La reapertura de la causa penal (presuntos delitos contra la ordenación del territorio en conexión con prevaricación, hasta cuatro años de cárcel, ojo) por la tramitación de la obra de la Gran Vía ha convulsionado administrativamente la Ciudad. Un arquitecto interino...
La Sección VI de la Audiencia Provincial revoca el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de febrero y le manda "continuar la instrucción hasta la completa clarificación" de si políticos o funcionarios pudieron cometer presuntos delitos con relevancia penal contra la ordenación del territorio en conexión con prevaricación, pendos con inhabilitación especial y hasta cuatro años de cárcel.
La Policía Nacional ha aportado su informe sobre los teléfonos, memorias digitales y tableta incautadas a Antonio López durante los registros realizados en los domicilios del principal investigado en el Caso Emvicesa cuando fue detenido (9 en total). Apenas introduce novedades significativas para la causa, más allá de una conversación entre el ex gerente de la empresa municipal y uno de los trabajadores también investigados, Isaac Medina, en la que el segundo le informa sobre un "duplicado" en la lista que López le dio y "cinco solicitudes de vivienda", supuestamente nuevas, que Antonio resuelve con una orden ejecutiva en otro SMS. "El duplicado fuera y los cinco me los apuntas para ver quiénes son y de dónde vienen".
- Ali asegura que, además de los puentes de Arroyo Paneque y Miramar, el Gobierno de Vivas piensa encomendar a la sociedad pública las obras de la Gran Vía y su entorno, Plaza Nicaragua y el 'Díaz Flor'
- El localista insiste en sus reparos legales y en que la empresa "no tiene recursos aquí para asumir esa carga de trabajo", en que "subcontrata con empresas de fuera" y en que no licitando redacción y ejecución de proyectos se gastará más dinero
- La asociación 'Afectados por Hacienda' insiste en que "la retahíla de abusos es tan patente que la sociedad y los poderes públicos no pueden quedar más tiempo impasibles"
- Insta a la Fiscalía a poner coto a las "injusticia" que solo sirven "para que unos pocos obtengan un plus de productividad inmerecido e injusto"
- El candidato de C's al Congreso, Piku Sunderdas, desvela que la Administración debe, supuestamente, unos 100.000 euros a la empresa desde 2014 por distintos servicios, lo que pone "en peligro" unos 80 empleos
- "Una vez más, nos encontramos ante situaciones emanadas de la falta de gestión y solvencia política del Ejecutivo de Juan Vivas", critica la formación naranja
- El director técnico del Centro Ecuestre JP asegura que la gestión de los últimos ocho meses ha costado "unos 100.000 euros" más a la Ciudad que el formato de convenio integral anterior
- Afirma que la Administración no ha cobrado a las 16 personas que tienen caballos particulares en régimen de pupilaje
- Concluye que "no se ha acreditado con las diligencias practicadas que la contratación no se produjera por la entidad competente, dentro del marco legal y del Convenio Colectivo del ICD"
- Rechaza las comparaciones con Jerez en la acusación sobreseída contra Kissy Chandiramani, Benjamín Álvarez y Víctor Íñiguez
- El sindicato asegura que la profesional ha sido contratada varias veces con carácter interino "en una plaza que no está catalogada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)"
- Además, destaca que "la seleccionada es la hija del jefe del Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Francisco Verdú"
