De esa manera pretenden reducir a un plano personal lo que, sin duda, es un asunto de interés general. Sostener que el problema de la inmigración irregular sea solventado a título individual por los ciudadanos, conmovidos por el drama particular de cada inmigrante, equivale a admitir que, por ejemplo, la enseñanza dejase de ser un deber del Estado que satisface un derecho fundamental, para convertirse en una actividad voluntarista de ciudadanos que, de forma altruista, decidieran atender lo que debería ser un servicio público. Lo mismo podríamos decir de la sanidad, de la atención a las personas dependientes o de cualquier otro mecanismo de protección social.

En materia de inmigración, el gobierno del PP coincide con lo expresado por representantes de grupos políticos xenófobos y ultraderechistas, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia.

A pesar de su falta de empatía con el sufrimiento de otros seres humanos, vengan de donde vengan, los defensores del rechazo al inmigrante se consideran en el bando de los buenos. Defienden el bienestar de sus compatriotas, puesto en peligro por una avalancha de extranjeros famélicos, delincuentes y sin ninguna identificación con nuestros usos y costumbres. No hay que prestarles ningún tipo de asistencia. Hacerlo fomentaría el “efecto llamada”. Si los atendemos bien, vendrán más, dicen.

Esta mentalidad, desgraciadamente muy arraigada en una parte de la ciudadanía, forma parte de la actuación política del Partido Popular. Su creencia es que ahondar en el sentimiento xenófobo les proporciona votos. En tiempos de crisis, es fácil culpabilizar al diferente de los problemas que han generado otros. Cualquiera está dispuesto a creer que no hay trabajo para los españoles porque nos lo arrebatan los extranjeros o que la sanidad pública puede colapsarse si se atiende a los inmigrantes. Es un mensaje tóxico que arraiga rápidamente en una sociedad empobrecida por la crisis. En el fondo no son más que mentiras, como tantas que nos cuentan para manipular la opinión pública.

En este contexto, el gobierno acaba de aprobar una modificación de la Ley de Extranjería que legaliza el llamado “rechazo en frontera” o “devolución en caliente”. Eufemismos para denominar un hecho que debería repugnar a cualquier persona de buena voluntad.

Se trata de dar cobertura a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan bajar a palos de la valla fronteriza a los inmigrantes que pretendan saltarla, y luego devolverlos, aunque estén inconscientes, al otro lado de la frontera sin ni siquiera identificarlos ni ofrecerles asistencia jurídica.

Esta medida contraviene todos los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de inmigración y asilo. El derecho de no devolución de personas a un territorio en el que su vida o su libertad corran peligro está reconocido en la Convención de Ginebra. No puede saberse si alguien corre alguno de esos peligros mientras no sea debidamente identificado y comprobadas sus circunstancias personales. Los seres humanos no son bultos de mercancías que han llegado por error a un territorio y que son devueltos sin más al remitente. Ninguna persona es ilegal. Hay que proceder con arreglo a la ley y ninguna ley puede ser contraria a los tratados internacionales que se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.

Contra esta reforma de la Ley de Extranjería han alzado sus voces prestigiosos juristas, que la han tachado de inconstitucional, o instituciones como el ACNUR, la CEAR y la propia Comisión Europea.

Para intentar compensar este atropello a los derechos humanos y confundir a la opinión pública, el gobierno ha anunciado a bombo y platillo la apertura de oficinas de atención a inmigrantes en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, cuya finalidad es la tramitación de solicitudes de asilo en los casos que procedan. Otra gran mentira. Para poder llegar a esas oficinas el inmigrante debe previamente ser autorizado a salir de Marruecos. Esto no se les permite a los subsaharianos, que por encontrarse en situación irregular en ese país, carecen de libertad de circulación.

De esta forma, personas susceptibles de asilo no pueden llegar hasta el lugar donde deberían tramitarse sus solicitudes. Para ellos esas oficinas son inalcanzables, salvo saltando la valla, lo cual les convierte en objeto del “rechazo en frontera”.

Otra medida propagandística, tendente a mejorar la imagen del gobierno en materia de inmigración, es el anuncio de que los inmigrantes en situación irregular en territorio español podrán disfrutar de la asistencia sanitaria en atención primaria y no exclusivamente en urgencias, como hasta ahora. Sin embargo, el acceso a estas prestaciones se hace tan complicado que en la mayoría de los casos tampoco podrán ser beneficiarios de las mismas. El alcance y duración de la cobertura se desconoce a ciencia cierta hasta este momento.

Todas estas circunstancias denotan el carácter hipócrita y xenófobo de la política del PP en materia de inmigración. Todo es pura apariencia. Intentan conciliar el rechazo al inmigrante con el respeto a los tratados internacionales, pero no pueden resolver la ecuación porque no tiene solución. Ni siquiera en el “llévatelo a tu casa” hay verdad. Es solo una salida retórica. Una más.

Digo esto porque he conocido las vicisitudes que ha tenido que pasar una empresa que decidió contratar a un extranjero, que previamente había sido un menor no acompañado, ingresado en el Centro La Esperanza, y que al cumplir los 18 años había recibido aviso de expulsión, salvo que presentase un contrato de trabajo. A pesar que había sido acogido por una familia, que se ofrecía a mantenerlo como a sus propios hijos, la Administración actuaba de informa inflexible exigiendo su expulsión. La oferta de trabajo de la empresa, fue informada desfavorablemente por la oficina de extranjería, después de meses de tramitación, basándose en motivaciones absurdas. Solo la constancia de la empresa y los recursos formulados contra la propuesta de resolución, consiguieron que finalmente el trabajador extranjero pudiera ser contratado y con ello mantener su residencia en nuestro país.

En las próximas convocatorias electorales, los ciudadanos tendremos que decidir con nuestros votos si apoyamos esta política migratoria. De todos y cada uno de nosotros depende el refrendar o cambiar este proceder inicuo. El voto es nuestra herramienta de cambio. Usémosla bien.