Hasta principios del siglo XX no conseguimos liberarnos del calificativo infamante de presidios que los propios españoles nos habían atribuido. Sin embargo, esta es la forma peyorativa en la que las autoridades marroquíes se refieren a nuestra ciudad cuando esgrimen sus inconsistentes argumentos soberanistas en cuanto tienen la menor ocasión.

Ahora, cuando hemos entrado en la segunda década del siglo XXI, el Gobierno español, con el beneplácito del de la Ciudad Autónoma, ha decidido devolvernos ese triste apelativo y abonar así las tesis anexionistas de Marruecos, que insiste machaconamente en su reivindicación, apoyándose también en la propia singularidad que el ordenamiento jurídico español atribuye a nuestra ciudad, desgajada de la organización territorial del Estado que diseña la Constitución.

La inversión estelar del Gobierno de Rodríguez Zapatero, de la que alardea sin rubor del PSOE local, consiste en la construcción de una macroprisión para más de 2.000 reclusos, que nos devolverá ese infame título de ciudad-presidio.

La propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias está extrañada de que la construcción de una instalación de ese tipo no haya suscitado un amplio rechazo entre la población ceutí. De hecho, existía dotación presupuestaria para financiar una campaña publicitaria de mentalización, con la intención de evitar el rechazo que habitualmente produce este tipo de construcciones en las proximidades de cualquier localidad española. Gracias a la defensa entusiasta del proyecto que ha realizado el Gobierno de Vivas esta campaña ha sido innecesaria. La ha hecho gratuitamente el propio Presidente, con la colaboración de su guardia de corps mediática.

El problema no es que haya una nueva prisión, que debería haberla desde hace muchos años. La de Los Rosales es un lugar indigno, tanto para los reclusos como para los propios funcionarios. El problema, como digo, es la desproporción. La capacidad de ese centro penitenciario es mucho mayor que la que exige la población reclusa que realmente genera esta ciudad. La nueva prisión será un lugar de alejamiento para los presos peninsulares especialmente conflictivos o de acercamiento para los reclusos de nacionalidad marroquí, cuyas familias no tendrán que desplazarse a la península para visitarlos. Así se evitarán riesgos de asentamientos ilegales de personas que, al amparo de un visado, decidan no regresar a su país y permanecer clandestinamente en la península o desplazarse a otros países europeos. Es posible que el Gobierno decida también convertirla en una prisión especializada en reclusos de religión islámica, lo que simplificaría problemas logísticos, como el de la alimentación, que ya se vienen produciendo en otras prisiones de la península. Dicen también, que podría ser el lugar donde fuesen recluidos los presos de Guantánamo que el Gobierno español se comprometió a recibir para facilitar el cierre de ese infame lugar.

No es, en sí mismo, el tamaño de la prisión lo que generará perjuicios a la población local. Es la incapacidad de una ciudad, en la que el paro es una lacra endémica, para integrar a la población reclusa que se encuentre en tercer grado o que obtenga un permiso y que quede inmovilizada de facto en la ciudad. Se impedirá su desplazamiento a la península de la misma forma en la que se impide la libertad de circulación de los inmigrantes subsaharianos. Al extranjero tampoco podrán salir por razones obvias. El número de reclusos que semanalmente podrán encontrarse en esa situación puede ser, aproximadamente, de 500. Una cifra que esta ciudad no puede asumir. Será el índice más alto de población reclusa por habitante de todo el Estado. Esto supondrá, inevitablemente, un aumento de la inseguridad ciudadana.

Habrá también quien haga un gran negocio vendiendo contratos laborales a aquellos que puedan pagarlos para conseguir el ansiado tercer grado. Será una relación laboral fingida, de la que ya hay varios precedentes en la actualidad. Un fraude más en la ciudad del fraude.

Nuestro destino ya ha sido escrito. PP y PSOE lo han diseñado de común acuerdo. Tristemente, los ceutíes hemos perdido la capacidad de indignación. Hemos asumido, de manera fatalista, un papel subalterno con respecto a otros territorios del Estado. Por eso, también nosotros, somos culpables.