adha sea una “celebración con el mayor respeto a la cultura, la tradición y las garantías sanitarias y alimentarias”.

Los que dicen ser representantes de los musulmanes de Ceuta siguen la estela de quienes llevan 30 años haciendo de las suyas, sin que hasta la fecha los musulmanes de España tengan  ningún avance del que sentirse satisfechos.

Aquellos que se prestan a juegos malabares de legalidad, olvidando que el Halal implica objetividad e imparcialidad en cualquier acto, incluidos los administrativos, se suman así a la larga caravana de “representantes de musulmanes” que asumieron el dinero como forma de vida para revertir principios éticos y morales, subordinándose a prácticas infames, al tiempo que se hacen  cómplices de todas aquellas acciones tendentes a reducir la libertad y la dignidad a la que tienen derechos los ciudadanos y consumidores musulmanes.

Los que dicen ser representantes de los musulmanes de Ceuta siguen la estela de quienes llevan 30 años haciendo de las suyas, sin que hasta la fecha los musulmanes de España tengan  ningún avance del que sentirse satisfechos.

Es posible que todo sea legal,  pero ningún horno ni condimento legal podrá suplir ni arrebatar la dignidad que emana de todo concierto o procedimiento halal, y en este caso concreto, de todo un colectivo, incluso si el contrato lo firman quienes se manifiestan como musulmanes.