La Policía de Honduras decomisó hoy material explosivo en Tegucigalpa después de que se registraran tres nuevos atentados que no causaron víctimas, uno de ellos contra Radio América, una de las principales emisoras del país, en vísperas de las elecciones generales de mañana.
       Agentes policiales decomisaron una barra de dinamita, varios metros de cordón detonante y un manual para elaborar bombas en un apartamento de la colonia Tiloarque, en el suroeste de Tegucigalpa, informó el jefe de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación de la Policía Nacional, René Maradiaga.
       Horas después, en una segunda operación, la Policía detuvo a dos hondureños en una casa de la colonia Alameda, también en la capital, donde se encontraron varios proyectiles para granadas RPG-7 enterrados, dos granadas de fragmentación, explosivo plástico y dos fusiles AK-47, dijo a Efe el portavoz de la Policía Nacional, Orlin Cerrato.
       No se ha determinado cuántos proyectiles para lanzagranadas RPG-7 hay enterrados porque su extracción llevará varias horas, apuntó el portavoz.
       En algunos atentados perpetrados recientemente se utilizó ese tipo de granadas.
       En la primera operación también se decomisaron un automóvil y una motocicleta, desde los cuales supuestamente se lanzaron artefactos explosivos en recientes atentados, así como "camisetas color rojo con el logotipo del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido gobernante en El Salvador) y una bandera venezolana", dijo Maradiaga a los periodistas.
       Detalló que el manual hallado contiene "especificaciones de cómo hacer la instalación de artefactos explosivos y también teléfonos de dirigentes de este país", a quienes no mencionó, y dijo que también se hallaron dos colchonetas y una cédula de identidad hondureña.
       El portavoz de la Policía indicó a Efe que en la operación llevada a cabo en Tiloarque no se detuvo a nadie.
       Maradiaga explicó que el automóvil y la motocicleta "ya habían sido observados" y estaban "rastreándolos", pues aparentemente desde ellos se lanzaron explosivos contra una subestación eléctrica, contra el edificio de un noticiario de televisión, y contra las radios América y HRN, entre otros atentados recientes.
       La Policía allanó el apartamento horas después de que se produjeran tres nuevos atentados con explosivos, uno contra Radio América en Tegucigalpa, otro en una calle comercial de San Pedro Sula, en el norte del país, y uno más en un centro de votación en la población de Lepaera (Lempira, oeste).
       El portavoz policial dijo que dos desconocidos lanzaron anoche una granada de fragmentación M-67 contra el edificio donde operan Radio América y otras emisoras de la cadena Audio Vídeo, alrededor de las 22.45 hora local (04.45 GMT).
       La explosión no causó víctimas, sólo daños materiales en una ventana, agregó.
       El periodista Luis Edgardo Vallejo, coordinador del Noticiero El Minuto, de Radio América, condenó el atentado de anoche y dijo que es el quinto que sufre la emisora desde que se inició la crisis política tras la destitución de Manuel Zelaya, el 28 de junio.
       Cerrato apuntó que en la madrugada de hoy se registraron los atentados en San Pedro Sula y Lepaera, que tampoco causaron víctimas, únicamente daños menores.
       La Policía también capturó anoche en un hotel de San Pedro Sula a dos hondureños que estaban en posesión de decenas de candados y cadenas de hierro, que supuestamente iban a ser utilizados para cerrar centros de votación durante las elecciones de mañana.
       En la última semana se ha registrado una decena de atentados con explosivos de baja potencia en Tegucigalpa y otros lugares, pero sólo en uno de ellos hubo una persona herida, una pasajera de un autobús del transporte interurbano de una empresa propiedad del presidente de facto, Roberto Micheletti.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que la semana pasada abrió un nuevo sumario sobre el 11-M contra siete acusados de ayudar a huir a varios de los autores de los atentados, ha denegado una nueva petición de varias víctimas de la masacre para reabrir la causa principal, que fue juzgada en 2007.     
Así lo ha acordado hoy el magistrado en un auto en el que rechaza la petición formulada por el ex vicepresidente de la AVT Gabriel Moris y Pilar Crespo (padres de un fallecido en el 11-M) para que se reabriera el sumario principal y se realizaran nuevas diligencias basadas, según su escrito, en la ocultación de restos de las explosiones al tribunal que juzgó los atentados.     
En noviembre de 2008, el juez Pablo Ruz ya rechazó reabrir la causa principal, así como realizar nuevas pruebas de explosivos porque ya fueron practicadas en el juicio, además de por “resultar inútiles, dilatorias y perjudiciales” para la instrucción.     
Para Velasco, “por mucha que sea la insatisfacción e impotencia que el resultado aislado de alguna diligencia probatoria suscite en alguna de las partes procesales”, no se puede practicar cualquier prueba “en cualquier orden y en cualquier momento”, ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar a que “por fin satisfaga los intereses de alguna de las partes”.     
La semana pasada Velasco abrió un nuevo sumario, desglosado de la pieza principal, en la que imputaba un presunto delito de colaboración e integración con organización terrorista a Zohair Khadiri (que se encuentra en prisión provisional), Djilali Boussiri, Taha Seghrouchni, Nassreddine Ben Laidne Amri, Hammad Lahsini, Abdelkrim Lebchina y Abdelaziz El Merabit (todos ellos en libertad).     
De estos siete acusados, cinco ya estaban en las diligencias que se mantenían abiertas sobre los atentados en el Juzgado Central de Instrucción número 6 después de que la causa principal fuera juzgada en 2007, mientras que Hammad Lahsini y Abdelaziz El Merabit no figuraban en ninguna de las diligencias.     Por ello, Velasco ha dictado otro auto en el que solicita a la Comisaría General de Información que haga las gestiones oportunas “en orden a la identificación completa, localización y paradero actual” de Lahsini y El Merabit, que, según fuentes jurídicas, podrían estar en Bélgica y en Marruecos, respectivamente.     
Reclama además a la Policía que indique si hay algún resultado incriminatorio en los efectos y documentos informáticos ocupados a los otros cinco, así como que haga las gestiones necesarias para localizar a Reda Harti, que coincidió en distintas cárceles con Mohamed Belhadj -presuntamente huido del piso de Leganés y que desde mayo se encuentra preso en Marruecos-.     Pretende el juez, según el auto, que Harti explique lo que Belhadj le contó sobre su participación en el 11-M y las personas que le ayudaron después.     
En su nueva resolución, Velasco también quiere que las fuerzas de seguridad comprueben si es cierta la declaración prestada por El Merabit en relación con el extremo de que había enviado dinero a Mohamed Belhadj, que presuntamente se dio a la fuga del piso de Leganés y que desde mayo se encuentra preso en Marruecos.     
También deberán averiguar si es cierto que entrenó en un “campamento proyihadista” en Turquía con Farid Chebira, encarcelado actualmente en Argelia y que supuestamente ayudó a Mohamed Afalah (huido del 11-M y que supuestamente falleció en un atentado suicida en Irak) durante su estancia en Turquía.     
La Policía deberá informar también al juez sobre la posible vinculación de Khadiri con la célula que ayudó a escapar de España a los huidos del 11-M, los miembros de la denominada “red Tigris”, cuyo centro neurálgico estaba en un piso de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que era llamada la “Fortaleza de los Guerreros”.     
El juez interesa también que se tome declaración policial a la mujer de otro de los huidos de la masacre, Daoud Ouhnane. Además de estas peticiones, Velasco quiere que le hagan llegar informes sobre las vidas laborales, ingresos y sustentos de los siete imputados entre 2003 y 2006, para comprobar si con esos medios se justifican los envíos de dinero que hayan podido realizar.