El Gobierno ha sacado adelante su propuesta de modificación del sistema de pensiones de la Seguridad Social. El cambio supone aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años y el período de cotización exigible para obtener el 100 por 100 de la base reguladora, de 35 a 37 años. Podrán seguir jubilándose a los 65 años, con la totalidad de la pensión, aquellos que al cumplir dicha edad acrediten un período de cotización efectiva de 38 años y medio.

Esta reforma ha contado con el apoyo parlamentario del PSOE, partido que sustenta al gobierno de Zapatero, y de sus eventuales socios parlamentarios PNV y Coalición Canaria. El PP, sin discrepar en el fondo, se ha abstenido, a sabiendas de que el dictamen con las recomendaciones para el Pacto de Toledo se aprobaría con los votos de los demás. Esta es su postura habitual. Cuando los demás hacen el gasto político para hacer lo mismo que harían ellos no es necesario quemarse votando a favor. Basta con la abstención cómplice.

Tras garantizarse una mayoría parlamentaria, el Gobierno ha buscado un respaldo social mediante la suscripción de un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Los sindicatos han firmado el acuerdo con la excusa de que han evitado un mal mayor, ya que la propuesta inicial del gobierno era mucho más lesiva para los intereses de los trabajadores que la que finalmente se ha pactado.

Lo que inicialmente era una exigencia sindical de no ampliar la edad de jubilación, ahora se trueca por una escala flexible y por supuestas contrapartidas en el desarrollo reglamentario de la ley de Reforma Laboral. Las líneas rojas que no se debían traspasar se han difuminado y ahora no son el límite del non plus ultra.

Se ha celebrado como una victoria, con fotos y sonrisas incluidas, lo que en mi opinión es la mayor derrota sindical de los últimos treinta años.

La necesidad de esta reforma se apoya en informes de eminentes economistas al servicio de la banca y de la patronal o, incluso, del gobierno, que para el caso es lo mismo. Nadie toma en consideración, si embargo, informes de otros economistas, tan ilustres o más que los que apoyan las tesis del Gobierno, que niegan que el sistema financiero de la Seguridad Social pueda entrar en crisis si se mantiene en los parámetros actuales.

Las cuentas de la Seguridad Social en 2010, en plena crisis económica, presentan un superávit de 2.383 millones de euros al cierre provisional del ejercicio. Un sistema de pensiones no entra en crisis de un día para otro. Máxime cuando las medidas que se adoptan no tienen un efecto inmediato, sino diferido en el tiempo a más de quince años.

Ningún partido político llevó en su programa electoral para esta legislatura la necesidad de reformar el sistema de pensiones. El exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hace poco más de un año negaba rotundamente la posibilidad de reformar el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Pregonaba la bonanza del sistema y avalaba su discurso con resultados económicos de los últimos ejercicios presupuestarios y con la cantidad existente en el Fondo de Reserva, que en 2009 superaba los 58.000 millones de euros.

En un sistema financiero de reparto simple, como es el de la Seguridad Social española, solo hay una posibilidad de desequilibrio: que el número de cotizantes activos no sea suficiente para mantener al de mutualistas pasivos. Esto solo se produciría si aceptamos convivir ad aeternum con una tasa de paro del 20 por 100 de la población activa. Es decir, si nos resignamos a no bajar de cinco millones la cifra de parados.

Por lo tanto, o nos mienten cuando nos dicen que la reactivación económica y la creación de empleo está a la vuelta de la esquina o lo hacen cuando auguran un desequilibrio económico del sistema público de pensiones.

En cualquier caso, si las reformas adoptadas no van a tener un efecto inmediato sino que sus consecuencias se verán a partir de 2027, por qué resulta tan urgente adoptar hoy estas medidas. Por qué no se espera a la celebración de elecciones, como muy tarde en marzo de 2012, tras incluirlo en los respectivos programas electorales y tras un amplio debate social sobre la necesidad o inutilidad de estas reformas.

La respuesta es sencilla y la ha proporcionado el Gobierno. Se trata de intentar calmar a los mercados. Transmitir a los inversores y especuladores internacionales que el gobierno de España está dispuesto a adoptar medidas, aunque sean impopulares, para hacer los ajustes presupuestarios que sean necesarios para garantizar el pago de la deuda. Es solo un gesto destinado a transmitir confianza a los mercados. Una confianza que hemos perdido y que no recuperaremos, hagamos lo que hagamos, mientras gobierne ZP.

La respuesta sindical a este despropósito no debería haber sido el consenso y la corresponsabilidad en la firma de un acuerdo que supone un retroceso en el sistema de protección social de los trabajadores y trabajadoras de este país y que ofrece una inmerecida tabla de salvación al gobierno de ZP.

Es verdad que en este momento histórico los sindicatos están debilitados y no tienen fuerza para convocar una movilización social que impida que el Gobierno perpetre una nueva agresión a los derechos de los trabajadores. Pero también es verdad que al menos podrían expresar su desacuerdo. Si el Gobierno quiere hacerlo, que lo haga, pero sin pretender la bendición y la complicidad de los sindicatos. Que haga este viaje en solitario y que se escenifique claramente la fractura social que supone esta decisión política.

Yo soy afiliado y militante del sindicato CCOO. Es para mi un timbre de honor pertenecer a la organización más noble y democrática que conozco, pero eso no significa que tenga que estar siempre de acuerdo con las decisiones que adoptan sus órganos de dirección confederal, por mucha legitimidad democrática que tengan. Yo niego la mayor en este caso. No es necesario desde un punto de vista objetivo hacer esta reforma en este momento.

Por eso discrepo abierta y públicamente de la decisión de respaldar sindicalmente la reforma del sistema de pensiones y quiero dejar constancia de que no me siento representado en esa decisión. Podrán haber firmado un acuerdo, pero no con mi firma.