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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la petición de la Junta de Castilla y León (PP) de suspender cautelarmente el copago de medicamentos dispensados a través de las farmacias hospitalarias puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, al entender que no es "el cauce procesal idóneo para decidir la cuestión objeto de pleito".
Más de un centenar de profesionales y usuarios de la Sanidad púbica madrileña se han concentrado a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) esta mañana para reclamar a los magistrados que mantengan la paralización del proceso y no se privatice .
50 magistrados del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolverán este jueves y viernes los siete recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid presentados en este tribunal. La marea blanca a excecpión de Afem ha convocado concentraciones silenciosas frente a la sede del tribunal, a las 9,30, 11, 17 y 19 horas de este jueves y frente a todos los hospitales y centros de salud de la comunidad, a las 12 horas, el viernes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido hoy, por mayoría, devolver el caso de la privatización de seis hospitales de la comunidad a su punto de partida, según fuentes judiciales. Con ello, se mantiene la paralización del proceso de "externalización", ya que no serán 50 magistrados los que decidan sobre los recursos interpuestos tanto por el Gobierno regional como por sindicatos y asociaciones de médicos, sino que cada Sección decidirá sobre cada uno de los recurso.
El magistrado Francisco Monterde, que instruye el denominado 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo, decidirá sobre la petición de declarar de forma voluntaria del senador Luis Bárcenas y del diputado Jesús Merino, ambos del PP, cuando analice "la suficiencia del material" contenido en los testimonios de actuaciones que tiene que recibir del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En un comunicado de prensa hecho público hoy, Monterde señala que "ha procedido a incoar, con esta fecha, diligencias previas (fase de investigación del procedimiento abreviado)" contra los dos aforados por los presuntos delitos fiscal y de cohecho. No obstante, recalca que "procederá a decidir sobre las peticiones del Ministerio Fiscal", que reclamó el viernes elevar los suplicatorios de ambos a las Cortes, "y las efectuadas por ambos aforados para declarar en concepto de imputados provisionales", una vez que cuente con los testimonios de actuaciones que ha reclamado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que está "pendiente de recibir". Del mismo modo, recuerda que, tras ser designado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para hacerse cargo de esta causa especial, que ha sido designada bajo la numeración 20343/2009, ha aceptado la personación, además del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de los dos aforados implicados.
"EXPECTACION Y ESPECULACIONES"
El magistrado pone estos hechos "en conocimiento de la opinión pública" debido a "la expectación suscitada y las especulaciones" que se han realizado en torno a esta cuestión. Asimismo, asegura actuar "de conformidad" con las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, la doctrina del Tribunal Constitucional y el protocolo de comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Monterde emitió este comunicado después de que el pasado viernes la Fiscalía del Tribunal Supremo le presentara un escrito en el que le instaba a elevar los suplicatorios relativos a ambos aforados en el Senado y en el Congreso. En este escrito, la Fiscalía pedía igualmente que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversas diligencias practicadas durante la investigación, y que se refieren directamente Bárcenas y Merino.
También solicitaba a Monterde que decrete el secreto de las actuaciones que se siguen por esta causa en el Tribunal Supremo. Pese a insistir en la necesidad de tramitar los suplicatorios, la Fiscalía no se oponía a la petición de Luis Bárcenas y Jesús Merino de prestar declaración voluntaria ante el Instructor conforme a lo previsto en el art. 118 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal.
EN MANOS DEL INSTRUCTOR
El pasado 25 de junio el Tribunal Supremo admitió la investigación de los aforados en la presunta trama corrupta ligada al empresario Francisco Correa y dejó el resto de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Desde ese día, el instructor de la causa en el Supremo no ha dictado ninguna resolución relacionada con este asunto.
Respecto de Bárcenas, el Supremo afirmaba en su auto del pasado 25 de junio que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida "son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico" del aforado, al que, destaca, "se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis 'el cabrón' empleada en la causa.
Respecto de Merino, "los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente", según el alto tribunal: la documentación intervenida en el registro domiciliario de la trama y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como 'grupo Correa, "en referencia a quien parece ser el principal responsable de un entramado de sociedades y empresas que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones de las administraciones públicas y organizaciones, así como entrega de dinero a funcionarios y operación de blanqueo de dinero y otros ilícitos que se investigan en el TSJM".
PERTENENCIA Y BLANQUEO
Sobre otros delitos apuntados por la exposición motivada que fue remitida al Supremo por el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, como son la pertenencia o participación en las conductas del entramado de empresas y su participación en el desvío de fondos típico del blanqueo de dinero, el Supremo considera que aún no hay datos concretos que permitan esta imputación. No obstante, advierte que si tanto Pedreira como Monterde encontrasen nuevos indicios en este sentido "lo deberán participar a esta Sala para acordar lo procedente". Respecto del eurodiputado Gerardo Galeote, el Supremo rechazó su competencia porque perderá su condición de aforado tan pronto como se constituya el nuevo Parlamento Europeo.
