El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha autorizado la celebración de dos actos convocados para hoy y mañana, jueves, en Santurtzi (Vizcaya) en homenaje a "presos y huidos" de ETA, al considerar que "no se desprenden suficientes elementos como para   apreciar" la comisión de sendos delitos de enaltecimiento del terrorismo.   
   En un auto dictado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 sostiene que, al contrario de lo defendido por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclamó la prohibición de los actos, no puede deducirse que hayan sido convocados por la   ilegal Askatasuna, que además "sólo ha recogido en su web la noticia sin una expresa llamada a la participación".   
   Así, el juez apoya la actuación de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, al recalcar que "para que se convoquen los actos deberá existir una actuación gubernativa, lo que supone que previamente se habrá analizado si se reúnen los requisitos   oportunos". "No puede este juzgado controlar esa labor administrativa   ni por ello acordar la suspensión o prohibición de los actos", añade.     
   De igual modo, recuerda que el tipo penal esgrimido por DyJ para solicitar la prohibición de los actos está dirigido a "sancionar a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión   pública o difusión los delitos de terrorismo o quienes lleven a cabo   actos que entreñen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".     

   El colectivo presidido por Daniel Portero destacaba en su solicitud que los dos actos están convocados por Askatasuna, la organización ilegal que presta apoyo a los presos de ETA, y tienen   por lemas "Presos y huidos de ETA-Vascos a casa".   
   Según se recoge en la página web www.askatu.org, los actos han sido convocados a partir de las 18.00 horas de esta tarde en el   puerto de Santurtzi y desde las 20.00 hotas del viernes en el 'Santurciko Txosna Gunea', el espacio del municipio donde se sitúan   las 'txoznas' durante las fiestas patronales de la Virgen del Carmen.     
   El escrito también ponía de manifiesto que para la convocatoria de estos actos se han utilizado carteles en los que aparecen las fotografías de 18 miembros de la organización terrorista ETA, entre los que se encuentra Koldo Hermosa Urra, que se encuentra cumpliendo  condena por el asesinato de tres policías y de una joven.   
   Junto a su imagen aparecen las del miembro del 'comando Vizcaya' Aitor Herrera Vieites y el integrante del 'comando Nafarroa' Kepa Zubizarreta Balboa; así como las de Kepa Preciado Izara, Kepa García   González, Ion González González, Patxo Zabala Etxegarai, Ohiana   Garmendia Marín, todos ellos en prisión por su relación con la organización terrorista ETA.   
   Asimismo, la asociación ponía de manifiesto el carácter ilegal de   Askatasuna, que fue determinado por el juez Baltasar Garzón el 5 de  ebrero de 2002, en el marco de una causa por el delito de integración en organización terrorista. Esta decisión fue confirmada   por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por una familia de Bollullos (Huelva), los Flores Cano, contra el manual de Educación para la Ciudadanía (EpC) de ‘MacGraw Hill’ que se utiliza en el colegio de su hijo.
Según informó el Foro Español de la Familia, el tribunal ha entendido que el libro de texto puede ser “adoctrinador”. El Foro asegura que el tribunal entiende que se introduce un “concepto nuevo” en el procedimiento abierto por la familia, que hace posible un carácter “adoctrinador” del manual concreto que utiliza el centro escolar del niño. Por otra parte, en una segunda resolución, el TSJA desestima la petición de medidas cautelares realizada por la Familia Flores Cano, que pedía la no asistencia a clase del alumno mientras se tramitaba el procedimiento.
El tribunal andaluz desestima esta petición “aunque con el voto particular de dos magistrados, que entienden que sí debió ser atendida la petición de medida cautelar realizada por los recurrentes”. “Definitivamente, podemos continuar con el procedimiento y valorar el carácter adoctrinador del manual, que es la finalidad principal del recurso planteado, esperando se genere un debate productivo en el que los padres puedan demostrar el fundamento de su petición y defender su derecho a educar a su hijo según sus propias convicciones”, explicó el abogado de la familia, Abel Martínez.
En opinión del letrado, la solicitud de la medida cautelar “no ha sido comprendida por los magistrados de la mayoría, porque la finalidad de este nuevo proceso es demostrar que el manual no se ajusta al programa educativo, sino que lo utiliza en favor de un determinado adoctrinamiento, vulnerando el principio de neutralidad ideológica que debe presidir cualquier actuación docente”.
La familia Flores Cano manifestó su “alegría” y añadió que “poco a poco la justicia se va dando cuenta del gran problema que puede representar EpC para los padres que desean defender legítimamente sus derechos a educar en libertad”.