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Gabriela Bravo: «Parar la Justicia no es el camino para reformarla»

¿Cuáles son los principales objetivos del CGPJ para el nuevo año judicial que hoy comienza?
–Seguir trabajando de forma más más activa para que la modernización y la reforma de la Justicia sea una realidad, actuando conjuntamente con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas y todos los sectores implicados en la Administración de Justicia. Es nuestro compromiso con los jueces y con la sociedad.
–¿Y las necesidades más imperiosas que requiere la Justicia?
–La Justicia en España necesita un cambio estructural importante que permita racionalizar y optimizar los recursos humanos  y materiales. Necesitamos trabajar en ámbitos diversos que, además, se complementan, como el organizativo, el normativo, informático, institucional. La reforma de la Justicia exige voluntad política, tiempo y dinero.  Actualizar  procesos, pues  tenemos leyes obsoletas. Por ejemplo, en el ámbito penal,  la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX es una realidad que hoy nadie cuestiona. También necesitamos una nueva organización estructural, porque el problema de la Justicia no es sólo de falta de juzgados. La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial ha de se el motor de arranque.
–¿Qué supuso el primer paro judicial que se llevó a cabo el pasado mes de febrero?
–Supuso hacer más visible ante la sociedad una serie de deficiencias que se venían arrastrando desde hace muchos años. Significó que los jueces, por primera vez, quisieron poner de manifiesto que están cansados de soportar una carga de trabajo excesiva, cansados de trabajar con herramientas muchas veces obsoletas, escasez de medios personales y materiales y de soportar ellos con su esfuerzo todas las deficiencias en el ámbito de la Administración de Justicia. Y, además de ello, el interés de los jueces de transmitir a los ciudadanos y opinión pública que el compromiso de ofrecer un servicio público de calidad exige reivindicar públicamente que la Justicia necesita ya que todos los políticos e instituciones se fijen en ella y apuesten por ella.
–¿Hay motivos para la jornada de paro convocada para el próximo 8 de octubre y a la que algunas asociaciones han mostrado ya su apoyo si no se produce un giro radical en la actitud del Ministerio de Justicia?
–Soy consciente de todas las demandas y reivindicaciones que se hicieron públicas, que desde el Consejo apoyamos y considerados que están absolutamente justificadas, pero en tan escaso tiempo no pueden ser atendidas, porque algunas requieren de modificaciones legislativas, la entrada en vigor de Oficina Judicial, etc. Ahora bien, creo que se han dado muestras visibles de que se está apostando y trabajando para que estas reivindicaciones, necesidades y carencias de la Administración de Justicia, puedan superarse y se han atendido de las demandas. Me parece que deberíamos seguir todos trabajando como lo hemos hecho estos meses, apostar por el diálogo y el esfuerzo común y esperar que con el tiempo se vean los resultados. Parar la Justicia no es el camino para reformarla, aunque entendemos que las reivindicaciones son muy legítimas.
–El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, dijo en LA RAZÓN que el ministro  Caamaño le había defraudado «muchísimo». ¿Qué opinión tiene de la gestión realizada hasta ahora por el titular de Justicia?
–Tengo una opinión positiva. Desde el primer día que tomó posesión apostó por buscar soluciones consensuadas y por el diálogo. Ha transmitido mucho interés y mucha voluntad en el gran reto de la modernización y de la reforma de la Justicia. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que los problemas de la Justicia no se resolverán sólo aumentando el número de juzgados, sino que necesita la confluencia de ejes distintos, como ya expusimos en nuestro Plan de Modernización, que viene a integrarse con el Plan Estratégico –del Ministerio de Justicia–, y que exige la coordinación de muchas instituciones. Para que este trabajo dé  frutos se necesita tiempo, y no ha pasado ni un año desde que tomó posesión, y nosotros confiamos en su voluntad política.
Acceso a la Carrera
–¿Cuántos jueces se necesitan en España?
–No hemos culminado el estudio relativo al trabajo razonable que un juez puede soportar y que también nos servirá de indicador para determinar la Planta Judicial necesaria. Pero también hay que contar con la estructura básica en materia informática, que esté en marcha la nueva Ley de Oficina Judicial y con la reforma de leyes procesales.
–¿Es partidaria de modificar el sistema de acceso a la Carrera?
–El sistema de acceso necesita un perfeccionamiento. Creo que tenemos un sistema que lleva vigente muchos años y que presenta ciertos problemas, por lo que hay que trabajar para mejorar ese sistema. Tenemos que apostar por el modelo de juez que la sociedad del siglo XXI demanda: un juez con una sólida formación con la especialización necesaria, pero al mismo tiempo un juez abierto  y preparado para los cambios y complejidades de nuestra sociedad, cada día mas dinámica
–¿Qué opinión le merece que el TC  lleve tres años sin resolver el recurso contra el Estatut?
–Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tema muy complejo, de mucha dificultad, lo que dificulta o motiva el retraso en adoptar la resolución de este recurso. Pero es importante recordar, a la vista de que la opinión pública considera que este retraso perjudica la imagen del TC, la gran carga de trabajo que soporta este tribunal.
«Caso Gürtel»
–¿Es partidaria de los Consejos de Justicia autonómicos?
–Yo soy partidaria de que la organización de los órganos jurisdiccionales hay que acoplarlos a las necesidades del Estado de las autonomías, buscando el modelo que sea más eficaz, efectivo y homogéneo con el sistema que hemos adoptado.
–El «caso Gürtel» ha provocado críticas muy diversas a dos jueces, Baltasar Garzón, y al presidente del TSJ de Valencia, Juan Luis de la Rúa. ¿Qué piensa de ello?
–Las decisiones de los jueces están sometidas al escrutinio público y hay que ser respetuoso con la libertad de expresión de los ciudadanos, que pueden compartirlas o no. Ahora bien, más allá de lo que conlleve ese derecho y que pudiese suponer una determinada presión o injerencia en el ámbito jurisdiccional, no es recomendable.
–¿Han existido esas presiones o injerencias en esos dos casos?
–El Consejo no ha recibido ningún escrito  solicitando amparo, por lo que entiendo que no se habrá sentido presionado.
–¿Cómo valora las filtraciones de un sumario declarado secreto?
-–Si un sumario está secreto, por las propias exigencias de nuestra Ley no deben hacerse públicas las actuaciones. Deberíamos de exigir un mayor nivel de responsabilidad a quienes teniendo a su disposición esa información, den cumplimiento a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque si se actuara con rigor los medios de comunicación no podrían disponer de esas informaciones. Pero no podemos olvidar que en el ámbito de la Administración de Justicia son muchas las personas que trabajan a todos los niveles, por lo que ese nivel de exigencia, de responsabilidad, lo deben asumir todos.
–¿Qué piensa de las críticas de un partido político –el PP– de que la Fiscalía tiene una doble «vara de medir» a la hora de llevar a cabo distintas investigaciones?
–Como fiscal y ciudadana, considero que, en general, hay que tener mucha mesura a la hora de hacer reproches a los representantes de las altas instituciones de nuestro Estado, si queremos que el Estado de Derecho funcione y que los ciudadanos confíen en ellas.
–Como vocal y como fiscal, ¿defiende que la instrucción de los procedimientos pase a manos de los fiscales?
–Sí, porque si el fiscal dirigiese la investigación con un juez de garantías podríamos, por una parte, restarle al juez una excesiva carga de trabajo que soporta, contribuir a la agilización del proceso, garantizando siempre los principios de imparcialidad e independencia.
Política y Justicia
–¿Y no cree que eso pueda suscitar dudas de «parcialidad» por la dependencia hacia el fiscal general del Estado, el cual es nombrado a propuesta del Gobierno?
–La última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerza sustancialmente la autonomía del Ministerio Público ha hecho desaparecer parte de las sombras y dudas de esa posible dependencia hacia el Ejecutivo que siempre se le ha achacado al Ministerio Fiscal. En mis 19 años en la Carrera  Fiscal siempre he actuado conforme al principio de legalidad y con imparcialidad, y así he visto que siempre han actuado mis compañeros. Si quien te ha dado una orden actúa con la imparcialidad y conforme al principio de legalidad, no hay ningún tipo de problemas en ello.
–¿Tienen los gobiernos un afán por controlar e influir en la Justicia?
–Creo que no. La Justicia es la última garantía de la libertad y derechos de los ciudadanos, y los gobiernos son conscientes de la importancia de la Justicia para el funcionamiento del Estado de Derecho, y deben saber que las batallas políticas se libran fuera de los tribunales. Creo que no han intentado influir en la Justicia, porque creo firmemente en la independencia y responsabilidad de quienes tienen la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado, que son los jueces, y estoy segura de que siempre actúan con sujeción a la Ley y con independencia.


