MADRID- El pasado 13 de octubre se supo que Arnaldo Otegi y otras nueve personas habían mantenido reuniones en relación a una propuesta política del propio Otegi que la izquierda abertzale pretendía impulsar para volver a las instituciones por medio de un supuesto distanciamiento de la violencia.
Ese día, la sonrisa cínica del portavoz de la ilegalizada Batasuna volvió a ser inmortalizada por las cámaras cuando era conducido esposado. Está –están todos los detenidos– acusados de recomponer la «mesa nacional», para lo que habían creado un órgano denominado «Bateragune», cuya traducción al castellano significa «todos juntos» o lugar de encuentro.
Tras este golpe de las Fuerzas de Seguridad para impedir el renacimiento de Batasuna, el siguiente paso bien podría apuntar a los reductos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que perviven en los ayuntamientos del País Vasco desde las elecciones municipales de mayo de 2007.
Entonces, en plena tregua de ETA, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, impugnó 110 de las 265 candidaturas de ANV, lo que permitió su entrada en decenas de consistorios.
En la apertura del Año Judicial,  el fiscal del Estado abogó por cambiar la ley para impedir que los concejales de ANV continúen en sus cargos después de que –en septiembre de 2008– el Tribunal Supremo ilegalizara la formación a instancias del Ministerio Público. En palabras de Conde-Pumpido, «se trata de poner coto a una situación difícilmente aceptable en democracia: que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido político que luego ha sido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista puedan seguir ostentando el Gobierno de las corporaciones municipales».
Para conseguir ese objetivo, el fiscal general del Estado reclama que debe modificarse la vigente Ley de Bases de Régimen Local, en concreto su artículo 61. Por el contrario, el Partido Popular considera que este texto legal, tal como está articulado, ya abre la puerta a la disolución de un ayuntamiento en el supuesto de «gestión gravemente dañosa para los intereses generales».
Desacuerdos
Una diferencia de criterio que puso de manifiesto también el desacuerdo en este punto entre el PSE del lendakari Patxi López y su socio de Gobierno, el PP vasco de Antonio Basagoiti. El pasado 23 de septiembre, ambos partidos escenificaron sus diferencias al votar una iniciativa de UPyD que pedía al Gobierno de España que disolviera los consistorios de ANV en aplicación del artículo 61,1 de la mencionada ley. El PSE votó en contra.
El portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, basaba su negativa en que la propuesta firmada por PP y UPyD «fuerza» la Ley de Bases de Régimen Local y «va más allá» del texto de la norma. Según indicó, «todos los dictámenes jurídicos que se han emitido hasta la fecha coinciden en que, con la ley actual, no se puede negar a las personas electas el derecho a permanecer en los cargos públicos para los que fueron elegidos aunque haya sentencias de ilegalización».
En el PP tienen una visión muy distinta. Juana de Bengoechea, concejala popular en Irún y vicesecretaria del PP en el País Vasco, asegura que «ningún juez ha emitido sentencia en un caso semejante con la ley actual». En su opinión, la pregunta clave es: «¿No condenar el asesinato de un vecino a manos de los terroristas de ETA puede considerarse gestión gravemente dañosa para los intereses generales?». Según el artículo 61,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, serán «decisiones gravemente dañosas» para ese interés general «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
El orden lógico de los hechos sería que el Ejecutivo nacional o las diputaciones forales disolvieran los ayuntamientos de ANV basándose en ese artículo 61, lo que daría ocasión a que un magistrado «interpretara la norma» y fallara para «saber si es suficiente» según está articulada, apunta Bengoechea.
El siguiente paso sería nombrar gestoras que administrasen los consistorios –como se hizo en Marbella–, pero el Gobierno no está por la labor. Ha actuado para defenderse de las actuaciones contra derecho de estas administraciones locales, e incluso les ha ganado en algún caso en los tribunales, pero no aplica la ley con la disolución como objetivo.
Al Grupo Mixto
Mientras, los ediles de ANV permanecen en sus cargos después de que su formación haya vivido una suspensión penal por un auto del juez Baltasar Garzón y una ilegalización por una sentencia del Supremo. Así, el magistrado de la Audiencia Nacional suspendía en febrero de 2008 explícitamente al partido ANV y, en segunda comunicación, a los grupos municipales de ANV. En la mayoría de las corporaciones se consideró que el auto sí permitía que los grupos municipales de la formación pasasen a ser «grupos mixtos».
La Sala 61 del Supremo, por su parte, ilegalizaba en septiembre de 2008 al partido y hacía alusión a «entidades continuadoras». En aquella ocasión, en la mayoría de los ayuntamientos se estimó que la sentencia imposibilitaba que los concejales pasasen a formar «grupo mixto» y que, forzosamente, habían de ser considerados «concejales no adscritos». Sin embargo, el fallo no fue comunicado a las instituciones, por lo que no existía conocimiento oficial y no tenía por qué surtir efectos en ese momento.
La comunicación a ANV de la sentencia debiera haber provocado la desaparición de los grupos municipales de esta formación y la imposibilidad de que formaran «grupos continuadores», como serían los «grupos mixtos». Había dudas entonces de que existiera una conexión jurídica probada entre un partido político y el grupo institucional. De hecho, en el Congreso de los Diputados se ha visto el préstamo de electos para formar grupos: los electos que se presentan en una lista no tienen por qué coincidir con los que forman grupos institucionales. No faltaron por este motivo defensores de que la sentencia de ilegalización sobre el partido no afectaba a los grupos municipales mientras no hubiera una pronunciación explícita y oficialmente comunicada por el tribunal en ese sentido.
Pero, en la primavera de este año, el Supremo especificó que el cumplimiento de la sentencia exigía la disolución de los grupos municipales de ANV y la imposibilidad de formar un «grupo mixto», porque se le consideraría «continuador». Y es que hasta ahora, tanto la doctrina del Supremo como la del TC han incidido en que el escaño no pertenece al partido, sino a los electores que lo han hecho posible con sus votos.
 

