El rey Alberto II de Bélgica va a pagar una parte de las obras que se realizarán próximamente en el Palacio Real para adecuarlo a eventos oficiales de importancia, según anunció hoy un comunicado de la Casa Real.
       El monarca, "preocupado por la situación presupuestaria del Estado federal", ha propuesto al primer ministro, Herman Van Rompuy, que la dotación de la Casa Real se haga cargo de una parte de las obras hasta un máximo de 600.000 euros, señala la nota.
       Las obras son necesarias para acoger la cumbre Europa-Asia (ASEM) durante la presidencia belga de la Unión Europea, en el segundo semestre del año próximo, a la que se prevé la asistencia de 47 jefes de Estado y Gobierno de ambos continentes.
       La propuesta ha sido aceptada por el primer ministro y "no comporta modificaciones a las obligaciones del Estado respecto a las residencias reales", añadió el comunicado.
       Las obras en el Palacio Real tendrán un presupuesto de entre 1,8 y 2 millones de euros, según indicaron fuentes de la Dirección de Edificios del Gobierno citadas por medios locales.
       Añadieron que, de cara a la cumbre de la ASEM, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2010, se prevé revisar la instalación eléctrica y los sanitarios del Palacio, así como renovar la pintura y repasar el parqué.
       Los monarcas belgas no residen en el Palacio Real, situado en pleno centro de Bruselas, sino en el de Laeken, mucho más pequeño y práctico, ubicado a las afueras de la ciudad.
       Los medios belgas recuerdan que Alberto I, abuelo del actual monarca, renunció a finales de los años 20 del siglo pasado a la indexación automática de la dotación de la Casa Real, también debido a la delicada situación económica del país.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido hoy al Gobierno de que "no se puede tratar a unos mejor que a otros" a la hora de distribuir la financiación porque el dinero que se reparte lo pone el contribuyente y no "el bolsillo generoso de Rodríguez Zapatero".
    Tras colocar la primera piedra de un centro de salud en la localidad madrileña de Alcobendas, Aguirre ha rechazado el modelo de financiación autonómica que ayer le entregó el Gobierno, al considerar que se basa en datos de población de 2007 y, por tanto, que omite a 300.000 madrileños.
    Así mismo, ha criticado que al repartir la financiación entre las autonomías se utilicen parámetros como la franja de edad de la población o el bilingüismo, y ha dicho que si esto es así, "que nos financien también nuestra parte, porque Madrid también es bilingüe español-inglés" en la enseñanza pública.
    En este sentido ha advertido de que a la Comunidad de Madrid le cuesta "mucho dinero" enviar a los profesores de los colegios públicos -y desde el próximo curso, también de los institutos- a la "inmersión lingüística" en países anglosajones y ha exigido que también se valore esta circunstancia.
    La presidenta regional ha demandado al Gobierno un trato igualitario para todas las comunidades y ha advertido de que "no es momento de particularismos o de localismos" sino de tratar a Madrid como a todos, ya que "nosotros tenemos los mismos derechos y no somos de peor condición".
    Ha recordado además que la financiación es algo "muy serio" porque con ella las comunidades sufragan el coste de "servicios públicos esenciales" para los ciudadanos como la sanidad, la educación o los servicios sociales y porque "el Estado somos todos" y "la mayor cantidad de recursos" del Estado los aporta "el contribuyente".
    Aguirre ha precisado que a la Comunidad de Madrid "le parece bien" que el Gobierno tenga en cuenta parámetros de insularidad o dispersión geográfica para favorecer más a ciertas autonomías, pero ha añadido que "lo que no nos parece bien" es que el presidente le garantizara en enero que contabilizaría a 6,4 millones de madrileños censados por el INE, y ahora, en el nuevo modelo de financiación, "nos quite 300.000".
    Este hecho, ha asegurado, unido al parámetro de la "franja de edad", que "deja sin contabilizar" otros 600.000 madrileños hace que 900.000 ciudadanos queden fuera de la financiación sanitaria, a pesar de que tienen "los mismos derechos que todos".
    La presidenta ha insistido en que Madrid "es una comunidad solidaria y lo va a seguir siendo" y por eso no va a aceptar un modelo en el que, pese a reconocer la población, disminuya la financiación per cápita, porque sería hacer "un mal negocio".
    Por eso, ha exigido que la población madrileña "se financie, al menos, igual que como estaba".
    Por su parte, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, también se ha referido a este asunto que según ha dicho, le ha dejado "absolutamente perplejo" pues "nadie sabe por qué se están comprando apoyos en el Congreso a través de la financiación sin explicarlo a quien se sabe que habitualmente no va a dar su apoyo".
    García de Vinuesa ha criticado además que "sigamos sin hablar de financiación local" y que los ayuntamientos se vean obligados a "buscar fórmulas muy singulares" como el Plan E para poder pagar las inversiones necesarias en sus municipios.