El denominado caso Ponferrada, moción de censura en el ayuntamiento de dicha localidad, planificada desde la secretaría de organización del partido socialista en Ferraz, destapa la realidad de un progresismo español que antepone intereses partidistas frente a la igualdad de género, y sobre todo, a la defensa de las víctimas. No podemos obviar que alcanzar dicha alcaldía ha sido posible gracias al pacto suscrito con quien fuera condenado por acoso sexual, Ismael Álvarez, contra una compañera del anterior equipo de gobierno municipal.
Informaciones conocidas con posterioridad confirman que la cúpula socialista conocía detalladamente las intenciones de recuperar el poder municipal a pesar de necesitar el apoyo de quien fuera expulsado del partido popular por prácticas deshonestas contra los derechos de la mujer. Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano y Óscar López habían sido los destinatarios del documento titulado En defensa de la Dignidad: Tolerancia cero es cero elaborado por un grupo de mujeres socialistas de León, suscrito por 350 personas, en el que denunciaban el acercamiento entre sus compañeros ponferradinos con el acosador de Nevenka Fernández.
El documento en cuestión, enviado tras la negativa de los órganos de dirección de León a debatir dicho acercamiento, recuerda a los dirigentes socialistas indicados, que el partido socialista redactó y aprobó una Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que define como delito en su articulado el acoso sexual. Y además recuerda a quienes hoy han protagonizado la moción de censura, que en el pasado reprobaron la actitud del entonces alcalde de Ponferrada, condenado por el Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo, Ismael Álvarez, cuando militaba en el partido popular. En definitiva, el denominado caso Ponferrada demuestra la realidad de una formación política que aplica, una vez más, el viejo refrán haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
