Continuamente aluden a la herencia recibida del gobierno Zapatero para justificar la necesidad de adoptar medidas impopulares, de inusitada dureza, pero, según ellos, necesarias para relanzar la actividad económica del país y evitar males mayores que se habrían producido con el rescate.

En su papel de mentirosos compulsivos quieren hacernos creer que la soberanía del gobierno español en materia económica está intacta. Que nadie nos impone la obligación de adoptar medidas de austeridad en el gasto público. Que las decisiones en materia económica son responsabilidad exclusiva del gobierno del PP y que, gracias a ellas, estamos saliendo de la crisis. Que somos la admiración de todo el mundo y que crecemos por encima de la media de los países más avanzados de la Unión Europea.

La realidad es muy distinta. España es, de facto, un país rescatado. El conjunto de los españoles hemos asumido la deuda que correspondía a unos pocos. Para ser más exactos, a unos pocos privilegiados. Hemos recibido un préstamo de casi 50.000 millones de euros para rescatar al sector financiero, que no es propiedad de todos los españoles, sino de sus accionistas e inversores, que mientras obtenían beneficios cobraban dividendos y ahora que tienen pérdidas han conseguido que las asuma el Estado y por ende el conjunto de los ciudadanos.

Las razones aducidas por el gobierno para socializar las pérdidas del sector financiero se basan en la necesidad de regenerar la actividad económica a través de la recuperación del crédito bancario y en la salvaguarda de los derechos de los clientes y ahorradores, cuyos depósitos hubiesen peligrado si se hubiera dejado caer el sector.

Una vez más, razones falsas. El tiempo ha demostrado que a pesar del rescate no se reactivó ni la economía ni el crédito. Los bancos dedicaron la liquidez recuperada a comprar deuda soberana del Estado. Un negocio redondo. Recibían dinero del Banco Central Europeo al 0,25% y con él compraban deuda al 4,75%. Contaban con la garantía de devolución establecida en la reforma constitucional, llevada a cabo por el PSOE junto con el PP, del artículo 135. De esa forma, sin ningún riesgo de impago, se aseguraban un beneficio seguro.

Por otro lado, la garantía de los depósitos de los ahorradores no era tampoco una razón creíble. Los ahorros de los clientes, hasta 100.000 euros por titular, estaban asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos, constituido con aportaciones de las propias entidades financieras. Los que hubieran salido perdiendo si se hubiese dejado caer a los bancos o cajas afectados hubieran sido los grandes capitales, por encima de esos 100.000 euros. Solo una minoría privilegiada de grandes capitalistas. Pero quien más hubiese perdido hubieran sido los bancos extranjeros, principalmente alemanes y norteamericanos, a los que en tiempos de la burbuja inmobiliaria se acudió para financiar inversiones que durante mucho tiempo produjeron una alta rentabilidad. Se calcula que al inicio de la crisis el endeudamiento de la banca española en el exterior rozaba el billón de euros. La caída de la banca española hubiera arrastrado también a gran parte del sector financiero alemán y americano.

Para salvar a su propia banca, que había invertido a su riesgo y ventura en el sector inmobiliario español, había que rescatar a la banca española, pero el préstamo no se haría a las entidades quebradas, cuya solvencia era dudosa. El Estado era el que asumía el pago de la deuda. En definitiva, todos los españoles.

El ministro de Guindos nos dijo que eso no nos costaría ni un euro. Que el rescate de las entidades afectadas suponía su nacionalización, aunque evitaban a toda costa emplear ese término, y que una vez que se reprivatizaran recuperaríamos la inversión realizada para sanear sus balances. Una vez más, mentiras.

Los hechos han demostrado la falsedad de esas declaraciones. En el caso de Novagalicia Banco, se inyectaron 10.000 millones de dinero público para reflotar esta entidad en 2012. En 2014, de prisa y corriendo, se reprivatizó por apenas 1.000 millones. El banco fue adjudicado al grupo Banesco, de capital venezolano.

Así, en apenas dos años, todos los españoles perdimos 9.000 millones de euros que nos habían prometido que íbamos a recuperar. ¿Qué necesidad había de reprivatizar tan apresuradamente? ¿Por qué no se esperó a que el banco rescatado hubiese recuperado un valor más alto? ¿Por qué no se conservó como una entidad pública que hubiese competido abiertamente con un sector privado que no estaba dispuesto a aceptar las exigencias del gobierno para la recuperación del crédito bancario? Ninguna de estas preguntas tiene una explicación razonable o creíble, salvo que algunos hayan aprovechado lo peor de la crisis para obtener pingües beneficios.

Lo cierto es que la sumisión del gobierno español, tanto el del PSOE, aquél que decía que estábamos en la Champions League de la economía, que nuestro sistema financiero era el mejor del mundo y que no existía la crisis, como el del PP, han claudicado frente a las exigencias del capital internacional y sus guardianes, los gobiernos europeos y americanos, y nos han cargado a todos los españoles con una deuda impagable que no hemos contraído nosotros.

Cuando se habla de una auditoría de la deuda se trata de averiguar qué parte de la deuda que se nos ha atribuido es legítima y cuál no. Qué parte es imputable al sector público y qué parte al privado y, finalmente, que cada palo aguante su vela, como se dice vulgarmente.

Si alguien está dispuesto a que todo siga como hasta ahora, lo tiene muy claro. Solo necesita seguir votando PSOE o PP, coautores de este desaguisado. Votarles es refrendar esta política canallesca: Los beneficios para ellos, las pérdidas para nosotros.