- la responsable socialista de Ceuta en materia de Igualdad se ha mostrado exultante por la dimisión de Gallardón y la retirada de su proyecto de reforma de Ley del Aborto
- La socialista ha aprovechado para pedir al PP que deje la ley como está
- El ministro de Justicia reúne a unas 200 personas en el Tryp en un mitin compartido con Carreira, Salcedo y Vivas
- “Cuando podamos devolveremos a los ciudadanos lo que les hemos pedido mejorando los servicios públicos y bajando los impuestos", promete el Popular
- Vivas subraya que votar al PSOE es respaldar "a quienes en situaciones problemáticas le han dado con la puerta en las narices a Ceuta”
- "Vamos a salir a ganar porque el empate no le vale a ni a España ni al PP cuando está en juego el futuro", destaca Salcedo
Pasarán a cobrarse trámites como las inscripciones o certificaciones de matrimonio, nacimiento o defunción. Los sindicatos denuncian que la situación laboral de 3.500 funcionarios queda en el aire
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprovechado el ruido que han provocado las votaciones parlamentarias relativas a su polémica reforma de la ley del aborto de 2010 para dar luz verde a la privatización del Registro Civil, cuyas competencias pasan al Colegio de Registradores. Así lo ha anunciado en una carta a sus compañeros el decano de este Colegio, Gonzalo Aguilera, que en la misiva subraya la "leal colaboración con el Ministerio" de este órgano para el traspaso de competencias.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado como testigo en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, quien solicitó su comparecencia para esclarecer cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
- La movilización está convocada por el Partido Socialista belga y organizaciones como Abortion Right, European Humanist Federation y European Women’s Lobby
- La protesta defiende "que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que es necesario defender el derecho al aborto seguro en todos los países europeos"
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien sobre la petición efectuada por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de que sea citado a declarar como testigo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras lo cual el magistrado resolverá al respecto.
Decenas de personas se han acercado hoy a la embajada francesa para solicitar protección jurídica y asilo sanitario ante la reforma de la ley del aborto. Esta convocatoria ha sido realizada a través de la Plataforma Decidir nos hace libres, que defiende el derecho de la mujer a tener la última palabra sobre su maternidad.
El exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, ha solicitado al juez José Castro que cite a declarar como testigos al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al exministro de Industria José Montilla, y al exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención de cara a negociar el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 140.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
El Partido Popular de Extremadura, que lidera el presidente de la comunidad, José Antonio Monago, quiere dotar de "coherencia" su decisión del miércoles de aprobar un texto instando al Gobierno de Mariano Rajoy a "frenar" la reforma de la ley del aborto hasta que haya el suficiente consenso entre los partidos que conformar el arco parlamentario nacional.
- "Es importantísimo para los ciudadanos y, sobre todo, las ciudadanas ceutíes saber si nuestro Gobierno local va a apoyar este nuevo recorte de derechos", dice la socialista ceutí
- Bel ha anunciado que el Ejecutivo ceutí tomará posición cuando conozca directa y completamente el texto que propone el ministro
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados se ha referido hoy a la reforma de la ley del aborto que ayer miércoles se convirtió en protagonista del Comité Ejecutivo Nacional del PP, a pesar de Mariano Rajoy, que trató por todos los medios de centrar la reunión en la recuperación económica, con poco éxito.
Rajoy y el partido garantizan cambios y tumban la apuesta personal del responsable de Justicia por una ley del aborto más conservadora que la de 1985. El ministro aseguró que el texto "no se tocaría en el Congreso".
Nadie duda en el PP de que el presidente del Gobierno fue quien apoyó y ordenó al ministro de Justicia que diese luz verde sin más demora (su salida se retrasó, al menos, en cinco ocasiones) al texto de la reforma de la ley del aborto de 2010 el pasado 20 de diciembre. Alberto Ruiz-Gallardón sorprendió a algunos de los dirigentes de su partido -no a todos- con un anteproyecto más conservador aún que la ley de 1985, que incluía el supuesto de malformación del feto para abortar.
- La senadora obvia en endurecimiento de la norma de 1985 que propugna el PP y afirma que cuando se apruebe "volveremos a la ley de supuestos que mantuvo Aznar"
- La parlamentaria defiende que no se puede "abrir la veda" para que las menores aborten sin saberlo sus padres y destaca que una mujer violada "es víctima de la sociedad" y también puede serlo "del proceso abortista"
- Sanín llega a aseverar que la norma vigente "ha multiplicado los abortos" y que España ha destinado "85.000 millones de euros a clínicas abortistas"
- La secretaria de Igualdad, Sandra López, pedirá una reunión urgente del Consejo Sectorial para que emita una resolución en la que pida al ministro que deje su reforma aparcada
- Desde el PSOE recuerdan que tanto la propia Unión Europea como el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagraba el derecho al aborto legal y sin riesgo garantizado por el Estado.
