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El TSJC reactiva el proceso contra el Govern por desacato lingüístico

Desde mediados del pasado septiembre la pelota está en el tejado de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue este tribunal, que preside el magistrado Joaquín José Ortiz Blasco, el que en un auto de julio de este año instó a la Generalitat a aplicar, en un plazo de dos meses, las ya famosas tres sentencias contra el sistema de inmersión en catalán en la enseñanza que el Tribunal Supremo (TS) dictó en diciembre de 2010. Áquellas que conminaban a la Consejería de Educación a garantizar que el castellano fuera también l...

El Govern dinamita el consens sobre els mitjans públics

CiU i PP reformaran el CAC i la CCMA per «austeritat» entre acusacions de voler controlar TV3 i Catalunya Ràdio

"Sembla mentida que CiU, que va aprovar tres lleis amb consens, faci això amb un partit retrògrad i hostil a uns mitjans públics independents i potents". Són paraules d'un dirigent del Sindicat de Periodistes de Catalunya que reflecteixen la dura polèmica que es va viure ahir, amb epicentre al Parlament, sobre el control dels mitjans de comunicació públics.

Mas completa el Govern con tres consellers independientes

Se trata de Xavier Mena para Empresa y Empleo, Boí Ruiz para Sanidad y Pilar Fernández Bozal en Justicia

El profesor Francesc Xavier Mena para la consellería de Empresa y Empleo, Boí Ruiz para Sanidad y la abogada Pilar Fernández Bozal para Justicia son los tres últimos nombres, todos ellos de perfil independiente, que completan el organigrama del Govern de Artur Mas.



El Govern lucha contra la crisis con un 38 por ciento más de deuda

barcelona- El próximo año se presenta complicado para la economía mundial y en especial para las cuentas de la Generalitat que llevan ya una deuda acumulada de 29.051 millones de euros, lo que representa el 13,95 por ciento del PIB catalán. De esta manera, la deuda de Cataluña se incrementará un 38 por ciento respecto al año pasado, unas cifras nada tranquilizadoras teniendo en cuenta que el déficit se situará alrededor del 3,25 por ciento del PIB (6.369 millones de euros). El déficit se ha convertido en la principal herramienta del gobierno catalán para intentar combatir la crisis económica mientras sus ingresos siguen en de caída libre tras el derrumbe de la recaudación.
Las previsiones del Govern no son en ningún caso optimistas y prevén un caída de los ingresos tributarios, tanto de los propios como los cedidos, del 24,4 por ciento (4.739,4 millones de euros). Pese a todo, el conseller de Economía, Antoni Castells, se mostraba ayer tranquilo cuando hizo llegar al presidente del Parlament, Ernest Benach, la propuesta de los Presupuesto de la Generalitat para 2010. «Incurrimos en este déficit porque podemos», aseguró Castells convencido de que «ayudará a la recuperación económica y tenemos un nuevo modelo de la financiación que nos permitirá tener un sistema mucho más sólido».
2011, récord de parados
La peor parte, sin embargo, se la llevan las previsiones del paro en Cataluña, que está previsto que a lo largo de 2010 supere el 18 por ciento. Sin embargo, Castells se atrevió a apuntar que el peor año para el paro será el 2011 cuando se podrá superar la cifra del 20 por ciento de parados en Cataluña, pese a que en el último trimestre del próximo año se apunta el inicio de la recuperación del crecimiento de la economía catalana.
El conseller de economía aprovechó la presentación de las cuentas para el próximo año para defender las políticas sociales de su ejecutivo con la intención de defender el elevado déficit en el que incurrirá el Govern. «El presupuesto debe ser expansivo cuando hay una caída de la actividad», constató el titular de economía que recitó las bondades de las políticas Keynesianas en tiempos de vacas flacas. «Todo el mundo las está aplicando», se defendió.
El conseller se mostró también especialmente satisfecho con los 2.613 millones de euros extras que  el nuevo sistema de financiación reportará a las arcas de la Generalitat. «Si no fuese por la financiación ahora tendríamos menos dinero que produciría un recorte drástico del presupuesto», aseguró Castells, satisfecho de los 39.699 millones de los que dispondrá la Generalitat durante el próximo año.
Más austeridad
Según Castells, la administración catalana aplicará medidas de reducción del gasto como la contención salarial de los «funcionarios típicos», una medida que no afectará ni a maestros ni policías. El dinero destinado a encargar estudios e informes se verá también reducido, según apuntó el titular de economía durante su intervención. Lo que no sufrirá recortes es la inversión en política lingüística que pasará de 38,6 millones de euros a 42,5 millones. 
Pese a la satisfacción exhibida por Castells, los partidos de la oposición no tardaron en denunciar que los últimos presupuestos de la legislatura reflejan «el fin de ciclo político» y criticaron el elevado nivel de endeudamiento del ejecutivo catalán. El portavoz de CiU, Josep Maria Pelegrí, criticó unas cuentas «ineficaces» que no ponen «bases sólidas» para la recuperación. Los nacionalistas lamentaron que el ejecutivo haya optado por una política económica «a la defensiva». Por su parte, el diputado del PP Enric Millo denunció que «esperábamos unos presupuestos de crisis y no un gobierno en crisis». Millo lamentó que el déficit esté «absolutamente desbordado».

