Un tribunal argentino condenó hoy a cadena perpetua al ex general Jorge Olivera Róvere por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, al cabo de un proceso considerado, en términos de cantidad de víctimas, el más importante desde el histórico juicio a las Juntas Militares, en 1985.

El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires sentenció además a la misma pena al coronel retirado Bernardo Menéndez y absolvió a los ex militares Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Teófilo Saá.

Olivera Róvere, de 82 años y mano derecha de Carlos Suárez Mason, uno de los símbolos de la dictadura, y los otros antiguos militares fueron juzgados a partir febrero pasado por más de 120 secuestros y desapariciones en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

Sólo nueve de las víctimas sobrevivieron y, entre quienes no tuvieron esa suerte, están el escritor argentino Haroldo Conti, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Rodríguez Ruiz, y los guerrilleros tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

La mayoría de las víctimas estuvo detenida ilegalmente en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco, Olimpo y Automotores Orletti.

Luis Bonomi, uno de los abogados de la acusación, consideró "indignante" el fallo de los jueces, a los que cuestionó duramente por las tres absoluciones y por permitir que los dos condenados permanezcan en libertad hasta que la sentencia sea reafirmada por un tribunal superior.

Antes de escuchar el veredicto, Olivera Róvere, que llegó al juicio excarcelado, dijo no haber impartido órdenes que "lesionaran los derechos humanos" y consideró que hubo una "mendaz exageración" de la represión, que dejó 30.000 desaparecidos, según los organismos humanitarios.

El fiscal federal Félix Crous había solicitado en sus alegatos cadena perpetua para Olivera Róvere y para Menéndez, y 25 años de prisión para Alespeiti, Lobaiza y Saá.

Miles de ciudadanos uruguayos se manifestaron este martes para apoyar la anulación de una ley de amnistía que impide juzgar a militares acusados de violar los Derechos Humanos durante la dictadura, a cuatro días de que se celebre un referéndum en el que la ciudadanía decidirá sobre la anulación de dicha norma.
La multitudinaria marcha por Montevideo se produjo un día después de que la Corte Suprema de Justicia declarase inconstitucional la ley que impedía acusar a los militares que incurrieron en delitos durante el régimen militar vigente entre 1973 y 1985. Los manifestantes marcharon con las fotografías en blanco y negro de los rostros de los más de 200 desaparecidos durante ese período, así como banderas rosadas en alusión al color de la papeleta que promueve la anulación de la norma. Entre los asistentes al acto se encontraban varios hijos de desaparecidos y el premio Nobel de la Paz, el escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel. “La ley ‘de impunidad’ (...) es una triste herencia de la dictadura militar que nos ha condenado al pago de sus deudas y al olvido de sus crímenes”, declaró el escritor uruguayo Eduardo Galeano al finalizar la manifestación.
La medida de amnistía obliga a la justicia de Uruguay a consultar al Gobierno antes de comenzar una investigación por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar. El ejecutivo del izquierdista Frente Amplio excluyó algunos casos de la ley alegando que las víctimas fueron secuestradas en Argentina durante operaciones conjuntas de Inteligencia de las dictaduras de ambos países y luego trasladadas a Uruguay.
Para que ésta sea derogada en el referéndum del domingo, la nulidad deberá superar el 50 por ciento de las adhesiones. “Hace 20 años esta ley infame fue confirmada en un plebiscito popular, y algunos de los impulsores de aquel plebiscito estamos reincidiendo ahora a mucha honra”, dijo Galeano. “Perdimos por muy poco, pero perdimos. Creemos que esa derrota fue dictada por el miedo (...) Nuestro país ha demostrado, en estos primeros años de Gobierno del Frente Amplio, que ya no es aquel país paralizado por el miedo”, agregó.
El ex presidente Tabaré Vázquez ordenó durante sus años en el poder, excavaciones en predios militares en busca de restos de desaparecidos, lo que permitió encontrar los cuerpos de dos víctimas de la dictadura.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Valencia a Juan Alberto Poch, un piloto comercial de nacionalidad holandesa pero de origen argentino, por su participación en los llamados "vuelos de la muerte", en los que desaparecieron más de 1.000 personas durante la dictadura argentina.
El piloto, reclamado por la Justicia de ese país por cuatro procesos penales, fue detenido cuando efectuaba una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises, antes de regresar a Amsterdam como comandante de un avión de pasajeros.
Teniente de Fragata y piloto naval durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada, Foch se había retirado de las fuerzas armadas argentinas y era ahora comandante de la compañía holandesa de "bajo coste" Transavia, para la que volaba a diferentes destinos europeos, entre ellos Valencia.
La Policía Nacional pudo confirmar a través de INTERPOL que el fugitivo había adoptado la nacionalidad holandesa y pilotaba con relativa frecuencia el vuelo que, procedente del aeropuerto de Schipol llegaba a Manises y regresaba a su punto de origen tras una escala de unos 40 minutos.
El arresto de Foch apenas produjo un ligero retraso en el vuelo de regreso a Holanda, ya que se había previsto un nuevo comandante con antelación.
La detención ha sido posible gracias a las pesquisas del Grupo de Localización de Fugitivos, con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, e informaciones provenientes de la Agencia Tributaria.