La lucha por el control total del poder político en Bolivia se ha cobrado dos nuevas bajas en la oposición tras la decisión judicial de enviar a la cárcel a los alcaldes suspendidos de Sucre y Potosí, mientras se apuran los procesos -con 55 acusaciones- contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, y el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, cuyo juicio comenzará el 29 de noviembre.

La oposición boliviana ha logrado frenar, de momento, la aprobación de una ley transitoria de autonomías que supondría la inhabilitación de tres gobernadores electos. El presidente, Evo Morales, tenía previsto firmar el lunes la ley, pero la oposición presentó una apelación ante la Cámara de Diputados para que sea revisada, en un intento de excluir por inconstitucionales los artículos que establecen que los gobernadores puedan ser suspendidos de funciones tras ser acusados formalmente por un fiscal.

Hace seis meses un operativo policial acabó con la vida de tres europeos en un hotel de la localidad boliviana de Santa Cruz. Desde entonces, los escollos políticos y judiciales están complicando las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que no ha constatado la existencia de una conspiración para asesinar al presidente, Evo Morales, ni tampoco movimientos secesionistas regionales que motivaran la acción policial.

Una mujer boliviana demandará al Gobierno por usar su imagen junto al presidente Evo Morales sin su consentimiento en un anuncio para hacer campaña electoral, informó hoy a Efe la afectada, Valdramina Carvallo.

En un operativo en el que utilizó gases lacrimógenos, la Policía de Bolivia desbloqueó hoy la carretera hacia Chile que estaba cortada desde el lunes por un grupo de manifestantes que reclaman al Ejecutivo solucionar un conflicto de límites con una población vecina.