 

Carod llevará al Govern su idea de manifestarse para presionar al TC

BARCELONA- La  última idea de Josep Lluís Carod-Rovira no sólo no gusta, sino que enoja, pero él piensa defenderla hasta las últimas consecuencias. El Gobierno de España encajó ayer con estupor su propuesta de celebrar una manifestación el próximo 11 de septiembre, Diada de Cataluña, con el objetivo de que «en Madrid según quién se piense dos veces según qué cosas», es decir, para que los magistrados del Tribunal Constitucional no disminuyan el Estatut sin temor a las consecuencias políticas y sociales que provocará en Cataluña. La maniobra sugerida por Carod fue tachada de «intolerable» por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
«Es una forma de presión hacia un tribunal que es la cúpula de nuestro sistema constitucional», alertó Chaves en una entrevista en RNE. El vicepresidente del Gobierno consideró fuera de lugar esta manifestación y expresó su confianza en que el Alto Tribunal declare «la constitucionalidad del Estatut» porque, al fin y al cabo, la doctrina que establezca el TC va a ser «trascendental», ya que, como dijo el ministro Caamaño, determinará la interpretación de todos los Estatutos.
Carod, por su parte, sostuvo su idea y, de hecho, piensa trasladarla al presidente de la Generalitat, José Montilla, y a los demás consellers en la primera reunión del gobierno catalán, prevista para el próximo martes. Insiste en que «siempre es mejor la prevención» y, por eso, alienta una protesta antes de que «el daño ya esté hecho».
Es del todo improbable que la «manifestación preventiva» cuaje en el seno del gobierno catalán, puesto que ni Montilla ni ICV contemplan la posibilidad de agitar las calles sin antes ver la sentencia del Estatut. Incluso un conseller de ERC, el de Gobernación, Jordi Ausàs, se desmarcó de este planteamiento. «No nos debemos poner la venda antes que la herida», dijo en la misma línea de lo que vino diciendo el presidente de la Generalitat antes de iniciar sus vacaciones. Según Ausàs, «no nos podemos posicionar en contra de una sentencia que aún no ha visto la luz».
El único apoyo que cosechó Carod fue el de su jefe de filas en ERC, Joan Puigcercós, quien no descartó apoyar esta marcha. «Yo no diré que no», afirmó. Puigcercós, que ve con buenos ojos presionar al Constitucional porque otros también lo han hecho, añadió que «lo que no se puede hacer es esperar a ver qué pasa».
El presidente de Esquerra dio por buenas las maniobras de intimidación a los magistrados del TC porque, en su opinión, otros partidos como PP y PSOE «han jugado esta carta de presionar a los miembros del TC». Puigcercós acusó en este sentido a Chaves de hacer «un juego hipócrita».
Descarta la fecha de la Diada
Lo único que descartó el líder de ERC fue llevar a cabo la protesta en la Diada de Cataluña. Dicho esto, subrayó que su partido estará «donde deba estar, reivindicando y defendiendo la decisión que tomó el pueblo de Cataluña en referéndum.»  Aún así, Puigcercós emplazó a tomar la decisión en el seno de los partidos y en el Parlament de forma consensuada, trabajar en las posibles respuestas y concienciar a Gobierno, partidos, sociedad española y miembros del TC de la «importancia de la sentencia, sea en forma de manifestación o de acciones jurídico-políticas que pueda tomar el Parlament».


Un presidente con «opiniones personales»
Alentar una manifestación en defensa de la integridad del Estatut antes de la sentencia del TC no es una postura del presidente de la Generalitat en funciones, sino una «opinión personal» de Josep Lluís Carod-Rovira. El dirigente republicano recurrió ayer al viejo truco de despojarse del cargo para evitar un enfrentamiento con José Montilla, de vacaciones hasta el lunes. Carod quiso matizar de esta manera sus declaraciones para no dar pie a malos entendidos y también para evitar que la oposición ponga el acento sobre la división del tripartito a la hora de defender el texto catalán. El PSC guarda silencio.

