En los últimos años, los ceutíes hemos conocido de la existencia de una nueva terminología como consecuencia de la llegada a la política local de formaciones compuestas en su totalidad por ceutíes musulmanes que han argumentado fundamentalmente sus reivindicaciones en un discurso fácil y directo dirigido hacia sus simpatizantes. La terminología en cuestión se refiere a la acción que, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos o servicios públicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida del mencionado colectivo aunque para ello, se deba discriminar al resto de ceutíes que no comparten creencias religiosas, que con total seguridad verán perjudicados seriamente sus intereses. Debo señalar, que existe mucha polémica en nuestra ciudad alrededor de unos postulados, que algunos consideran racista por sí misma ya que, siempre alguien resultará discriminado por la reparación de una presunta injusticia histórica.
La demagogia utilizada por algunos líderes políticos en nuestra ciudad ha propiciado un incremento espectacular en este tipo de manifestaciones sectarias, totalmente inconstitucionales al referirse a una supuesta necesidad de aplicar la mencionada discriminación positiva en cuestiones tan esenciales como el acceso a la función pública de un determinado colectivo o en relación a la elección del centro escolar desatendiendo las valoraciones incluidas en la Orden Ministerial correspondiente. En todo caso, reivindicaciones que atentan contra los principios que defiende la Constitución Española, aprobada por todos los españoles en 1978 al favorecer claramente a un determinado colectivo en perjuicio de otros.
Quizás, es momento de recordar a quienes propugnan, apoyan y defienden este tipo de actuaciones algunos de los artículos incluidos en nuestra Carta Magna como por ejemplo, el primer punto del artículo primero “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, el artículo catorce del Capítulo segundo “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y por supuesto, el artículo 27 en todos sus puntos relativo al derecho a la educación y en particular, el punto siete “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”.
En definitiva, una vez más, los ceutíes, comprobamos cuales son los verdaderos intereses que argumentan la acción política del líder de la UDCE, Mohamed Alí. Un personaje habituado a manipular la realidad, tergiversar los hechos y utilizar la demagogia más rancia con la única intención de obtener el respaldo electoral de este colectivo y con él, conseguir el acceso a la vida pública a través de su presencia en la Asamblea para, posteriormente obtener beneficios políticos particulares por encima siempre del interés general de unos electores acuciados por graves problemáticas. Por tanto, sería totalmente aconsejable abandonar inmediatamente estas posiciones sectarias, que perjudican gravemente la convivencia intercultural en una ciudad azotada, en los últimos meses, por un incremento espectacular en la violencia callejera que principalmente afecta a los vecinos a quienes estas formaciones pretenden representar con dignidad. Todos los ceutíes, sin excepción alguna, deseamos convivir en paz y armonía, trabajando todos unidos por el presente y el futuro de una ciudad necesitada del compromiso leal de todos los ceutíes.