Ocasionalmente sale a la palestra un tema que se convierte en candente, de modo inmediato es diseccionado desde distintos sectores sociales y se vuelve arma arrojadiza con la que amenizar portadas y debates hasta el advenimiento del siguiente tema candente. Es el ciclo de la vida, con permiso de Simba.

Mucho se ha hablado, a pesar de estar dando sus últimos coletazos, sobre la situación urbanística en Ceuta y sobre el documento que ha de regular la ordenación de nuestra ciudad. Como cualquier otro tema de actualidad, tuvo un detonante inevitable, que en este caso fue la filtración por parte de miembros del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta de que en el pleno del pasado día 31 de agosto iba a plantearse una decisión polémica e incomprensible respecto al PGOU nonato, que no era otra que echar por tierra todo el trabajo de años de redacción del nuevo documento con excusas bastante peregrinas y con una alternativa consistente en dejar en manos de la propia Ciudad y sus técnicos la redacción del nuevo plan… un día de estos (Dios nos hubiera cogido confesados). Dicha decisión al final no fue planteada ante el temor a las graves repercusiones que se empezaron a percibir tras la filtración. Muchas veces una filtración interesada es un buen termómetro para medir la conveniencia o no de tomar una decisión política antes de que te estalle en la cara. El hecho es que tanto como desde la oposición, como desde algunas asociaciones profesionales se puso el grito en el cielo por la falta de rumbo claro y de rigor en el tratamiento de este proceso y se dio un golpe de timón en el último momento.

Al contrario de lo que pueda parecer, la reforma del PGOU dista muchísimo de ser un tema actual. Dejando al margen el hecho de que el plan anterior es del año 1992, más de veinte años podrían no ser necesariamente una razón de peso para plantear una reforma si ese plan hubiera sido eficaz y nuestra ciudad resplandeciera armoniosa, práctica y estéticamente atractiva, siempre hablando desde el punto de vista del urbanismo. Desgraciadamente no es así, sino que su belleza reside básicamente en su ubicación geográfica, los paisajes que tenemos la suerte de disfrutar y una decena de construcciones más o menos acertadas que fueron realizadas hace bastantes años. Todos coincidimos en que una muy limitada zona céntrica cuidada, un foso amurallado inigualable y un parque marítimo como el que tenemos no son capaces de esconder el resto de graves miserias del ordenamiento de la ciudad, por lo que nadie discute la necesidad de ese nuevo PGOU.

Ahora bien, ¿es por sí misma suficiente una reforma del plan urbanístico? ¿Resolverá todas las necesidades y problemas que a ese nivel tiene la ciudad? La respuesta evidente es no. Existe una parte de voluntad, de querer hacer las cosas, de decisiones de gestión en política municipal que trascienden el mero marco normativo de un plan. Y es justo en este punto donde sería necesario hacer varias reflexiones.

A modo de ejemplo, fijémonos en que hace pocas semanas asistimos a un renovado ímpetu beligerante por parte del gobierno de la ciudad en las formas, que no en el fondo, contra las construcciones ilegales. Durante unos días fue otro de esos “temas candentes”, que de modo fugaz ha pasado página. Es público y notorio que la construcción ilegal en Ceuta va más allá de un simple problema, es literalmente una lacra, un mal endémico que se ha sufrido la dejadez de las autoridades durante décadas y que es la prueba palpable de que la inacción política en el gobierno de una ciudad se puede pagar muy caro a nivel social, urbanístico, laboral e incluso económico. Pues bien, se anunció a bombo y platillo que se iban a destinar medios específicos humanos y materiales a luchar sin descanso contra este problema. Y ese duro esfuerzo de unas semanas ha dado como resultado el orgulloso anuncio de unas cuantas inspecciones, se han abierto unos expedientes para paralizar unas pocas obras ilegales detectadas y todos contentos. Tal vez se hayan paralizado… ¿una o dos decenas de obras en curso detectadas?

Es un primer paso, nadie lo duda, pero vayámonos ahora nosotros, ciudadanos normales de a pie, sin conocimientos específicos sobre ordenanzas urbanísticas, con una libreta y un lápiz y una cámara de fotos a dar un paseo por la ciudad. Comencemos, por poner un lugar, en el Sarchal, siguiendo por el Recinto, cruzando el centro hacia la Avenida de África, subiendo hacia el Morro, luego Hadú, bajando por la cuesta de la Parisiana (Argentina), llegando a la Almadraba… y quedémonos ahí, que tampoco estamos tan en forma y podría darnos agujetas. Dejemos de lado zonas como el Príncipe, Benzú, Juan Carlos I, u otras que siempre se tiende a demonizar como si fuera un problema exclusivo de ellas. El resultado de este paseo sugerido sería dramático, por no decir vergonzoso.

