El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, afirmó hoy que sería de una "gravedad extraordinaria" que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut pueda modificar una norma ratificada en referéndum. Carod-Rovira resaltó que si el dictamen del TC es negativo, Cataluña deberá plantearse si quiere seguir en España.   

"Si hay una modificación de lo que dijo la soberanía popular, yo creo que sería un hecho de una gravedad extraordinaria porque nadie en democracia está capacitado ni tiene legitimidad para modificar una decisión que es el resultado de la soberanía popular", dijo el   vicepresidente catalán en declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans.  

De confirmarse una sentencia negativa del TC, prosiguió Carod-Rovira, "los catalanes tendrán que empezarse a preguntar en qué interesa España a Cataluña, qué gana Cataluña en estas condiciones, cuál es el valor añadido económico, cultural, lingüístico político que representa España para los catalanes y las catalanas". "Yo creo que esta reflexión individual cada vez se acerca más", subrayó.  

El vicepresidente de la Generalitat resaltó que para la sociedad catalana el Estatut es constitucional. "Si no cabe, es Cataluña la que no cabe en el marco constitucional. Y el problema fundamental lo tiene España, no Cataluña. Son las instituciones españolas las que tienen que decidir qué quieren hacer con Cataluña, qué futuro prevén para Cataluña. Si tal como somos y votamos democráticamente no cabemos, sólo nos dejan abierta una puerta", afirmó.  

A su juicio, cualquier respuesta desde Cataluña a una sentencia negativa del Estatut "sólo tendrá sentido si se decide de forma tan comunitaria, tan colectiva, tan unitaria como sea posible de las fuerzas democráticas del país".  

Carod-Rovira volvió a reclamar que Cataluña tenga una "mayoría determinante" en la gestión de los aeropuertos porque a su juicio es la única manera de garantizar que son competitivos. A su juicio, las reticencias del Gobierno español frente a este modelo descentralizado   "son las últimas expresiones en Europa de lo que podríamos decir el nacionalismo centralista aeroportuario" o de "una unidad de destino aeroportuario".   

Envidia de Bélgica
El vicepresidente de la Generalitat se encuentra en Bruselas para evaluar los resultados del acuerdo de colaboración firmado entre el Gobierno catalán y el de la región belga de Flandes. Este acuerdo ha permitido que las relaciones entre Cataluña y Flandes sean "mucho más   intensas", según destacó Carod-Rovira, que aseguró tener envidia de Bélgica por su "reconocimiento explícito de la diversidad cultural y lingüística interior".  

"Yo siento envidia, más que de Flandes, de Bélgica", dijo el vicepresidente de la Generalitat. "Cataluña tiene muchos puntos en común con Flandes pero España yo creo que no tiene ningún punto en común con Bélgica. Lo que me gustaría es que en muchos aspectos   España fuera como Bélgica", insistió. A su juicio, el término federalismo se usa en España con una "frivolidad extraordinaria" porque el sistema autonómico español "no tiene nada que ver con un Estado federal".  

En este sentido, puso como ejemplo que las regiones belgas pueden representar y defender sus competencias exclusivas en el exterior, por ejemplo en los Consejos de ministros de la UE, mientras que en España la representación exterior la asume siempre el Gobierno   español aunque se trate de competencias exclusivas de las comunidades autónomas. 

El Tribunal Constitu- cional ha admitido a trámite el recurso del PP contra la Ley de Educación de Cataluña aprobada el pasado mes de julio. En ella, prácticamente se destierra el castellano de las aulas y, con ello, se vulnera el deber de los catalanes de conocerlo y el derecho de los padres a elegir. Es una buena noticia siempre y cuando el TC haga sus deberes con diligencia. Sería deseable que saliese de su ensimismamiento y demostrase la agilidad que no ha tenido con la sentencia del Estatut, que, tres años después, ni está ni se la espera. Si no, la sociedad catalana se puede encontrar con que empiece el despliegue de la controvertida ley –la Generalitat prevé que será el próximo curso– y la institución que preside María Emilia Casas aún esté debatiendo si respeta o no el espíritu y la letra de la Constitución. Como buena jurista, debería saber que una justicia que llega tarde no es justicia.
 

