Cuando el crucifijo estorba
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presencia de crucifijos en la escuela pública ha provocado una intensa polémica más allá del país encausado, Italia, y ha llegado a España para entusiasmo de los sectores laicistas, que se han apresurado a echar la caña en el río revuelto. Sin embargo, este fallo judicial poco tiene que ver con la realidad de la escuela pública española y si es agitado por la izquierda como una verdad revelada, es porque, burdamente extrapolado, le sirve a sus objetivos, concretamente a los que inspiran la reforma de la Ley de Libertad Religiosa ya anunciada por el Gobierno. Conviene, por tanto, enfocar correctamente la cuestión y no mezclar conceptos para no caer en demagogias y desenmascarar a los demagogos.
La presencia del crucifijo en la escuela pública española es asunto hace tiempo resuelto y es muy excepcional que se produzca algún conflicto; de hecho, sólo hay noticia de un caso en Valladolid, que está pendiente de juicio. La razón es bien sencilla; en gran parte de las escuelas públicas no hay crucifijo alguno y donde lo hay es por voluntad mayoritaria de los padres de los alumnos. La naturaleza aconfesional, que no laicista, del Estado, tal como establece la Constitución, ha propiciado su retirada de las aulas de manera gradual y sin tensiones; o bien su permanencia, con el beneplácito, e incluso la petición expresa, de padres, alumnos y profesores. Ésta ha sido la tónica general. ¿Por qué, entonces, ha llegado hasta aquí el revuelo de una sentencia entre los calurosos aplausos de la izquierda laicista? Porque le da munición para sus campañas contra la presencia de los símbolos cristianos en los espacios públicos. Sin embargo, una cosa es el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que se limita a la exhibición de signos religiosos en la escuela estatal, y otra bien distinta la presencia de la cruz en los espacios públicos como parte consustancial de la cultura, el patrimonio, la tradición histórica y la herencia espiritual de los españoles. A la izquierda extrema no le preocupa tanto el derecho de los padres sobre la educación religiosa de sus hijos cuanto erradicar los símbolos cristianos visibles en la sociedad. De ahí que pretenda rebautizar las vacaciones de Semana Santa y de Navidad como «vacaciones de primavera y de invierno». De ahí también que pugne por expulsar de hospitales, cuarteles, centros cívicos y hasta de la Cruz Roja toda referencia a lo cristiano. Que nadie se llame a engaño, el objetivo real de quienes ensalzan la sentencia del Tribunal europeo no son nuestras escuelas públicas, en las que no hay conflicto alguno, sino la «limpieza» social de toda seña de identidad cristiana. Más aún, para el laicismo radical los conciertos, subvenciones y ayudas del Estado deberían estar sujetos a esa «limpieza», de modo que si los colegios católicos quisieran mantener el concierto económico tendrían que «amoldarse» a las exigencias laicas.
Nada de todo el guirigay montado es ajeno a la Ley de Libertad Religiosa que proyecta el Gobierno a instancias del sector más ultra del PSOE. La necesidad social de esta ley es perfectamente descriptible: ninguna. Más aún, hasta los dirigentes de otras religiones y confesiones, como la judía, ya han declarado que la actual regulación de la libertad religiosa es más que suficiente. Pero, como ha sucedido con otras leyes promovidas por el Gobierno, el objetivo que persiguen los dirigentes socialistas no es solucionar demandas ciudadanas reales o gestionar los intereses generales, sino imponer su credo ideológico y de partido a toda la sociedad. Y el crucifijo les estorba.
