El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha archivado la denuncia por injurias que el Grupo Addoha, participado en un 50% por el Estado marroquí, había interpuesto contra la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos. El Grupo Addoha, participado en un 50% por el Estado marroquí, interpuso una denuncia en contra de la Asociación de Afectados por la Extorsión por injurias. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, sin embargo, ha archivado la denuncia. En concreto, Douja Promotion Grouppe Addoha S.A. se querelló contra el presidente de la Asociación de Afectados, Francisco de Arratia, y contra Rodrigo Rodríguez, gerente de Torreblanca, una de las empresas presuntamente extorsionadas en Marruecos, por “manifestaciones y opiniones vertidas en tres medios de comunicación”, según consta en el informe judicial. Intercesión de la UE El Juzgado de Instrucción de Sevilla considera que en la querella “no aparece debidamente justificada la perpetración de delito o falta que deba perseguirse ante la jurisdicción penal, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, no constando que el querellante hiciese uso en su día del derecho de rectificación sobre aquellas informaciones que pudieran tildar de no veraces o que incurriesen en excesos verbales”. Es decir, que aunque la denuncia considere como injurias las declaraciones de Francisco de Arratia asegurando que empresarios españoles en Marruecos son víctimas de “una mafia tolerada” o que “están en la ruina por mafias de chaqueta y corbata”, el tribunal de Sevilla culpa al Grupo Addoha de la supuesta trama de extorsión en Marruecos. La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos pide que la Unión Europea interceda en su favor en Marruecos, para evitar que las pequeñas y medianas empresas españolas, en su mayoría constructoras andaluzas y catalanas, continúen sufriendo robos o decomisos arbitrarios de maquinarias o que pierden dinero en dudosas operaciones o que no sean indemnizadas cuando les intervienen sus negocios. Apoyan su petición en que el Estado marroquí participa en el 50% de las empresas que presuntamente están detrás de las extorsiones. Según los afectados, el Grupo Addoha es una de estas empresas.

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