La fiesta del borrego tiene sus claros y sus oscuros en la historia de la política ceutí. Cierto es, echando la vista atrás, que cuando los musulmanes eran una escasa minoría sacrificaban al animal en sus casas, borregos que traían en su práctica totalidad desde Marruecos.

Con el aumento de la población islámica, los sacrificios crecieron y con ello también lo hicieron los riesgos contra la salud de la población general, especialmente por el nulo control veterinario de unos animales ajenos al tráfico legal y, en no pocas ocasiones, portadores de enfermedades.

Los indubitados compromisos que para la salud de la población supusieron -y suponen- estas prácticas condujeron a que, ulteriormente, se procediese por parte del legislador a la aprobación de un marco jurídico que dotase a los sacrificios de animales de una serie de medidas de seguridad sanitaria. Con ello, se pretendía que estas actividades se practicasen con la observancia de unos requisitos como contar personal específico para la realización de los sacrificios, en los que debe estar presente siempre al menos un veterinario y un matarife acreditado.

Con la asunción de la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta por Juan Vivas, la población musulmana experimenta una inusitada explosión demográfica. En cuestión de poco más de veinte años, la Fiesta del Sacrificio pasa de ser una celebración minoritaria de la sociedad ceutí a contar con miles de participantes.  Unido a ello, los riesgos epidemiológicos de estas prácticas de sacrificio fuera de la legislación sanitaria se acrecientan consecuentemente. Calles por las que discurren regueros de sangre, despojos de los animales sacrificados y playas teñidas de rojo son solo algunas de las dantescas imágenes que han llegado a resonar en la prensa nacional.

Hace ahora un año, el ladino Juan Vivas, haciendo uso de su característica imaginación para no asumir el cumplimiento de la Ley cuando ello le supone un problema, instaló las famosas carpas al margen de todo amparo normativo y a pesar de no contar en su proceder con la aprobación de ninguno de los técnicos especialistas de la Consejería de Sanidad. Todo ello documentado en informes oficiales y en los que se llegaban a informar de manera explícita del carácter “delictivo” de estos dispositivos.

En las carpas no hubo veterinario, ni tampoco matarife. No se aturdió a los animales, ni se contó con medios que garantizasen la salubridad del proceso. La ejecución del sacrificio se hizo junto al alcantarillado, convirtiéndose el mismo en un foco de infecciones que contribuyó todavía más a azotar a una Ceuta castigada por una pandemia que, aún hoy, sigue llevándose las vidas de ciudadanos ceutíes.

Por otra parte, los ganaderos de la ciudad, pocos en número y castigados económicamente, se adaptaron a una venta al particular ilícita avalada por Vivas, sabedores de que las responsabilidades penales (de llegar a darse) serían contra el Gobierno responsable. Todo este entramado digno de la mafia y promovido desde la presidencia, contó con el silencio cómplice de ciertos agentes del ministerio de justicia, que debían haber actuado de oficio contra Vivas y su sistema de sacrificios ilegales.

Con la llegada del coronavirus se produce un punto de inflexión al cancelarse la festividad, haciendo caso, esta vez sí, a los técnicos de sanidad. No obstante, no se actúa contra el mercado ilegal de ovinos para aliviar la tensión especialmente entre los sectores más integristas de la comunidad islámica. Por ello, y a pesar de la suspensión, en 2020 se sacrificaron varios centenares de animales sin ningún control, obviando el grave peligro que esto suponía para la salud de todos los ceutíes.

Ello también evidencia un descontrol por parte de Sanidad de los ovinos de la ciudad, cuya llegada prácticamente y salvo casos puntuales no procede de Marruecos, sino de la península. El Gobierno, sabiendo que en ocasiones entran más animales de los que se declara oficialmente en la documentación pertinente, ha repetido la táctica del mirar hacia otro lado para que esos sectores más integristas sacien su fervor.

No obstante, en el pleno celebrado al respecto en la Asamblea de Ceuta, Juan Vivas llegó a reconocer la realidad de los informes de sanidad para defenderse de los argumentos de los portavoces musulmanes que exigían la celebración de la festividad a pesar de la pandemia. En primer lugar, el Presidente confesó que los animales únicamente pueden ser sacrificados en el matadero o por lo dispuesto en el RD 1086/2020 de 9 de diciembre en su artículo 18. También se admite en otras sesiones plenarias que se incumplen las normas respecto a la compraventa y el transporte de los animales por parte de los compradores, concretamente las relativas a la Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Animales que no pueden ser entregados por las ganaderías a un particular que incumple los requisitos del RD anterior y cuyo único destino seguro legalmente es el matadero. 

Con este panorama se llega a 2021, con una población musulmana representada por la CIE en las reuniones con Juan Vivas. La presión política ejercida sobre el gobierno en todos los ámbitos, hace al Presidente buscar una alternativa esta vez legal para la celebración de la fiesta, ante el riesgo que supone una denuncia que acabe condenando a prisión a parte del Gobierno.

Esta alternativa es habilitar el matadero para una actividad de 24 horas durante nueve días, lo que inicialmente cuenta con la aceptación de Hamido Mohamed, representante de la CIE en las reuniones. Sin embargo, este acuerdo fue tomado como una ofensa por los sectores integristas, que recriminaron a Mohamed la aceptación del mismo, por lo que volvieron las reuniones con el Gobierno.

Tras el fracaso del acuerdo por el empuje integrista, llegó la presión de Larbi Matteis y tres "matones" anónimos que se arrogaban la representatividad extraoficial de los musulmanes de la ciudad, a los que algún consejero del gobierno llegó incluso a avalar como tales legitimando su presencia en las reuniones con el ejecutivo.

Finalmente, y tras mucho apretar, Vivas y Gaitán ceden comunicando a las entidades islámicas que los sacrificios se podrán hacer en los domicilios de los particulares cumpliendo la normativa (falso e imposible por la falta de personal e instalaciones a estas alturas del mes de julio). A los ganaderos se les informa de que pueden vender el ganado a los particulares advirtiéndoles de que deben de cumplir con los requisitos estipulados en el RD.

Vivas y Gaitán son conocedores directos de que el cumplimiento del Real Decreto por parte de los particulares es imposible. Los sacrificios no pueden hacerse en zonas urbanas (como sí se van a hacer, en pisos y casas particulares), no pueden hacerse sin la presencia de un veterinario (prácticamente ninguno disponible en la ciudad) y sin la presencia de un matarife titulado (la ciudad, a través de gestiones de la Fundación Premio Convivencia comenzó su formación en masa ante el plan inicial de habilitar el matadero, pero apenas unas diez personas están asistiendo a las clases en la academia Ecos).

Esta última decisión de Vivas y Gaitán debería darse a conocer esta semana por los canales oficiales. El delito de prevaricación parece flagrante, al que podrían unirse unir cohecho e incluso malversación, sumado a los delitos contra la salud pública que sin duda se darán el 20 de julio a causa del rito halal en los domicilios particulares.

Vivas y Gaitán son responsables por igual de lo que suceda finalmente. Por lo que se sabe, a día de hoy, como causa del temor a las represalias islamistas que supondría velar por el cumplimiento de la Ley, resulta altamente probable que el Partido Popular de Ceuta sume un nuevo condenado a prisión entre sus filas. La pregunta que queda es: ¿esta vez también se librará Vivas… o no?