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Las estrategias utilizadas por la oposición política o sindical contra la gestión de un Gobierno legítimo en la búsqueda constante de su desgaste son muy variadas aunque, en la totalidad de los casos consisten básicamente en arremeter directamente contra los miembros más destacados de su organigrama puesto que, descabezar una organización supone en principio, destruir la estructura básica para su funcionamiento. Prueba irrefutable de esta afirmación la podemos encontrar en la presentación en el año 2009 de una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de nuestra Ciudad contra la Viceconsejería de Recursos Humanos al entender la parte denunciante, que personas claves de la administración autonómica percibían mensualmente un complemento de productividad de forma irregular.

Durante semanas, los medios de comunicación locales difundieron tanto, las informaciones generadas por la parte demandante como, las elucubradas por las diferentes formaciones políticas en la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, que encontraron un nuevo argumento con el que arremeter contra un Ejecutivo local, que mantuvo en todo momento una aptitud responsable en relación a la labor del órgano judicial competente al omitir cualquier valoración al respecto durante todo el proceso. Informaciones a las que debemos añadir todos los comentarios maliciosos e infundados expuestos en diferentes foros de opinión así como, en las numerosísimas intervenciones públicas de quienes decidieron arremeter contra quienes ocupan cargos destacados de la Administración Autonómica, funcionarios públicos de reputada profesionalidad.

Pues bien, todas estas informaciones que protagonizaron minutos y minutos de información en medios de comunicación locales y nacionales, cayeron en el más absoluto silencio cuando el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Ceuta dictó sentencia el pasado día 12 de febrero. Un fallo en el que desestimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por una central sindical mayoritaria contra la Viceconsejería de Recursos Humanos. Desde ese mismo instante, la justicia devolvió la quietud a quienes protagonizaron involuntariamente las acusaciones infundadas señalando, que a día de hoy aún no han recibido las disculpas provenientes de quienes decidieron utilizarlos en la confrontación emprendida contra el Ejecutivo local.

Durante meses cuatro trabajadores de la ciudad se vieron sometidos a escarnio público como consecuencia de las acusaciones infundadas vertidas en diferentes foros mediáticos por quienes deberían haber defendido sus legítimos derechos además, de poner en duda la honradez adquirida tras años de servicios en labores esenciales para la administración local. Las confrontaciones políticas deben dirimirse exclusivamente en este mismo ámbito, obviando totalmente a quienes desempeñan las labores asignadas por sus jefes inmediatos, cumplimentando en todo momento la legalidad vigente. No obstante, también sería recomendable que los propios medios de comunicación trasladaran a la ciudadanía el resultado del procedimiento en su totalidad, incluyendo la sentencia emanada de los órganos judiciales competentes.

En definitiva, una vez más los ciudadanos asistimos al espectáculo mediático protagonizado por quienes pretenden obtener con estas desmedidas actuaciones beneficios personales. Las centrales sindicales deben destinar todos sus esfuerzos a defender los derechos de todos los trabajadores, alejando totalmente la confrontación política del ámbito laboral. Y por supuesto, los medios de comunicación, fedatarios de la actualidad informativa deben finalizar el trabajo iniciado realizando un concienzudo seguimiento a todo el procedimiento judicial, aportando definitivamente la sentencia judicial final.

Se destinará un máximo de 3.250.000 euros para cada una de las estrategias de cuidados paliativos y de atención a la violencia de género.