Bueno, ¿por qué no decirlo? También sería vergonzoso. No sólo serían obras ocupando terreno público o que se están levantando sin licencia con trabajadores de sospechosa legalidad, no, serían casas que hace tiempo eran simples casas bajas y ahora tienen al menos tres plantas, construcciones que a simple vista no tienen ningún tipo de criterio estructural ni técnico, cerramientos de áticos a todas luces ilegales EN PLENO CENTRO, con incluso alturas ganadas en los mismos áticos, ventanas abiertas en laterales de edificios que son medianeras, eso sin contar la instalación de antenas, aires acondicionados, tendederos que incumplen las ordenanzas, modificaciones en fachadas… la lista sería interminable, hasta tal punto que la libreta se habría gastado y la cámara se habría quedado sin batería. ¿Y nos anuncian medios humanos y materiales específicos para identificar una docena de obras ilegales? ¿Es que pretenden tomarnos el pelo? Esto es una muestra de falta de voluntad, de dar un golpe de efecto de cara a la galería y de seguir exactamente igual que hasta ahora.

Para este ejemplo que acabo de exponer no hace falta un nuevo PGOU, y aunque lo hubiera no iba a suponer diferencia en muchos aspectos. Debe ir acompañada de una voluntad real, de una voluntad política de querer mojarse de verdad por mejorar las cosas, y no de tener encima de la mesa constantemente la calculadora electoral para baremar cuántos votos puede costar actuar sobre un problema de manera efectiva.

Existen también ejemplos sobre actuaciones urbanísticas que se deberían plantear de modo serio en nuestra ciudad, como aprovechar la remodelación que se ha hecho en la zona de la nueva biblioteca, extendiendo esas infraestructuras hacia el este y actuando sobre toda esa masa de infravivienda que existe en pleno centro, articular viales de conexión entre las grandes vaguadas que tiene la ciudad en la periferia como conectar Villajovita con la Avenida Lisboa, o la Avenida de Otero con la Avenida Ejército Español, que posibilitarían y facilitarían la conexión entre zonas de la ciudad separadas por terrenos abandonados y focos de insalubridad, plantear y llevar a cabo de una vez un vial de conexión entre puerto y frontera, etc, etc. Ejemplos hay muchísimos, y opciones de mejorar y de crecer ordenadamente, también.

Creo que ha quedado en evidencia, por tanto, que no sólo un nuevo Plan es necesario sino que es más necesario si cabe la voluntad política. Me queda por hacer una pequeña reflexión sobre la tercera piedra de toque para que el banco no quede cojo: la responsabilidad política.

La impunidad en la gestión pública se ha limitado a una barrera muy cómoda para todos: la legalidad. Es muy frecuente escuchar en los medios de comunicación que cuando se le pregunta a un responsable político sobre su responsabilidad política por algún tema, se limita a responder algo así como que está en manos de la Justicia (curiosa respuesta, me viene a la mente ahora algo similar en el caso de Loma Colmenar), y que los jueces dictaminarán la responsabilidad de cada uno y esclarecerán los hechos. Confunden deliberadamente la responsabilidad judicial, o penal con la política. Y digo deliberadamente porque parto de la base de que ningún responsable político es tonto, aunque se empeñen en tomarnos a menudo por tontos a los demás.

Es decir, si un gestor público, un político, no comete un acto o no toma una decisión ilegal, la consecuencia política es nula, o no va más allá de que en las próximas elecciones los votantes decidamos castigarles no votándoles. Pero el concepto de responsabilidad por su gestión se ha diluido en sector público de un modo alarmante.

Pongamos el siguiente ejemplo para que la gente entienda el concepto de responsabilidad política que existe hoy en día: Supongamos que trabajo en una empresa privada, y que mi jefe me encarga redactar un documento, un proyecto que mejore el sistema de comunicación interna de la empresa. Tras ocho años de trabajos duros, y además habiendo decidido gastar un pastizal de mi empresa en subcontratar a un asesor que me ayude en esa tarea, resulta que tengo una especie de borrador que podría servir, aunque hay que matizarlo con algunas modificaciones, pero decido no hacer nada durante otro año más para… bueno, para ver si la iluminación divina guía mis pasos, dado que hay algunos aspectos a solucionar que suponen trabajar un poquito más y me siento bastante desbordado. E incluso sugiero que tal vez habría que abandonar esa idea. ¿Qué pasaría? Hay varias opciones: A) Dada mi buena gestión, me premiarían con un cambio de puesto pasando a dirigir otro departamento más importante aún que el anterior. B) Me premiarían con un casting para protagonizar el remake de “Los Lunes al Sol”, previa visita a la oficina pública de empleo. En el sector privado, la opción sería la B). En el sector público, nos encontramos con que la responsabilidad política se traduce en la opción A).

En definitiva, la teoría de las mareas también se puede aplicar a la percepción de la gestión pública. La gente va percibiendo cosas que se hacen mal y muestra hartazgo, pero al igual que las mareas, el hartazgo también va y viene, a veces se hace virulento y otras se torna llevadero. Y algunos gestores públicos son verdaderos maestros en gestionar esos vaivenes, modulándolos a su antojo para que les afecten lo menos posible. A veces se aprovechan de que su gestión afecta a aspectos que piensan que son demasiado… “técnicos” como para que el populacho elector los entienda, y les da igual demorar esa gestión, buscar excusas o simplemente cambiar el criterio alegremente sin tener en cuenta el interés general. Pero la realidad es que su gestión incide en problemas de fondo que son de calado y que nos afectan a todos. Y mientras no muestren voluntad y los ciudadanos no presionemos para que asuman su responsabilidad por su gestión, las cosas no avanzarán más que al ritmo que quieran unos pocos.