El Govern ve cumplido al máximo el Estatut y CiU no teme estar sola en su rechazo

El Govern, cuyos socios ya hablan de reeditar el tripartito la próxima legislatura, cree que con el pacto en financiación se cumple "al máximo" los preceptos del Estatut, mientras que CiU advierte de que no teme quedarse sola en su rechazo al acuerdo porque entiende que el tiempo le dará la razón.
    El gobierno catalán ha dado hoy su visto bueno al pacto con el Gobierno en materia de financiación porque cumple en su "máxima potencialidad" los preceptos del Estatut y situará a Cataluña 5,6 puntos por encima de la media española a partir de 2012, con una horquilla de rendimiento de entre 3.650 y 4.000 millones de euros.
    En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha confirmado que mañana Cataluña, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), apoyará el acuerdo en financiación, en un foro con representación de todas las comunidades autonómicas.
    Castells, que cree que el Gobierno acabará poniendo en el sistema cerca de 12.000 millones, afronta la reunión de Madrid con el convencimiento de que el nuevo modelo establece una relación bilateral con el Estado sin precedentes ya que Cataluña ha negociado su aportación a la solidaridad, que además le permite reducir 12 puntos respecto del rendimiento que tendría la Generalitat si tuviera el concierto económico.
    Castells interpreta que "si hay alguna comunidad autónoma que estuviese por encima de Cataluña tras la nivelación sin tenerlo que estar, querría decir inequívocamente que hay alguna otra que debería estar por encima que estará por debajo... pero nosotros estamos donde nos toca", 5,6 puntos por encima de la media española.
    De esta forma, el conseller entiende que si una autonomía está por encima o por debajo de la media ya no afectará a Cataluña, sino al resto de CCAA entre sí.
    Precisamente, la Generalitat apoyará el nuevo modelo de financiación porque entiende también que tiene una voluntad de estabilidad, basado en un 97% en la población y que será ajustable de forma periódica, con lo que Generalitat cree que puede proporcionar 'paz financiera' entre las CCAA al racionalizar la solidaridad territorial.
    Como primer efecto balsámico del acuerdo, el Govern reconsiderará el recorte presupuestario de 383,1 millones de euros en sus presupuestos de este mismo año, un pacto cuyo rendimiento irá destinado a reducir el déficit y a mejorar los servicios públicos.
    Un Castells indignado ha reaccionado duramente ante las críticas de CiU porque atacan los "fundamentos" legales del pacto catalán en materia de financiación, y ha lamentado ver a una Convergència que "no está a la altura" y alejada de la centralidad por una "rabieta".
    Además, uno de los portavoces adjuntos del PSC en el Parlament, David Pérez, ha retado a CiU a acudir a los tribunales si considera ilegal el nuevo sistema de financiación por no respetar el Estatut.
    Anteriormente, el presidente de CiU, Artur Mas, confirmó que CiU no descarta llevar la futura reforma de la ley de financiación autonómica al Consejo de Garantías Estatutarias para que examine si efectivamente vulnera preceptos del Estatuto.
    CiU no teme quedarse "sola" en Cataluña oponiéndose al acuerdo de financiación porque tiene el convencimiento de que el tiempo le acabará dando la razón, y ha retado a ERC a explicar de dónde saca las cifras del dinero que dice que recibirá la Generalitat con el nuevo modelo, unas cifras que los republicanos han llegado a situar hoy en 5.000 millones de euros en un baile de cifras que el Govern mira sin dar aún la cuantía concreta que espera.
    Tras la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de CiU celebrada esta mañana, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha confirmado que CiU se mantendrá "firme" en sus posiciones y "no le temblarán las piernas" por seguir rechazando prácticamente en solitario desde Cataluña el nuevo acuerdo de financiación.
    "No es la primera vez que CiU se queda sola frente al resto de formaciones políticas ante una cuestión importante", ha apuntado Duran, que ha recordado su también solitario 'no' a la ley de dependencia.
    Por su parte, el PP catalán presentará una propuesta de resolución en el pleno monográfico sobre la financiación, que se celebrará finalmente la semana que viene (22 y 23 de julio), en la que pedirá crear una "comisión de seguimiento" para garantizar la aplicación del nuevo sistema.


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