Desde la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea), que entró en vigor el 1 de enero de 1986, Ceuta y Melilla quedaron excluidas de las políticas aduanera, agrícola y pesquera comunes de todos los países miembros de la CEE.

El tratado permitía que a instancia del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la Asamblea, pudiera decidir la integración de los territorios españoles excluidos inicialmente, en el territorio aduanero de la Comunidad y la extensión de las disposiciones vigentes en Derecho comunitario, con las adaptaciones que resultasen necesarias.

A petición del gobierno español, Canarias, que también había sido excluida del Tratado, fue integrada en las políticas comunes. Sin embargo, en cuanto a Ceuta y Melilla, no se hizo ninguna petición expresa por parte del gobierno que entonces presidía Felipe González. Era el año 1991.

Veinte años después de la inclusión de Canarias y veinticinco desde la firma del Tratado, Ceuta y Melilla siguen excluidas de esas políticas comunitarias. Las consecuencias son múltiples y todas ellas lesivas para las ciudades españolas en el Norte de África.

Desde el punto de vista político supone un reconocimiento tácito de singularidad y discriminación de nuestra ciudad en cuanto a su inclusión plena en la Unión Europea, en la que se integra, sin más excepción que la nuestra, el Estado español. Esto da argumentos a la posición marroquí que reclama sistemáticamente su derecho de soberanía sobre lo que considera territorios ocupados por el invasor español. Por eso Marruecos nunca aceptará la existencia de una aduana comercial entre Ceuta y su territorio que suponga un reconocimiento, expreso o tácito, de soberanía española sobre nuestra ciudad.

Desde el punto de vista económico, asfixia a Ceuta y Melilla, ya que impide el flujo comercial entre estas ciudades y el territorio de la Unión de productos de origen animal, agrícola o pesquero. A estos efectos, tenemos peor consideración que la de un país tercero porque no se no se nos reconoce como territorio o establecimiento autorizado por la UE para la exportación de estos productos, a pesar de que pudiéramos presentar documentación que acreditase haber realizado todo tipo de controles sanitarios, como exige la legislación comunitaria.

En la práctica esto supone que ningún producto, cuya composición contenga más de la mitad de materias de origen animal puede ser exportado fuera de Ceuta. Por supuesto animales vivos, tampoco. Pescado fresco o en conserva, queda también excluido.

Hasta el año 2008 había una cierta permisividad en la aduana de Algeciras. A partir de esa fecha, como consecuencia de un dictamen del ministerio de Agricultura, a petición de la Abogacía del Estado, queda terminantemente prohibido el tráfico de productos de origen animal desde Ceuta y Melilla hacia el territorio de la Unión. Hoy en día hay una única excepción, por decisión de un subdirector general del ministerio, que desconoce el principio de jerarquía normativa, quien mediante una resolución decidió admitir la circulación de equinos, previo el cumplimiento de todos los controles y requisitos exigidos a países terceros. El día que se enteren las autoridades comunitarias, acabarán prohibiéndolo también.

Por lo tanto, todos los proyectos empresariales que se han presentado en Ceuta como la solución a los problemas económicos y de empleo que nos afectan, no son más que patrañas e inventos de unos políticos ineptos que han dilapidado cantidades ingentes de dinero público en proyectos absolutamente inviables.

Ninguna empresa de acuicultura será viable si no puede vender sus productos fuera de Ceuta. Las mejilloneras, que obtuvieron ayudas y subvenciones, solo podrán tener mercado en nuestra ciudad. Ni un solo mejillón podrá venderse en el exterior. Las anunciadas fábricas de conservas de pescado, serían un timo. La elaboración de productos lácteos y derivados, como los de la empresa Alice, tampoco pueden ser exportados. Enterrar dinero público en estos proyectos condenados al fracaso es una estafa a todos los ceutíes y un despilfarro que debería ser objeto de una sanción ejemplar.

Podemos admitir que la culpa de esta situación de abandono que padece nuestra ciudad es, en primer lugar, responsabilidad de los gobiernos que han dirigido el Estado desde 1986. Las razones ya las conocemos. Ningún gobierno español hará nada en relación con Ceuta y Melilla que pueda molestar al gobierno marroquí o menoscabar el fuste de su reivindicación soberanista.

Pero no cabe duda que los gobiernos de Ceuta, el actual y los anteriores, sumisos y serviles hasta la humillación, son también responsables por no haber mantenido una actitud más enérgica y beligerante en la defensa de los derechos de nuestra ciudad y de sus habitantes. Algún día pagarán por ello.