- viernes 19 abril 2024
El número de desahucios registrados en España en el primer semestre de 2013 se situó en 19.567, de los que 15.451 fueron vivienda habitual y 4.116 suponían otro tipo de vivienda, según los datos hechos públicos este martes por el Banco de España. Los primeros datos publicados por la institución a diciembre de 2012 situaban el número total de desahucios en 23.774, de los que 20.540 fueron entregas judiciales de vivienda vacía y 3.234 correspondieron a viviendas ocupadas. En concreto, entre enero y junio de 2013 se entregaron judicialmente un total de 18.256 viviendas vacías y 1.311 viviendas ocupadas. En 88 casos se produjo la intervención de las fuerzas del orden (59 de ellos en una vivienda habitual).
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau ha alertado de que en los próximos meses se va a vivir en España una segunda oleada de desahucios debido a que muchas personas refinanciaron sus hipotecas al principio de la crisis para pagar una cuota menor (en la mayoría de casos, abonando sólo intereses), y ahora terminan estas condiciones especiales. "Cada vez llegan más personas que han pagado alrededor de 100.000 euros de hipoteca y ahora deben igual o más porque la cuota ha bajado durante unos años pero ha subido su deuda", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios durante la presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.
El Gobierno vuelve hoy a afrontar preguntas sobre los desahucios en la sesión de control en el Congreso, en la que la oposición pedirá también detalles sobre las nuevas medidas económicas que aprobará el viernes y sobre otra reforma que centra parte del debate político: la de la ley aborto.
El principal partido de la oposición quiere que el decreto-ley sobre la Función Social de la Vivienda aprobado ayer por la Junta de Andalucía se extienda por todo el Estado. Por eso, el PSOE instará al Gobierno a hacer suya esa propuesta que contempla, entre otras medidas, la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio, "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas", y sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías.
Más de 50 juristas españoles han firmado un manifiesto para apoyar expresamente la Iniciativa Legislativa Popular que tramita el Congreso de los Diputados para resolver el drama de los desahucios, lo que consideran "una obligación moral" y una "cuestión de vida o muerte" en los tiempos que corren. El documento avala expresamente la dacion en pago retroactiva para liquidar una deuda hipotecaria y la paralización de los desalojos, en ambos casos cuando afecten a la vivienda habitual.
La portavoz de la PAH, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO, ha pedido al Gobierno que rectifique y respete los mínimos de la ILP contra los desahucios que se vota hoy en comisión parlamentaria.
Muy clara ha sido la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, durante su intervención en la rueda de prensa que ofrecía este martes junto a los líderes de los sindicatos, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), que forman parte de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la formación de un parque público de viviendas destinadas al alquiler social.
El PP ha decidido finalmente fusionar los textos del proyecto de ley Antidesahucios del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago retroactiva antes de comenzar el debate sobre los posibles cambios, una opción contra la que se ha manifestado el PSOE, que prefería mantener dos textos y que reclama nuevas comparecencias de los promotores de la ILP para defender sus propuestas. Es la primera vez en la historia de la democracia que se debatirán dos textos en uno.
La delega de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha matizado este martes las declaraciones de este lunes en las que aseguró que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) apoyaba a "grupos proetarras" al concretar que esta acusación sólo se dirigen contra el grupo Stop Desahucios de Bizkaia que, según asegura, ha respaldado manifestaciones de apoyo a los presos de ETA.