MAYOR TRANSPARENCIA

Para ello, la nueva Ley de Suelo incrementará notablemente la transparencia de los planes y los convenios urbanísticos, que a partir de ahora deberán ser sometidos previamente a exposición pública, con el fin de que la ciudadanía pueda valorar con mayor grado de conocimiento la planificación urbanística que se prevé llevar a cabo. Gracias a lo cual, se garantiza el derecho de los ciudadano y ciudadanas a participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.

Además, con la nueva Ley desaparece la obligación de clasificar todo el suelo no especialmente protegido como urbanizable, como establecía la Ley aprobada por el PP en el año 1998, que además de incentivar la especulación ha comportado un crecimiento urbanístico desmesurado e insostenible.

Por otra parte, también se contempla la participación de la comunidad en las plusvalías, estableciendo una horquilla entre el 5% y el 15% y que los terrenos que se entreguen a la Administración se destinen efectivamente a vivienda protegida y no a cualquier otra cosa. En la misma línea, la Ley también establece un nuevo régimen de valoración del suelo, atendiendo a la situación real en el momento de la tasación y no a las expectativas futuras.

MÁS VIVIENDA PROTEGIDA

Otro aspecto destacado es el relativo a la reserva de suelo público para la construcción de vivienda protegida en los desarrollos urbanísticos, que deberá ser como mínimo del 25%. Hay que destacar que la Ley del Suelo de 1998 no contemplaba esta cuestión, lo que ha hecho posible que en comunidades como Baleares o la Comunidad Valenciana el porcentaje destinado a la vivienda protegida sea del 0%.

UN INSTRUMENTO MAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

En la tramitación parlamentaria de la Ley de Suelo se ha incorporado un decálogo de medidas para luchar contra la corrupción urbanística, que ha sido respaldado por todos los grupos a excepción del PP. Así, se establece la obligación de los cargos municipales de presentar una declaración de bienes patrimoniales antes de tomar posesión y en el momento de su cese.

A su vez, durante los dos años siguientes al fin de su mandato, éstos no podrán trabajar en empresas relacionadas con las competencias del cargo que ocuparon. Sorprende, cuanto menos, que haya sido el PP, el partido con el mayor número de cargos públicos imputados por escándalos urbanísticos, el único que se ha opuesto a las medidas anticorrupción.