Madrid- La jueza del juzgado 51 de Primera Instancia de Madrid ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona respecto al asunto de la aplicación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid en el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid y le da un plazo para alegaciones,  pero rechaza la petición de elevar una   cuestión de inconstitucionalidad de dicha norma. La jueza Almudena Maricalva, sobre la que ha recaído por reparto la demanda del Ayuntamiento de Barcelona, toma medidas diferentes a las   que de su colega del juzgado 60 que conoce la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Vacas, que mantiene suspendido   el proceso electoral en la entidad.
En el auto dictado ahora por la magistrada Almudena Maricalva, al que tuvo acceso Ep, especifica   que la parte demandada es la comisión de control de Caja Madrid – responsable del reparto realizado el pasado 2 de octubre de los 64 consejeros del Patronato Real–, pero no la entidad en sí,  como ha hecho Vacas, lo que ha generado también problemas internos entre la   dirección de la entidad y la comisión (dominada por los «aguirristas»),   al plantearse a quién corresponde la representación de las   alegaciones en el proceso judicial.
Por otra parte, la jueza se limita a abrir una pieza separada sobre la solicitud de suspensión cautelar del proceso para su estudio, sin proceder a esta medida de manera urgente. Tampoco admite plantear ante el Tribunal constitucional la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por el Ayuntamiento barcelonés en relación con varias disposiciones transitorias de la ley de cajas autonómica madrileña, que consideraba que vulneraba varios preceptos de la Constitución.
   Por otra parte, la jueza tampoco accede a la petición del ayuntamiento catalana de que se remita su demanda a la causa ya abierta por el Ayuntamiento de Madrid, en base a que son dos procesos con tal conexión que de   seguirse por separado, «podrían dictarse sentencias con funcionamientos y fundamentos contradictorios o incompatibles».

BARCELONA- La  última idea de Josep Lluís Carod-Rovira no sólo no gusta, sino que enoja, pero él piensa defenderla hasta las últimas consecuencias. El Gobierno de España encajó ayer con estupor su propuesta de celebrar una manifestación el próximo 11 de septiembre, Diada de Cataluña, con el objetivo de que «en Madrid según quién se piense dos veces según qué cosas», es decir, para que los magistrados del Tribunal Constitucional no disminuyan el Estatut sin temor a las consecuencias políticas y sociales que provocará en Cataluña. La maniobra sugerida por Carod fue tachada de «intolerable» por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
«Es una forma de presión hacia un tribunal que es la cúpula de nuestro sistema constitucional», alertó Chaves en una entrevista en RNE. El vicepresidente del Gobierno consideró fuera de lugar esta manifestación y expresó su confianza en que el Alto Tribunal declare «la constitucionalidad del Estatut» porque, al fin y al cabo, la doctrina que establezca el TC va a ser «trascendental», ya que, como dijo el ministro Caamaño, determinará la interpretación de todos los Estatutos.
Carod, por su parte, sostuvo su idea y, de hecho, piensa trasladarla al presidente de la Generalitat, José Montilla, y a los demás consellers en la primera reunión del gobierno catalán, prevista para el próximo martes. Insiste en que «siempre es mejor la prevención» y, por eso, alienta una protesta antes de que «el daño ya esté hecho».
Es del todo improbable que la «manifestación preventiva» cuaje en el seno del gobierno catalán, puesto que ni Montilla ni ICV contemplan la posibilidad de agitar las calles sin antes ver la sentencia del Estatut. Incluso un conseller de ERC, el de Gobernación, Jordi Ausàs, se desmarcó de este planteamiento. «No nos debemos poner la venda antes que la herida», dijo en la misma línea de lo que vino diciendo el presidente de la Generalitat antes de iniciar sus vacaciones. Según Ausàs, «no nos podemos posicionar en contra de una sentencia que aún no ha visto la luz».
El único apoyo que cosechó Carod fue el de su jefe de filas en ERC, Joan Puigcercós, quien no descartó apoyar esta marcha. «Yo no diré que no», afirmó. Puigcercós, que ve con buenos ojos presionar al Constitucional porque otros también lo han hecho, añadió que «lo que no se puede hacer es esperar a ver qué pasa».
El presidente de Esquerra dio por buenas las maniobras de intimidación a los magistrados del TC porque, en su opinión, otros partidos como PP y PSOE «han jugado esta carta de presionar a los miembros del TC». Puigcercós acusó en este sentido a Chaves de hacer «un juego hipócrita».
Descarta la fecha de la Diada
Lo único que descartó el líder de ERC fue llevar a cabo la protesta en la Diada de Cataluña. Dicho esto, subrayó que su partido estará «donde deba estar, reivindicando y defendiendo la decisión que tomó el pueblo de Cataluña en referéndum.»  Aún así, Puigcercós emplazó a tomar la decisión en el seno de los partidos y en el Parlament de forma consensuada, trabajar en las posibles respuestas y concienciar a Gobierno, partidos, sociedad española y miembros del TC de la «importancia de la sentencia, sea en forma de manifestación o de acciones jurídico-políticas que pueda tomar el Parlament».

Un presidente con «opiniones personales»
Alentar una manifestación en defensa de la integridad del Estatut antes de la sentencia del TC no es una postura del presidente de la Generalitat en funciones, sino una «opinión personal» de Josep Lluís Carod-Rovira. El dirigente republicano recurrió ayer al viejo truco de despojarse del cargo para evitar un enfrentamiento con José Montilla, de vacaciones hasta el lunes. Carod quiso matizar de esta manera sus declaraciones para no dar pie a malos entendidos y también para evitar que la oposición ponga el acento sobre la división del tripartito a la hora de defender el texto catalán. El PSC guarda silencio.