Alarte ha hecho este anuncio en un encuentro con periodistas en Madrid en el que ha informado de que esa decisión se adoptó ayer en la reunión de la ejecutiva regional socialista y que la querella se interpondrá en los próximos días.
El informe que los socialistas valencianos piden que se investigue llegó el pasado 31 de julio al TSJCV, que decidió archivarlo debido a que sólo iba a investigar si se había cometido un delito de cohecho impropio por parte del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
La querella irá dirigida contra Camps, así como contra el ex secretario regional del PP valenciano, Ricardo Costa; el vicepresidente de la Comunidad, Vicente Rambla; el vicesecretario de Organización del partido, David Serra; la tesorera de esta fuerza política en la región, Yolanda García, y otros altos cargos del Partido Popular.
Con esta querella, el PSPV-PSOE pretende que se investigue, además de una supuesta financiación irregular del PP, si ha existido malversación de fondos, cohecho, delito fiscal y delito de alteración contable. Alarte ha subrayado que los socialistas desean que se investigue "hasta las últimas consecuencias", ya que "nadie debe quedar impune y se ha de salvaguardar la figura del presidente de la Generalitat, no la de Camps, que -ha precisado- ya la ha perdido hace tiempo".
"Los socialistas valencianos hemos decidido cumplir nuestra responsabilidad como oposición", ha argumentado Alarte para justificar la querella, convencido de que el "caso Gürtel" ha abierto "una grave crisis institucional" en el gobierno de la Generalitat, que afecta directamente a Camps.
El dirigente socialista ha criticado el "modelo Gürtel-Camps", ha recalcado que Álvaro Pérez ("El Bigotes") era "el gran asesor" del presidente de la Generalitat y ha asegurado que en los últimos años no ha habido ningún gran evento en la Comunidad en el que no hayan participado las empresas de la trama "Gürtel". Bajo su punto de vista, Camps es "el responsable penal último y político de cuanto se pudiera haber cometido con carácter ilegal por parte de la Generalitat y del PP en la Comunidad valenciana".
