Se ha difundido recientemente en los medios de comunicación la lista de personas que mantenían cuentas en bancos suizos para evitar el pago de tributos en sus respectivos países.

La lista fue facilitada, al gobierno francés y posteriormente al español, en 2008, por el ingeniero de sistemas informáticos Hervé Falciani, empleado del HSBC. Contiene información de más de 130.000 defraudadores, aproximadamente 2.700 de ellos son españoles.

El gobierno de Rajoy, a iniciativa del ministro Montoro, abrió en 2012 un proceso que llamó eufemísticamente de regularización que, en realidad, no era más que una amnistía fiscal, en virtud del cual los defraudadores que aflorasen los activos ocultos solo tendrían que pagar un 10 por 100 de los rendimientos obtenidos por los capitales opacos, cantidad muy inferior a los impuestos que hubiesen tenido que ingresar de haber declarado en tiempo y forma sus depósitos bancarios que, como mínimo, hubiera sido del 27 por 100, llegando hasta el 52 por 100 si por la totalidad de ingresos del contribuyente se obtienen cantidades superiores a 120.000 euros anuales.

La explicación que ha ofrecido reiteradamente el ministro Montoro para haber procedido de esta forma, es que mediante esa “regularización” extraordinaria se obtenía una recaudación que de otra manera no se hubiera conseguido, ya que se trataba de activos ocultos, desconocidos por la Agencia Tributaria y, por lo tanto, imposibles de detectar. Sin esta medida, según Montoro, las pérdidas para el erario público hubieran sido aún mayores.

Ahora, tras la publicación de la “lista Falciani”, Montoro reconoce que los datos de dicha lista eran ya conocidos por el gobierno español desde la anterior legislatura. Es decir, al menos desde 2010, ya conocía la Agencia Tributaria, el nombre de los defraudadores y sus números de cuentas en bancos suizos. Por tanto, cuando Montoro decreta su amnistía fiscal en 2012, ya sabía quienes eran los delincuentes y, en lugar de haber ido a por ellos con todo el peso de la ley, los trató con guante de seda, permitiéndoles pagar mucho menos de lo que deberían, mintiendo a todos los españoles en cuanto a las razones que justificaban la medida adoptada.

Si se sabía desde 2010 quienes eran los defraudadores y cuál era el montante de sus deudas, solo había que aplicar la ley e ir a por ellos. Donde hubiera delito fiscal, por ser superior a 120.000 euros el importe de lo defraudado, cárcel y multa hasta del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada. Es decir, que si Botín, por ejemplo, obtuvo unos rendimientos de 2.000 millones tendría que haber pagado unos impuestos de 1.040 millones, al tipo de 52 por 100, y una multa de hasta 6.240 millones, además de una condena de hasta 6 años de prisión. Gracias a la ayuda de su amigo Montoro, la cosa quedó en unos ridículos 200 millones y exonerado de cualquier responsabilidad penal.

Vendernos como un éxito del gobierno del PP, haber conseguido que los defraudadores detectados fehacientemente por el gobierno, pagasen una parte ínfima de lo que les correspondía es, sencillamente, vergonzoso. No solo es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía sino, posiblemente, un delito. Es ser connivente con los delincuentes. Es modificar la ley, en beneficio de los amigos. Es el más claro exponente del contubernio entre el poder económico y el político que padece este país desde la llamada “restauración” democrática y cuyas raíces se asientan en los años de piedra del régimen franquista.

Ante la posibilidad de que los verdaderos dueños del país, aquellos que compraron a los partidos políticos mediante sus donaciones a las respectivas cajas B, pudieran dar con sus huesos en la cárcel y ver mermadas sus fortunas, en algunos casos conseguidas a través del delito, había que actuar desde el gobierno modificando la ley en beneficio de ellos. Y así lo hizo Montoro y, solidariamente, todo el gobierno el Partido Popular, aprobando esta amnistía fiscal.

¿Alguien se imagina que el gobierno tuviese una lista de pederastas pillados in fraganti y ofreciese que a quien se confesase autor de tan execrable delito se le impusiese tan solo una multa de tráfico? Pues, salvando las distancias, eso es lo que ha hecho este gobierno con los delincuentes fiscales. Ha cambiando la ley para favorecer a quienes nos roban a todos. A los que mueven los hilos desde la sombra. A los que le viene bien el bipartidismo para que parezca que algo cambia sin que en realidad cambie nada.

La responsabilidad de estos hechos no es exclusiva del Partido Popular. La lista Falciani ya fue conocida por el gobierno del PSOE, cuya ministra, Elena Salgado, se limitó a mandar avisos a los defraudadores animándoles a que regularizaran su situación fiscal antes de proceder a realizar las inspecciones correspondientes.

La prueba de que los dos partidos que hasta ahora han gobernado este país desde 1982 obedecen dócilmente las órdenes de los poseedores del capital, la tenemos en el indulto concedido por el gobierno de Zapatero al consejero delegado del Banco de Santander, en el período en que ya solo actuaba como gobierno en funciones, tras la celebración de las elecciones generales en las que fue derrotado por el PP. Tras la concesión de ese indulto, el Banco de Santander, condonó al PSOE una deuda de treinta millones de euros que mantenía el partido con el banco.

Mientras tanto, con todo este lastre a sus espaldas, Montoro persigue a sus adversarios políticos con toda la fuerza que le permite la dirección política de la Administración Tributaria, pretendiendo equiparar el saqueo de las arcas públicas cometidas por la oligarquía financiera con el caso de un particular que obtuvo unos ingresos como persona física y que declaró como obtenidos por una sociedad unipersonal.

Al ministro esto le parece indecente e inmoral, pero el trato dispensado a los mayores defraudadores del país le parece una jugada maestra de la Administración Tributaria que ha permitido aumentar los ingresos del Estado.

En fin, algo repugnante. Una prueba más de que, aunque solo sea por higiene democrática hay que desalojar urgentemente del poder a los corruptos que lo administran. De momento, cualquiera nos vale. Lo que está claro es que los que han estado hasta ahora no pueden seguir ni un minuto más. Si los que vengan son como ellos, ya los echaremos también. Pero hasta ahora tienen el beneficio de la duda, algo de lo que carecen los que les han precedido, cuyos servicios a la causa de la defensa de los intereses del capital han quedado fuera de cualquier duda.