Madrid- La jueza del juzgado 51 de Primera Instancia de Madrid ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona respecto al asunto de la aplicación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid en el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid y le da un plazo para alegaciones,  pero rechaza la petición de elevar una   cuestión de inconstitucionalidad de dicha norma. La jueza Almudena Maricalva, sobre la que ha recaído por reparto la demanda del Ayuntamiento de Barcelona, toma medidas diferentes a las   que de su colega del juzgado 60 que conoce la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Vacas, que mantiene suspendido   el proceso electoral en la entidad.
En el auto dictado ahora por la magistrada Almudena Maricalva, al que tuvo acceso Ep, especifica   que la parte demandada es la comisión de control de Caja Madrid – responsable del reparto realizado el pasado 2 de octubre de los 64 consejeros del Patronato Real–, pero no la entidad en sí,  como ha hecho Vacas, lo que ha generado también problemas internos entre la   dirección de la entidad y la comisión (dominada por los «aguirristas»),   al plantearse a quién corresponde la representación de las   alegaciones en el proceso judicial.
Por otra parte, la jueza se limita a abrir una pieza separada sobre la solicitud de suspensión cautelar del proceso para su estudio, sin proceder a esta medida de manera urgente. Tampoco admite plantear ante el Tribunal constitucional la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por el Ayuntamiento barcelonés en relación con varias disposiciones transitorias de la ley de cajas autonómica madrileña, que consideraba que vulneraba varios preceptos de la Constitución.
   Por otra parte, la jueza tampoco accede a la petición del ayuntamiento catalana de que se remita su demanda a la causa ya abierta por el Ayuntamiento de Madrid, en base a que son dos procesos con tal conexión que de   seguirse por separado, «podrían dictarse sentencias con funcionamientos y fundamentos contradictorios o incompatibles».

   La Federación Española de Asociaciones Provida reclamó hoy un   "debate serio" en torno a la reforma de la Ley del Aborto y acusó al   Gobierno de hacerlo "a puerta cerrada y de forma acelerada", cuando   "media España está de vacaciones"  
   Provida denunció, en una nota de prensa, que "las prisas" con las   que se está llevando a cabo el proceso responden a "las instrucciones   de una minoría radical e ideologizadas de mujeres que desprecian su   condición femenina y la maternidad".  
   Por ello, insta a que todos aquellos que posean dictámenes e   informes contra el aborto tengan el valor de defender "el primero de   los derechos humanos" y nunca cedan ante "presiones ideológicas de   falsa modernidad".  
   Por otra parte, considera que "la frialdad y prepotencia con que   se ignora todo argumento de la ciencia, la conciencia y el sentido,   sólo puede explicarse por la existencia de fuertes intereses   económicos, por el amiguismo con quienes necesitan una cobertura   legal que los libre de la cárcel por