La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del país   Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Juan Luis Ibarra,   reconoció hoy que la jurisdicción contencioso-administrativa carece   de competencia para enjuiciar la resolución de la Audiencia Nacional   por la que declara ilegal la manifestación en favor de la   independencia convocada en Bilbao para el próximo 21 de agosto, Día   Grande de las fiestas de la capital vizcaína.  
   De esta forma, la marcha seguirá prohibida pese a lo que el TSJPV   determine el próximo jueves en sentencia sobre la resolución de   prohibición por parte del Departamento de Interior al declararla   ilegal el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.  
   Ibarra se refirió a esa falta de competencia para enjuiciar la   resolución de Garzón durante la vista que se celebró en la sede del   TSJPV a primeras horas de esta tarde con el fin de dirimir el recurso   contencioso-administrativo planteado por el convocante de la marcha   contra la resolución de prohibición de la movilización por parte del   Departamento de Interior.  
   Ante la petición del abogado del convocante, Kepa Manzisidor, de   que el TSJPV anulara el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 14   de agosto por el que declaró ilegal la manifestación -un día después   de la prohibición de Interior-, el presidente de la Sala de   Vacaciones explicó que este Tribunal carece de competencia para ello 
y que, en ningún caso, se iba a entrar a resolver sobre la suspensión   del acto por parte de la jurisdicción penal, sino que se pronunciará   sobre la "actuación administrativa" del Gobierno vasco.  
   La sentencia, en la que se determinará si la resolución del   Departamento de Interior es o no ajustada a Derecho, se hará pública   el próximo jueves, a las 12.30 horas.   
   Durante la vista de hoy, la Fiscal Superior de la Comunidad   Autónoma Vasca, María Angeles Montes pidió que se desestime el   recurso planteado por el particular Francisco Javier Gezuraga,   persona que comunicó a la Consejería dirigida por Rodolfo Ares la   convocatoria de la marcha, y se ratifique la decisión de Interior de   impedir la movilización.  
   A juicio del ministerio público, los verdaderos convocantes de la   marcha han sido los ex concejales de EH, Arantza Urkaregi, Marta   Pérez, y Dabi Alonso -que comparecieron en rueda de prensa para   adherirse a la marcha- y subrayó que la primera de ellas está   imputada por supuesta pertenencia a la organización terrorista ETA.  
   Para Montes, ha sido el entorno de la izquierda abertzale el que   "está detrás" de este acto con el que se pretende conseguir "el   enaltecimiento del terrorismo", y en el que pueden registrarse   incidentes, visto lo ocurrido en la manifestación de San Sebastián en   el primer fin de semana de fiestas, tal como alegaba en su auto del   magistrado de la Audiencia Nacional.  
   No obstante, consideró que en la resolución de Interior no ha   especificado adecuadamente las razones de su temor a que se produzcan   altercados en la marcha de Bilbao. Asimismo, cree que se debe   desestimar el recurso planteado porque Baltasar Garzón ha declarado   "ilegal" esta movilización.      
   En la misma línea que la Fiscalía se expresó el letrado del   Departamento de Interior, que solicitó que se confirme la resolución   de prohibición dictada por la Consejería dirigida por Ares, y   consideró que el hecho de que la manifestación ha sido convocada en   realidad por Urkaregi, Alonso y Pérez, que han pertenecido a   organizaciones ilegalizadas.    EL AUTO DE GARZON  
   Ante el hecho de que La Fiscal Superior pidiera que uniera a las   actuaciones testimonio del auto de Garzón por el que se declaraba la   ilicitud de la marcha del día 21, Kepa Manzisidor solicitó que éste   se anulara, pretensión que fue rechazada 'in voce' por el magistrado   Juan Luis Ibarra, al no poder enjuiciarse una decisión penal por vía   contencioso-administrativa.  
   El letrado aseguró que ni él ni Francisco Javier Gezuraga habían   recibido notificación de la resolución de Garzón, lo que ha vulnerado   el derecho de defensa "al no poder recurrirla", y estimó que también   conculca el derecho fundamental de reunión y manifestación. Asimismo,   consideró que la Audiencia Nacional "no es el juez natural" que debe   adoptar esta decisión, sino que debería haberlo hecho, en todo caso,   el TSJPV.   
   El abogado afirmó que la convocatoria "reúne todos y cada uno de   los requisitos legales" que se exigen y defendió la licitud de su   objetivo: "reivindicar la independencia", algo que, según afirmó,   respalda "un amplio sector" de la ciudadanía vasca. En esta línea,   aseveró que el convocante no es "Batasuna, EH, HB o Ekin", tal como   se afirma, sino Francisco Javier Gezuraga, que se halla "en pleno   derecho y dominio de sus derechos civiles".  
   En este sentido, rechazó que haya "suplantación" en la   convocatoria del acto y aseguró que Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y   Marta Pérez se limitaron a realizar un llamamiento a la ciudadanía a   secundarlo, a través de una rueda de prensa celebrada en Bilbao.  
   Además, señaló que, pese a que éstos hayan pertenecido a   organizaciones ilegalizadas, mantienen "sus derechos civiles y   políticos" y defendió la presunción de inocencia de Urkaregi, "que   todavía no ha sido juzgada". En esta línea, aseveró que estas   personas podrían haber convocado, en su caso, "una manifestación   legal".   
   Asimismo, recordó que el pasado año se celebró una marcha, "en   idénticas circunstancias", el Día Grande de las fiestas de Bilbao sin   que se produjeran incidentes y desórdenes públicos. En esta línea,   subrayó que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska   la permitió, tras ordenar que no se hiciera apología del terrorismo,   ni se aludiera a organizaciones ilegalizadas, "cosa que no ocurrió".  
   Manzisidor aseguró que, desde que se acabó la denominada 'guerra   de las banderas' en la que se producían altercados cuando en el   Ayuntamiento bilbaíno se izaba la bandera española, y se comenzó a   realizar las habituales manifestaciones ese día, no se han vuelto a   registrar desórdenes públicos.  
   En este sentido, dijo que, si no se permite una manifestación "que   se realiza según las razones tasadas legalmente" para reivindicar la   independencia, la Fiscalía y el departamento de Interior deben   explicar cómo puede un ciudadano realizar estas reclamaciones   "legítimas" por vías pacíficas.   
   En este sentido, consideró que Interior no ha justificado   suficientemente en qué se basa para considerar que existe "peligro de   desórdenes públicos".     
   Por su parte, el presidente de la Sala de Vacaciones del TSJPV,   Juan Luis Ibarra, recordó al convocante, Francisco Javier Gezuraga,   que en el escrito por el comunicaba la convocatoria a la Ertzaintza   no especificó si iban a adoptar medidas de seguridad ni solicitaba a   la autoridad que las tomara.  
   A preguntas del magistrado, Gezuraga afirmó que él ha participado   en más manifestaciones en las que "no ha habido conflictos" y en una   en contra del sumario 18/98, abierto contra organizaciones abertzales   por su vinculación con ETA, "un grupo de gente" con la que suele ir a   las convocatorias, colocó una especie de acordonamiento para evitar   "que hubiera conflictos".  
   En este sentido, señaló que, cuando, "como en esta ocasión", hay   "rozamientos" como el que ha existido en torno a esta convocatoria,   se adoptan medidas, e incidirá en que "se organice un equipo de orden   para que no se compliquen las cosas".