Artículo 61

El precedente de Marbella
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local sólo se ha aplicado hasta ahora en el Ayuntamiento de Marbella. Dice así:
1.- El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2.- Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3.- Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales (...).
 

El PNV les advierte del riesgo de relacionar nacionalismo y ETA

La Sala el artículo 61 del Tribunal Supremo -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en los  ayuntamientos que aún contaban con esta formación, así como el grupo   de este partido en las Juntas Generales de Alava, en ejecución de la sentencia que ilegalizó la citada formación política en septiembre de 2008.    
   El auto acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Alava y a los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".    
   Reconoce el auto que de los 125 ayuntamientos que contaban con grupo de ANV a finales del pasado año, y tras la disolución de los mismos acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -enmarcada en su investigación penal al respecto-, sólo quedaban unos cuantos consistorios con grupo municipal propio de la formación   ilegalizada.   
    Respecto del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria (ezker abertalea), la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto" pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el   pasado 9 de enero.   

CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN.   
   No obstante, se consigue que el dinero al que el citado grupo parlamentario tenían derecho a percibir vía subvenciones no les sea  entregado y será el actual Parlamento Vasco el que decida el fin al  que se destinan dichas cantidades, sin que en ningún caso puedan directa o indirectamente financiar al PCTV, según señalaron fuentes jurídicas.   
   Respecto a ANV, este auto determinará que todos los concejales electos por ANV vean disueltos sus grupos municipales -allá donde   existan-, que dejen de entregarse cantidades en cualquier concepto a   dichos grupos y que los concejales de la formación ilegalizada pasen a ser miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones.   
   Ambas resoluciones fueron notificadas hoy, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para   deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el   pasado mes de diciembre.   
   Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV -dictadas en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos- y dio un   plazo a los ayuntamientos a las juntas de Alava para que alegaran lo   que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.   
   Ambos autos rechazan todos los argumentos esgrimidos por los grupos electos afectados por la ilegalización, en coincidencia con los informes emitidos al respecto por la Abogacía y por la Fiscalía.   
   Afirma la Sala del 61 que "es innegable (...) que en el terreno de la sociología política, los grupos parlamentarios son una genuina   emanación del los partidos políticos" y que esta conexión está   reconocida en la propia Ley de Partidos.   
   "Si la actuación de los grupos políticos formados por un partido político puede ser determinante de su ilegalización, parece natural   consecuencia de la disolución judicial del partido político la   disolución de los grupos que se hayan constituido como emanación del   mismo", añade la resolución.   
   Los argumentos del Supremo reiteran los contenidos en el auto dictado por esta misma Sala en mayo de 2003 por el que se acordó la disolución del grupo parlamentario formado en el Parlamento Vasco por los parlamentarios pertenecientes a la también ilegalizada Batasuna.   

SITUACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS.   
   El requerimiento que se realizó en diciembre por el Tribunal   Supremo se realizó a 125 ayuntamientos que contaban con grupo municipal de ANV, si bien el resultado de las notificaciones   efectuadas o intentadas a los portavoces de estos grupos municipales   ha puesto de manifiesto que sólo en algunos municipios existe en la   actualidad tal grupos.   
   En algunos casos, el grupo municipal de ANV se disolvió como   consecuencia de la orden de suspensión del Juez Central de Instrucción número 5, y sus integrantes pasaron a incorporarse a un   grupo mixto.    
   En otros, según reconoce el auto, los candidatos presentados por   ANV están actuando sin incorporarse a ningún grupo, "sin que pueda   determinarse si eso ocurre desde la constitución del ayuntamiento o   desde la suspensión de ANV" acordada por Garzón.