La presidenta de Obimace y consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, considera que algunas de las críticas que se están realizando sobre las circunstancias que rodean al fallecimiento de un trabajador de la empresa se están amparado en el 'secreto judicial', ya que ella no puede "suministrar los informes". Bel afirma que algunas declaraciones de los sindicatos están siendo "precipitadas" y reitera que la Ciudad cuenta con toda la información que se entrego "en tiempo y forma" a los responsables de investigar la muerte.
La coalición UDCE-IU ya se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de Vivas de iniciar el trámite de contratación de arrendamiento de la Manzana del Revellín para ubicar el mercado central. Y lo ha hecho anunciado su posible presencia en los Tribunales. Al menos así se desprende del último párrafo de la nota de prensa remitida por la coalición, en la que indican que la decisión del Consejo de Gobierno les "aboca inevitablemente a un instrumento no deseado por esta formación política, que es la judicialización de una buen parte de la vida política, como única fórmula para defender los intereses del conjunto de la sociedad ceutí". Una decisión de acudir a la justicia que ya fue expresada públicamente por el PSPC, si encuentran que las medidas del Gobierno contravienen lo dictado en las distintas sentencias.
La decisión del sindicato UGT de acudir al Juzgado de lo Social para demandar la constitución de una sola mesa en las elecciones sindicales del Ayuntamiento podría poner en peligro el proceso electoral. La demanda contra el laudo, en contra de los acuerdos sindicales de no acudir a la Justicia ordinaria tras este tipo de arbitraje, podría conllevar fuertes retrasos en las elecciones. La cercanía de la fecha de la votación, prevista para el 22 de noviembre, complica la situación. CCOO no ha recibido todavía la notificación del Juzgado de lo Social, por lo que contar con una resolución esta misma semana, como proclama abiertamente la UGT, sería muy complicado, ya que los servicios jurídicos de Comisiones no conocen siquiera el contenido de la demanda. Además, en el sindicato dirigido por Juan Luis Aróstegui ven con malos ojos que un órgano judicial que retrasa durante meses casos más graves e importantes, como despidos, se diese tal celeridad en un asunto que no es de vital importancia.
