Antonio Gil Mellado / Imagen de archivo
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Antonio Gil

Este Gobierno, le pese a quien le pese, es el mismo que subió el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros y que ahora lo ha vuelto a subir de nuevo hasta los 950 euros. Incrementarlo hasta los 1.000 euros sería un buen colofón y también hacerlo antes de que finalicen los cuatro años que aún tiene por delante.

Con esta subida se pretende acercar a los salarios que cobran nuestros socios trabajadores europeos como por ejemplo alemanes y franceses, con un SMI con más de 600 euros por encima del español. No es ninguna temeridad, es más, es también, el propósito de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que se comprometió a trabajar por conseguir un instrumento jurídico que garantice que todos los trabajadores de la Unión Europea perciban un salario mínimo justo. En la agenda de la presidenta y en su contenido político está el desarrollarlo en los primeros cien días de mandato.

Claro está que no se puede implantar una medida de este calado de forma directa en toda la Unión Europea donde se tiene que respetar la autonomía de los interlocutores. No se obligará a la introducción de un salario mínimo legal en países con alta cobertura de negociación colectiva, es evidente que no se trata de poner techo, por lo que resulta que no se puede establecer un mecanismo uniforme.

Pero… lo que está claro es que cada día es más evidente que la situación de los trabajadores con salarios bajos ha empeorado en nuestro país, han aumentado las desigualdades produciendo una grave brecha social.

Una iniciativa como la de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, de garantizar un salario mínimo proporciona ánimo a los trabajadores y un gesto político necesario para el proyecto europeo. Aumentaría y estimularía la demanda interna, preservaría el empleo y aumentaría la competitividad.

Se trata, además, de que las empresas basen su producción en la calidad, conseguida a través de la formación y la innovación fundamentalmente y no en políticas de bajos costes. ¿Se puede negar que las propuestas e implantación de políticas progresistas `transgresoras´ son necesarias y que han cambiado por completo nuestra sociedad?

Al final, esa masa crítica que no desea que se produzcan cambios, que se resiste a que se aprueben determinadas leyes, algunas de carácter universal, terminan por ser beneficiaria directa de ellas y aunque resulte irrebatible, sólo lo admiten en la intimidad.