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PLENO

Chandiramani busca "la solución menos mala" para mejorar las prestaciones de la limpieza pública

La consejera de Hacienda reconoce que el Gobierno sigue sin estar "satisfecho" con los resultados del trabajo de Trace, que ha empeorado durante las últimas semanas, tanto por los condicionantes habituales del periodo veraniego como por la crisis fronteriza de mayo. Tras probar múltiples alternativas "la única solución que nos queda es rescindir el contrato", que vence en febrero de 2023, mientras se preparan los Pliegos del nuevo.
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SERVICIOS

La rescisión del contrato de Trace, opción más viable para mantener la limpieza anticoronavirus

El Gobierno considera más factible resolver ya el contrato que expira en 2023 que encomendar los servicios extraordinarios a un medio propio como Tragsa u otra sociedad municipal o declararlos de emergencia sin un informe de la Consejería de Sanidad que lo avale.
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TRES ALTERNATIVAS

La limpieza anticoronavirus se mantendrá por emergencia, resolviendo el contrato de Trace o con medio propio

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, promete gestionar "con la máxima transparencia" y buscando el consenso con todos los agentes implicados la "problemática" surgida alrededor de la ampliación de servicios de baldeo y desinfección, que la Abogacía del Estado considera inviable encomendar a la actual concesionaria por suponer una modificación del contrato, cuyo incremento máximo legal se agotó en 2015.
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COVID-19

UGT exige la vacunación del personal de limpieza del Puerto

"Los trabajadores del sector limpieza, que están realizando una labor fundamental para garantizar que las instalaciones estén en perfecto estado de higiene y limpieza, están en permanente contacto con usuarios, lo que multiplica su riesgo al contagio".
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TRACE

La Ciudad pide a la Abogacía del Estado un informe sobre el nuevo Plan de Servicios de limpieza pública

La Consejería de Hacienda comunica a los grupos de la oposición que buscará otro dictamen que corrobore la interpretación de los Pliegos del contrato de Trace dada por el jurista que avala pagar 1,4 millones por más trabajos de desinfección o, en su caso, la de los técnicos que consideran que se trata de una ampliación ilegal del contrato.
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