«Soy partidaria de una ley de plazos para el aborto»
–El tema del aborto provocó que por vez primera el Consejo no informase a un anteproyecto de Gobierno. ¿No considera que supone la escenificación de que  en el actual CGPJ también existe una clara división en dos «bloques»?
–Yo no tengo esa impresión, porque el 90 por ciento de los acuerdos que hemos adoptado a lo largo de este primer año de mandato lo han sido o por unanimidad o por amplia mayoría. No hay que olvidar el número de nombramientos que hemos realizado que requería un consenso, algunos de ellos pendientes desde hacía casi tres años.  Creo que en este primer año hemos sido un Consejo que ha apostado en todo momento por buscar acuerdos lo más consensuados posible. En el tema del aborto la imagen no ha sido positiva, porque el Consejo tiene una función esencial, que es la consultiva, y no pudimos dar cumplimiento a una de nuestras funciones. Ello me generó mucha frustración.
–¿Usted considera que los padres deben ser informados cuando una menor quiera abortar?
–Eso fue lo que hicimos constar en el informe que yo avalé y del que era ponente la vocal Margarita Uría, donde hacíamos alguna recomendación en ese sentido, de que debería garantizarse a los padres esa información.
–¿Es partidaria de una ley de plazos para abortar?
–Sí.  soy partidaria de una ley de plazos y  convencida de su constitucionalidad.
 

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